El 11 de junio de 2020, a las 7:17 de la mañana, Jordi Sànchez, expresidente de la Asamblea Nacional Catalana y actual secretario general de Junt per Catalunya, consultó un SMS de la Tesorería General de la Seguridad Social. No estaba solo. El software Pegasus había infectado su móvil. 

Es sólo un ejemplo, facilitado por Citizen Lab, un organismo independiente dentro de la Universidad de Toronto, que ha destapado el espionaje a 65 personas del ámbito independentistas catalán, entre los que hay políticos, como Oriol Junqueras, Carles Puigdemont y el president Pere Aragonès, y abogados, activistas y sus familiares. También los políticos de EH-Bildu Arnaldo Otegi y Jon Iñarritu han sido espiados por este sistema.

El software Pegasus, desarrollado por la empresa israelí NSO, es un programa de ciberespionaje adquirido preferentemente por Estados y agencias de Inteligencia, que se instala en dispositivos móviles y es capaz de controlar toda la información contenida en el aparato espiado.

La confirmación de esta práctica de espionaje contra el ámbito independentista catalán y vasco entre 2015 y 2020 ha abierto una brecha en la legislatura, con la petición de explicaciones al Gobierno de prácticamente todo el arco parlamentario, a excepción de Vox y PP, señalado directamente por iniciar la 'operación Cataluña' de espionaje desde las 'cloacas del Interior', destapadas por Público. El Ejecutivo de Pedro Sánchez se ampara en la Ley de Secretos Oficiales para no informar sobre las actividades del CNI, en cuyas manos presumiblemente está el programa Pegasus.

Buscando la respuesta judicial

Pero los afectados también buscan, además de las explicaciones políticas, una contundente respuesta judicial por haberse conculcado sus derechos fundamentales.

La Justicia española y la internacional serán los escenarios de una avalancha de querellas, como han confirmado las víctimas del ciberdelito. El abogado Andreu Van den Eynde, que también ha sido espiado y que representa a varios políticos de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) ha confirmado a este diario la interposición de una querella por cada uno de sus clientes. 

"Es una intromisión absoluta en todas las parcelas de la intimidad y la privacidad, porque pensemos que hoy un móvil es nuestro domicilio digital, en el que tenemos mucha más información de nosotros que en cualquier otro lugar del mundo", dice Van den Eynde en una entrevista con Público e indica que existen precedentes en España de condenas judiciales por hechos similares, como por ejemplo la que apartó de la judicatura a Baltasar Garzón por interceptar las comunicaciones de los imputados de 'Gúrtel' con sus abogados en la cárcel. 

El CNI, aunque opaco, debe regirse por un control judicial y gubernamental. Las operaciones de espionaje que invadan la intimidad de las personas están reguladas por la Ley 11/2002 y la Ley orgánica 2/2002 que exigen un marco temporal y una justificación. De hecho, un magistrado del Supremo, Pablo Lucas, es el encargado de autorizar o no las injerencias en la intimidad de las personas solicitadas por los servicios secretos. El letrado Van den Eynde duda de que este juez haya ordenado un espionaje masivo, como el que se acaba de conocer.

Fuentes jurídicas consultadas por este diario aseguran que en caso de que se llegara a poder probar que existió una orden gubernamental para espiar a las 65 personas del entorno independentista catalán y vasco la condena a algún responsable político sería inevitable. Incluso aunque dicha orden estuviera justificada en aras de la integridad territorial y la seguridad nacional, el espionaje masivo mediante el sistema Pegasus no debería quedar impune si se logra llegar hasta el responsable, según opinan esas fuentes.

Los delitos relacionados con el espionaje que denunciarán los políticos de ERC en España tienen que ver con la vulneración de varios derechos fundamentales, como el derecho a la intimidad, el secreto de las comunicaciones y el derecho a la vida personal, privada o familiar. 

Por parte de EH-Bildu, este lunes se reúne su Mesa Política para tomar una decisión sobre sus acciones judiciales, según informan desde el partido.

Condena del TEDH en el caso de Sito Miñanco

El artículo 8 del Convenio Europeo de Derechos Humanos garantiza el derecho a la vida privada. Por vulnerar este artículo, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos condenó a España en febrero de 2003, dando la razón al narcotraficante José Ramón Prado Bugallo, más conocido como Sito Miñanco. En este caso fue también el juez Garzón el que ordenó las escuchas telefónicas de varios sospechosos, entre ellos este 'narco', en 1990, en el marco de una macrooperación contra el narcotráfico en Galicia. 

Si el CNI hubiera actuado sin mandato judicial en sus labores de espionaje contra el independentismo, algo que descarta el Gobierno, el asunto no se libraría de reproche penal. Ya sucedió en España con el famoso caso de las escuchas ilegales del Cesid, el antecesor del CNI. Ministros socialistas, políticos de la oposición, empresarios y hasta el entonces rey Juan Carlos I fueron espiados por los servicios secretos entre 1981 y 1991 sin contar con el preceptivo mandato judicial. 

El director general del Cesid, Emilio Alonso Manglano; el exjefe de su agrupación operativa, Juan Alberto Perote y cinco de sus agentes fueron condenados por las escuchas ilegales. Aunque el Constitucional anuló la sentencia años después por falta de imparcialidad del tribunal. Finalmente la responsabilidad penal por aquellas grabaciones recayó únicamente en Perote, que fue condenado a cuatro meses de arresto y seis de inhabilitación. 

La estrategia de JxCat

El expresidente de la Generalitat de Cataluña Carles Puigdemont y el entorno de JxCat espiado, unas 25 personas, ya han anunciado que dirigirán sus denuncias contra la empresa israelí NSO Group, propietaria de Pegasus, y sus dueños, pero sin denunciar directamente al Gobierno español. El propósito es llegar a conocer quién desde España contrató los servicios de la empresa israelí. El líder de JxCat ha pedido en el Parlamento Europeo seguir "la pista del dinero" y la financiación del programa por parte de los países. 

Las denuncias se presentarán en juzgados de Barcelona, Gerona, Tarragona, Lleida, Lérida, Bruselas, Berlín, Ginebra, Zúrich y Luxemburgo, los lugares donde los afectados fueron espiados, según confirman a Público fuentes jurídicas del partido.

La comisión de investigación en el Parlamento Europeo por el espionaje con Pegasus ha comenzado esta semana y se prevé que dure un año aproximadamente. La eurodiputada de ERC Diana Riba dijo en el inicio de la comisión: "He sido espiada siendo eurodiputada. Por lo tanto, ya no es que me espíen a mí sino a toda la casa. Están cogiendo todas nuestras conversaciones, nuestras agendas y nuestros correos y no sabemos ni para qué ni qué información se han quedado de mi móvil".