"El que pueda hacer que haga". Es una frase que pronunció el expresidente del Gobierno, José María Aznar, el pasado mes de noviembre. Lo hizo para alertar del "peligro para la democracia" que supone, según el exlíder del PP, Pedro Sánchez. En las filas socialistas suelen recordar ese llamamiento con frecuencia. Este miércoles ha sido también invocada por algunas voces del partido con motivo de las informaciones que rodean a la esposa del presidente, Begoña Gómez. 

La jornada comenzó con una intensa sesión de control en el Congreso, en ella, el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, atacó a Sánchez con "la corrupción de La Moncloa" y algunas referencias a Gómez. "La ultraderecha diseña la política de oposición del PP", contestó el líder del Ejecutivo.

En los pasillos del Congreso, fueron ministros como la vicepresidenta María Jesús Montero, Félix Bolaños u Óscar Puente quienes se encargaron de contratacar de forma directa y defender que "no hay caso" en lo que afecta a la esposa de Sánchez. "Ya está bien de esta máquina del fango", apuntó la vicepresidenta primera. 

En las filas socialistas, el cabreo con la actuación del juez Juan Carlos Peinado es notable. El PSOE no habla todavía de forma abierta del concepto lawfare pero sí apunta ya a la connivencia entre el instructor de la causa contra Gómez y PP y Vox. Montero, en declaraciones a los medios en la Cámara Baja, destacó que no hay novedades en el caso. 
"No hay nada de nada", ha destacado. 

La dirigente socialista ha explicado que cuando se declara secreto de sumario no es posible hacer ningún tipo de declaraciones. "Lo debería de saber el PP, el señor Feijóo y los señores de Vox. Si un juez declara secretas las investigaciones nadie puede hacer comentarios. Por tanto, quien aquí se equivoca son justamente quienes hace muchos días llevan hablando porque algo sabrían de las cuestiones que estaban incorporadas", ha añadido. 

Este martes se conoció que el juez Peinado entregó documentos confidenciales a Vox como acusación particular. Fuentes socialistas recuerdan que Feijóo, durante la comparecencia de la semana pasada en el Congreso, entrever que algo sabía preguntando por la situación procesal de Gómez. Para la dirección del PSOE, es algo que "no es de extrañar" si parte de la causa se había filtrado a Vox por parte del juez estando bajo secreto. 

Pero para Ferraz, lo más "escandaloso" de la situación es que el juez y la audiencia "no quieren hacer caso a la Guardia Civil". Es decir, "ignoran sistemáticamente el informe de la UCO". Para los socialistas, los recortes de prensa de Manos Limpias "con bulos" pesan más que la conclusión a la que llega la UCO. 

Y es que este martes también se ha conocido que un informe de la UCO remitido al juez Peinado descarta que la vinculación de Gómez con el exconsejero delegado de Globalia, Javier Hidalgo, haya favorecido el rescate estatal de la aerolínea de dicha compañía. Los investigadores también rechazan la idea de que su intervención haya inclinado adjudicaciones a empresas de Juan Carlos Barrabés.

Pese a ello, el juez sigue insistiendo en esa línea. Igual sucede con la Audiencia de Madrid, que ha decidido avalar la investigación sin tener en cuenta tampoco el informe de la UCO. Un hecho que también cuestionan en el PSOE según las fuentes consultadas por este medio. 

El PSOE y los jueces

Los ataques de la ultraderecha a Begoña Gómez provocaron que Sánchez se tomara cinco días de reflexión para decidir si merecía la pena seguir en su cargo. Tras decidir no dimitir, el presidente señaló que abría "un punto y aparte" y que emprendería medidas de regeneración democrática. La mirada se puso entonces en el funcionamiento del poder judicial y la lucha contra la desinformación.

"Hasta en días como hoy sigo confiando en la justicia", dijo Sánchez cuando estalló el caso a nivel judicial de su esposa. Esa misma tarde hizo pública la carta a la ciudadanía previa a su reflexión. Los socialistas no ocultan ahora su malestar y ponen el foco en las maniobras del juez Peinado. 

Sánchez no ha aterrizado todavía medidas concretas y la previsión es no hacerlo hasta después de las elecciones europeas del 9 de junio. Sobre la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) bloqueada por el PP desde hace más de cinco años, no hay novedades. Los socialistas han advertido que si los populares no llegan a un acuerdo, la decisión tendrá que recaer en los grupos parlamentarios para buscar una solución. Pero la fórmula no está clara. 

En el PSOE siempre han mostrado respeto a las decisiones judiciales y han rechazado el uso del concepto lawfare públicamente y criticar posibles actuaciones de prevaricación. Algo que sí han hecho otros partidos de la izquierda o independentistas. Pero durante los últimos tiempos sí que se han ido deslizando mensajes sobre las injerencias judiciales que han sufrido desde el inicio de la legislatura. 

La vicepresidenta tercera y ahora candidata socialista a las elecciones europeas, Teresa Ribera, cuestionó el pasado mes de enero las actuaciones del juez Manuel García Castellón, especialmente contra líderes independentistas como Carles Puigdemont. "Nos tiene acostumbrados a que siempre se incline en esta misma dirección, que, evidentemente, tiene una implicación política importante", destacó. Inmediatamente Moncloa emitió un comunicado de respeto al poder judicial que sonó como una clara rectificación a la vicepresidenta tercera.

Pero en privado, fuentes socialistas no ocultan su hartazgo por algunas decisiones judiciales. También en enero, en el marco de la negociación de la ley de amnistía, se apuntaba en Ferraz a que los poderes, políticos, mediáticos y también judiciales, quieren acabar con la legislatura. "Los tiempos de la judicatura están empíricamente alineados con los tiempos del legislativo. Cada vez que el legislativo mueve ficha, un juez mueve ficha. Y eso que la ley no está aprobada", señalaron entonces en el PSOE. "Tiene un objetivo claro", añadían en Ferraz.