Aparentemente Carles Puigdemont y Miquel Iceta son como el agua y el aceite en lo que respecta a sus posicionamientos políticos, y así lo están escenificando en plena campaña electoral. Donde sí mantienen posiciones similares el candidato de Junts pel Sí y el líder del PSC es en lo que respecta al pacto secreto sobre servicios TiSA; un complejo tratado para liberalizar una larga lista de sectores y dar nuevos poderes a las multinacionales, negociado con total opacidad entre la UE y otra veintena de países, entre ellos Panamá y Suiza.

La Campaña no al TTIP, CETA y TiSA en Catalunya ha recopilado las posiciones de los principales candidatos a la Presidencia de la Generalitat sobre el polémico acuerdo. Y, mientras ERC, Catalunya en Comú-Podem o la CUP están en contra, tanto la candidatura de Puigdemont como la de Iceta están a favor de este pacto secreto, como se refleja en las respuestas a las que ha accedido este diario.

Si bien Junts pel Sí es menos directo que el PSC al posicionarse, -siempre ha votado a favor de TTIP y CETA, en distintos parlamentos-, sí afirma que defiende "la multilateralidad y el libre comercio, y por tanto a priori defiende la existencia de tratados internacionales".

También reivindica una mayor transparencia en las negociaciones, y de hecho aprovecha para vincular esta cuestión con la independencia catalana: "Estos tratados hace tiempo que se están debatiendo con cierta opacidad, difícil de superar si no nos convertimos en un Estado independiente".

Por su parte, el PSC asegura que el tratado "puede ayudar a cerrar lagunas que actualmente se aprovechan para cometer abusos contra los trabajadores y los consumidores"; exactamente lo contrario a lo que sostiene, entre otros organismos, la Federación Sindical Internacional del transporte (ITF), que reúne a 4,5 millones de trabajadores en 700 sindicatos de 150 países.

En la misma línea, el partido de Iceta señala como requisito que el TiSA "garantice la protección de nuestras normas laborales, sociales y medioambientales, la exención de los servicios públicos del acuerdo y el pleno respeto del derecho a regular de las autoridades en defensa del interés público, tal y como recoge la resolución del Parlamento Europeo de 3 de febrero de 2016". Y, de nuevo, y como prueban las filtraciones de WikiLeaks y otros documentos difundidos en exclusiva por Público, esto tampoco se ajusta en absoluto al contenido del TiSA.

PP y Ciudadanos evitan responder

La Campaña remitió la pregunta sobre el TiSA y otras tres cuestiones a las siete candidaturas el pasado 30 de noviembre, y tiene previsto divulgar sus respuestas este viernes, dos semanas después. No obstante, los impulsores de la iniciativa lamentan que Ciudadanos no haya contestado "por falta de tiempo", -sí les ha ofrecido una reunión después de las elecciones-, mientras que el PP ni siquiera ha respondido a su petición. Ambos partidos han sido los principales defensores de TTIP y CETA, por lo que su apoyo al TiSA se da por sentado.

"Dejan claro que no tienen interés en dialogar sobre estos asuntos", aseguran Lucía Bárcena y Alex Guillamon, portavoces de la Campaña. Apuntan que la postura de ambas formaciones "es claramente a favor del TiSA y otros acuerdos, a pesar de no tener ningún estudio de impacto que valide las hipótesis expuestas en ninguno de estos tratados sobre sus beneficios, mientras sí tenemos varios informes que validan lo contrario: la pérdida de empleos, o su impacto sobre el medio ambiente".

"Este sería el caso sobre todo para el PP, y muy probablemente para C's, aunque estos últimos al menos se han dignado a responder que están interesados en reunirse con nosotros", apostillan. También celebran que la mayoría de candidaturas sí hayan respondido, y afirman que las respuestas demuestran que se "ha avanzado en el conocimiento sobre estos tratados", aunque aún quede "trabajo por hacer".

Las otras tres preguntas remitidas a las candidaturas versan sobre sus posiciones en lo que respecta a los tribunales de arbitraje y a la propuesta de la Comisión Europea de crear un organismo que dirima disputas entre Estados e inversores -Multilateral Investment Court (MIC); sobre la creación de una Comisión parlamentaria para estudiar y debatir los efectos de los tratados de libre comercio; y sobre si la Generalitat debe tener "instrumentos efectivos y vinculantes para el cumplimiento de los derechos humanos" en lo que se refiere a las empresas catalanas que operan en el exterior.