El Grupo Parlamentario Socialista en la Cortes de Castilla y León ha registrado este miércoles un total de 1.146 enmiendas parciales al proyecto de presupuestos en esa comunidad autónoma y al proyecto de Ley de Medidas Tributarias, Financieras y Administrativas para 2024 por un importe superior de 1.500 millones de euros.

Entre ese millar largo de enmiendas parciales, el PSOE ha incluido la eliminación de la partida destinada a Radio Televisión Castilla y León, una corporación formada por dos empresas privadas que reciben cada año una subvención millonaria.

"No podemos consentir que se destinen más de 21 millones de euros a la televisión de Castilla y León para que se haya convertido en telemañueco, para que siguiendo la estela de la señora Ayuso, para que siguiendo la estela del señor Miguel Ángel Rodríguez, se consienta que Mañueco llame para destituir a directores de informativos y se convierta en un instrumento de propaganda del fascismo. No puede ser", ha afirmado este miércoles Luis Tudanca, líder del PSOE de Castilla y León.

"Pedimos un nuevo modelo de televisión objetiva y profesional, que garantice unas condiciones de trabajo dignas para sus empleados y empleadas y para ellos una garantía de independencia, de neutralidad informativa y de su magnífica profesionalidad. Mientras esté al servicio de Mañueco y se permita que esté controlada por aquellos condenados por la Gürtel por financiar ilegalmente al PP, a esa televisión no puede ir ni un euro de dinero público. Ya está bien. Queremos que el señor Mañueco quite las zarpas de una televisión que debe ser de todos", ha asegurado con vehemencia Tudanca durante su intervención en las Cortes.

Castilla y León Televisión no es una televisión autonómica al uso: está encomendada a un proyecto privado con muchas polémicas a su alrededor. Este proyecto privado es una sociedad anónima participada al 50% por dos grupos de comunicación: Promecal, liderado por Méndez Pozo, empresario condenado a siete años de cárcel por falsedad documental, y Edigrup, propiedad del empresario José Luis Ulibarri, imputado en los casos Gürtel y Enredadera.

Cada año, la Junta de Castilla y León concede una subvención a esta televisión privada mediante la fórmula de "subvención directa", lo que evita que pase por el control presupuestario o por la intervención de la Administración, circunstancias que el PSOE viene denunciando de forma recurrente desde el año pasado.

Denuncias por manipulación

En septiembre de 2022, por primera vez en la historia de la televisión autonómica de Castilla y León, los trabajadores denunciaron la manipulación informativo del canal. La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) emitió un comunicado en el que  aseguraba: que "desde la salida de Raúl Briongos -director de informativos de la televisión-, la orientación y manipulación que se le está dando a la información política en los informativos dista mucho de la que debería tener cualquier medio de comunicación que quiera mostrarse veraz, objetivo y creíble".

Además, CSIF también denunciaba "cierta indiferencia desde la dirección hacia la calidad del producto final, y estamos pagando día tras día los bandazos y la improvisación en la toma de decisiones".

Enmiendas a los Presupuestos de PP y Vox

Como era previsible, las enmiendas a la totalidad de los Presupuestos de Castilla y León no salieron adelante en el Pleno del 19 de marzo al sufrir el voto en contra de PP y Vox. PSOE, UPL-Soria Ya, Unidas Podemos y el procurador Francisco Igea, votaron a favor y Pedro Pascual, representante de Por Ávila, se abstuvo.

Este martes tocaban las enmiendas parciales. Los grupos parlamentarios registraron este martes 2.554. Además de las 1.146 de los socialistas,  los procuradores del Grupo Mixto Pablo Fernández, Francisco Igea y Pedro Pascual han presentado 658 enmiendas parciales en las que mueven 492 millones. UPL y Soria Ya han presentado 442 y 246 enmiendas, respectivamente, con un montante de 140 y 71 millones respectivamente.