MADRID.- Tras tres años de esfuerzo, los activistas de la Brigada Tuitera han conseguido que todos los partidos políticos, menos el PP, se comprometan a suprimir las tasas judiciales para pequeñas y medianas empresas así como para organizaciones no gubernamentales.

Las tasas judiciales es un impuesto que grava el acceso a la justicia y que se generalizaron por el Gobierno del PP en el año 2012. La Brigada Tuitera es un movimiento de enjambre surgido entre abogados, procuradores, profesores y juristas que se levantó en las redes sociales contra este impuesto que frena el acceso a la Justicia a las personas con menos recursos.

Ya con el relevo de Alberto Ruiz-Gallardón al frente de Justicia lograron que las tasas se suprimieran para personas físicas. Pero quedaba un último impuesto: las tasas siguen vigentes para todas las personas jurídicas, como las pequeñas y medianas y empresas y las ONGs que quieran acceder a la Justicia.

Antes de 2012, sólo existían estas tasas para las grandes corporaciones y entidades financieras, que con sus despachos y asesores son grandes consumidores de la Justicia.

En estas elecciones, Brigada Tuitera ha logrado que PSOE, Podemos, Ciudadanos, Unidad Popular-Izquierda Unida y UPyD se sumen a su iniciativa para frenar las tasas judiciales para PYMES y ONGs.

Todos los candidatos de estos partidos políticos han apoyado públicamente una petición lanzada a través de la plataforma de web change.org, donde la Brigada Tuitera ha logrado ya más de 237.000 apoyos.

En las últimas dos semanas, coincidiendo con la campaña electoral, Pedro Sánchez, Albert Rivera, Pablo Iglesias, Alberto Garzón y Andrés Herzog se han comprometido públicamente en esta plataforma.

Así, Sánchez refleja en la plataforma que el compromiso de su partido es eliminarlas para que la ciudadanía, los trabajadores autónomos y las pymes puedan defenderse "en igualdad de condiciones en todas las contiendas judiciales, sobre todo en aquellas que mantengan con las grandes corporaciones, que cuentan con las mejores maquinarias de asesoramiento legal a su disposición".

Por su parte, Pablo Iglesias resalta que la Ley de Tasas ha privado el acceso a la Justicia a quien no ha podido hacer frente a ellas y precisa que su partido "no contempla otra justicia que no sea gratuita" por lo que derogará la norma.

Mientras, Rivera propone la exención de las tasas judiciales, con la excepción de que éstas podrán mantenerse solo para grandes empresas que hagan uso frecuente del acceso a la jurisdicción, y nunca en una cuantía que pueda suponer un obstáculo.

Garzón explica que UP-IU se ha comprometido en su programa electoral a derogar la Ley 10/2012 para garantizar el acceso a la Justicia en igualdad de condiciones. "Como derecho fundamental no puede estar condicionado a los recursos de los que cada cual disponga", agrega.

"Nos parece que esto es esencial para garantizar el derecho a la tutela judicial efectiva. Los argumentos que normalmente se dan, como la necesidad de reducir la litigiosidad, nos parecen falaces", indica, por su parte, Herzog.

El ministro de Justicia también ha respondido a la petición y ha explicado que el Gobierno ya atendió hace unos meses la petición efectuada y, desde el pasado febrero, ningún ciudadano español tiene que pagar ninguna tasa judicial para el acceso a la Justicia.

Aunque el ministro sólo se refiere a las personas particulares, no así las pymes, que pagan la misma cantidad que las grandes entidades financieras si quieren recurrir.

El impulsor de la recogida de firmas es Fabián Valero, abogado laboralista de Vigo (@FabianValeroABG).

La iniciativa, que arrancó hace tres años y continuó después de que el Ministerio de Justicia dirigido por Rafael Catalá derogara este gravamen de forma parcial, reclama la completa desaparición de las tasas, cuyo pago sigue siendo obligatorio para las personas jurídicas, incluyendo las pymes y ONGs.

El Gobierno recaudó por estas tasas más de 500 millones de euros, que no han sido destinados a la Justicia.