Desde que en enero de 2015 Público relacionó el nombre del comisario José Manuel Villarejo Pérez con la 'causa del pequeño Nicolás', las presiones sufridas por este medio han sido constantes, y algunas han terminado en amenazas, ataques a sus periodistas de investigación e incluso en un intento de detención.

En este tiempo Público se ha visto involucrado en una veintena de procesos judiciales derivados de las denuncias del comisario ahora en prisión; del exnúmero dos de la Policía mientras estaba en activo, el comisario Eugenio Pino (imputado en la Audiencia Nacional por intentar contaminar la 'causa Pujol'); o de los amigos de Villarejo y de sus socios, como Antonio Giménez Raso, policía en segunda actividad y más conocido como El Bigotes en el mundo de la investigación privada.

Sin embargo, una vez tras otra, las informaciones elaboradas por Público se han demostrado ciertas, además de veraces, según ha quedado específicamente escrito en la sentencia que perdió el comisario Villarejo por todas las informaciones desveladas por este medio a lo largo de 2015. Sin ir más lejos, la pasada semana se dictó la última sentencia que acredita el trabajo de este periódico: Público y sus periodistas resultaron absueltos de la querella interpuesta hace cinco años por El Bigotes, socio del comisario e imputado en la 'causa Tándem'. 

Inda, Pino, García Castaño, un ex directivo del Santander, el ex alcalde de Estepona... todos han perdido

Esta sentencia coincide en el tiempo con la decisión del juez de la Audiencia Nacional que instruye la 'macrocausa Tándem', Manuel García Castellón, de imputar a El Bigotes junto a dos directivos del Grupo Planeta en la pieza separada que investiga el encargo de la empresa al comisario Villarejo estando en activo, para ganar el laudo abierto por la adquisición de Kiss FM.

Lo mismo le ha ocurrido al ex número 2 de la policía, Eugenio Pino, cuando se querelló contra Público por informar de que, a mediados de enero de 2016, la Dirección Ajunta Operativa le había suministrado a Eduardo Inda el falso informe PISA contra Pablo Iglesias y otros dirigentes de Podemos. En este caso, resultó hasta cómica la actitud del mando policial, que ahora está imputado en la 'pieza Kitchen', en la que se investiga cómo se manipularon presuntamente informes de la UDEF para salvar al Partido Popular. 

La juez archivó el procedimiento alegando que la información superaba "el test de veracidad", pero Pino -siendo número dos de la Policía en activo- recurrió el archivo. La defensa de Público pidió que se solicitara la ubicación de los teléfonos móviles del propio Pino, de su jefe de gabinete (José Ángel Fuentes Gago) y del tertuliano de La Sexta y El Programa de Ana Rosa Eduardo Inda. Entonces el Director Adjunto Operativo (DAO), mano derecha del entonces ministro de Interior Jorge Fernández Díaz, mandó un escrito al juzgado diciendo que se retiraba de las actuaciones. Ahora, esa relación entre la 'brigada política' de la Policía y Eduardo Inda en relación al informe PISA se investiga en la 'pieza Dina' en la Audiencia Nacional.  

También ha habido querellas grupales. Por ejemplo, el comisario Enrique García Castaño -ex jefe de la unidad Central de Apoyo Operativo de la Comisaría General de Información, imputado también en la 'causa Tándem'-, Eugenio Pino y Eduardo Inda iniciaron diversos procedimientos que acabaron unificados después de que Público grabara al primero contando cómo tras irse con Villarejo a Londres a ver a Corinna Zu Sayn-Wittgenstein, elcomisario en prisión le había dado todo el material a Manuel Cerdán, jefe de investigación de la web de Eduardo Inda, y que lo sacarían según 'les apretaran las tuercas' judicialmente. 

Es más, en ese momento, enero de 2017, ya había mantenido Eugenio Pino una reunión con un coronel del CNI para avisarle de que si le volvían a llamar a declarar, cambiaría el testimonio que había dado, por ejemplo, en la 'causa del pequeño Nicolás'. Pero no fue hasta 2018, cuando Villarejo llevaba ya casi un año en prisión, cuando la prensa amiga de la 'brigada política' sacó a la luz las grabaciones. Sin embargo, antes de que se publicaran, la Justicia ya había archivado el procedimiento antes mencionado, motivado por una investigación de este medio en el que se denunciaban sus extorsionadores planes. 

Los casos que más actuaciones judiciales contra Público han concitado son el del 'pequeño Nicolás' y la denuncia del apuñalamiento de la doctora Elisa Pinto, después de que el ex consejero delegado de OHL, Javier López Madrid, contratara al comisario Villarejo y obtuviera la ayuda de Enrique García Castaño, Eugenio Pino, entre otros. Pero también en este caso la Justicia dio la razón a Público, y Villarejo tuvo que asumir el pago de las costas. 

De igual manera tuvo que asumir el pago de las costas por un procedimiento contra Público Javier Martínez de la Hidalga, el ex directivo del Banco Santander que comparte la propiedad, junto a Adrián de la Joya, de la finca La Alamedilla, relacionada con un posible delito de blanqueo de capitales en la 'causa del pequeño Nicolás'.

Por otro lado, la Audiencia Provincial de Madrid también archivó la querella interpuesta contra la periodista de Público Patricia López por el ex alcalde socialista de Estepona (Málaga) David Valadez, por asegurar en diferentes artículos que el comisario Villarejo se hizo con el urbanismo de dicho municipio tras desarrollarse la 'operación Astapa' por parte de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF). En este procedimiento fue testigo clave un presunto testaferro del policía, investigado ahora en 'Tándem'.