El portavoz de Transparencia del Grupo Socialista en el Parlamento de Galicia, Pablo Arangüena, acusó este jueves a la Xunta de hacer "la vista gorda ante las infracciones administrativas" de las empresas contaminantes.

Según el diputado, el Ejecutivo del Partido Popular estaría sancionando o no a esas empresas en función de la "afinidad" que tiene con cada una de ellas.

Arangüena realizó esas declaraciones en la reunión que la Comisión Institucional del Parlamento de Galicia, donde el PP rechazó una propuesta socialista que reclamaba a la Xunta que sancione de forma estricta todas las infracciones medioambientales, y que garantice la correcta  de todas las denuncias que se reciban sobre las mismas.

Público se hizo eco el pasado 18 de octubre de una advertencia del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil sobre las decenas de denuncias que había enviado a la Xunta tras constatar vertidos industriales tóxicos al río Umia, sin que le constara que hubiesen derivado en la apertura de los correspondientes expedientes de infracción.

Expedientes por vertidos al Umia

El departamento de Medio Ambiente del Gobierno de Alfonso Rueda, que dirige su vicepresidenta primera y conselleira Ethel Vázquez, contestó entonces de que de las decenas de denuncias tramitadas por el Seprona solo había abierto cuatro procedimientos sancionadores, y solo dos de ellos por vertidos industriales: uno al Ayuntamiento de Caldas de Reis, gobernado por el PSOE, por una avería en la depuradora local, y otro a una empresa que Medio Ambiente no quiso identificar.

El diputado socialisa acusa ahora al Gobierno gallego de sancionar "en función de su afinidad" con los infractores, y puso como ejemplo el escaso volumen de multas a raíz de las denuncias por contaminación de otros ríos y rías, así como la inacción de la Comisión Gallega de la Competencia en otras materias y la falta de sanciones a las plantaciones irregulares de eucaliptos.

Además, Arangüena acusó a la Xunta de "descafeinar" la aplicación en Galicia de la normativa estatal que protege a los denunciantes, aprobada en febrero de este año, al crear la autoridad gallega de protección de la persona informante mediante una enmienda
a la ley de acompañamiento de los Presupuestos gallegos.

La Xunta adscribió esta figura a la Oficina de la Valedora do Pobo -la versión autonómica del Defensor del Pueblo-, que carece de medios para cumplir con las funciones de este organismo, un canal de denuncias que bien gestionada "puede dar lugar a un volumen ingente de trabajo", según el diputado.

Publicidad de las sanciones

Arangüena también presentó una pregunta oral en Comisión en la que
criticó que la Xunta no haga públicos los datos de sanciones administrativas y reclamó que se impongan multas "de forma estricta y no discrecional".

En ese sentido, el responsable socialista criticó que el PP prefiera "premiar" conductas "irresponsables" como la del ex presidente de la Diputación de Ourense y del PP provincial Manuel Baltar, que acaba de ser citado a declarar por la magistrada Ana Ferrer, de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo tras haber sido detectado conduciendo su coche oficial a 215 km/h. El fiscal acusa a Baltar de un delito contra la seguridad vial.