El Congreso tiene previsto acometer en el nuevo periodo de sesiones, que arranca en febrero, la propuesta de reforma de la Constitución con más visos de prosperar, pendiente desde 2018, pero que no termina de cuajar por los recelos del PP a abrir el melón de modificar la Carta Magna. Se trata de la nueva redacción del artículo 49 para sustituir el término "disminuidos" por "personas con discapacidad".

La mesa de la comisión Constitucional, con mayoría de PSOE y Unidas Podemos, decidió poner fin a la continua ampliación del plazo de enmiendas (finalizó el 21 de diciembre), que superó las 60 prórrogas, para tratar de dar salida a la propuesta del Gobierno. Esta ya fue consensuada por todos los grupos de la Cámara Baja en diciembre de 2018, pero la senda iniciada se pospuso como consecuencia de las elecciones anticipadas y la disolución de las Cortes.

El texto del proyecto legislativo plantea dividir el actual precepto en cuatro apartados "en coherencia con la multiplicación de los enfoques desde los que se aborda la discapacidad". De este modo, recoge que "las personas con discapacidad son titulares de los derechos y deberes previstos en este Título en condiciones de libertad e igualdad real y efectiva, sin que pueda producirse discriminación".

Añade que "los poderes públicos realizarán las políticas necesarias para garantizar la plena autonomía personal e inclusión social de las personas con discapacidad. Estas políticas respetarán su libertad de elección y preferencias, y serán adoptadas con la participación de las organizaciones representativas de personas con discapacidad en los términos que establezcan las leyes. Se atenderán particularmente las necesidades específicas de las mujeres y niñas con discapacidad". 

El apartado tres expone que "se regulará la especial protección de las personas con discapacidad para el pleno ejercicio de sus derechos y deberes", mientras que el cuarto culmina: "Las personas con discapacidad gozan de la protección prevista en los tratados internacionales ratificados por España que velan por sus derechos".

PP y Vox vetaron el proyecto de ley

La reforma de la Constitución, para la que se requiere una mayoría de tres quintos (esto es, el voto de 210 de los 350 diputados), concita un amplio consenso entre los grupos políticos y las organizaciones más representativas del colectivo, como Cermi y la ONCE, pero tanto el PP como Vox han mostrado sus discrepancias porque quieren limitar la reforma del artículo 49 al término "disminuido". Asimismo, acusan a Sánchez de "utilizar de forma partidaria" esta cuestión y le reprochan que la reforma de pie a supuestos cambios más profundos a propuesta de sus socios parlamentarios. 

"Creemos que sería preferible que la iniciativa legislativa naciera en el Parlamento, que sea a propuesta de los grupos. La Constitución no es del Gobierno, es de todos. Es imprescindible que exista un acuerdo mayoritario y delimitar la reforma al texto propuesto. ¿Por qué hablo de delimitar? ¿Han leído el acta de la sesión de la Comisión Constitucional del pasado 12 de mayo? ¿Saben qué melón han abierto? ¿Cómo tienen previsto cerrarlo? Señor ministro, ¿van a asumir todas las propuestas que sus socios de Gobierno les propusieron ese día? Es necesario volver a la casilla de salida. Es necesario empezar de nuevo, señor ministro", manifestó desde la tribuna la diputada popular 
Isabel Borrego en septiembre de 2021, durante el debate de enmiendas a la totalidad registradas por su partido y por Vox.

Los vetos fueron rechazados, pero la tramitación parlamentaria ha estado congelada hasta diciembre de 2022. Después del compromiso expreso de Pedro Sánchez con el Cermi de impulsar dicha modificación, en una reunión mantenida el día 12 del mes pasado, el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, reinició este lunes los contactos con el PP para acometerla. 

Fuentes cercanas a Bolaños aseguran que todavía no hay fecha para reunirse con los populares ni con el resto de grupos parlamentarios, aunque este miércoles mantendrá una reunión con el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad. Cabe destacar que el propio líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, verbalizó en un encuentro mantenido con miembros de esta organización el pasado mes de junio estar a favor de esta modificación.

El PNV propone cambios más profundos

En las propuestas de modificación al articulado registradas por el PP, el principal grupo de la oposición, imprescindible para que la reforma vez luz verde en el último tramo de legislatura, justifica como "mejora técnica" su propuesta de sustituir el término "disminuido" por "persona con discapacidad" y la supresión del resto de apartados que quiere incorporar el Ejecutivo. 

La ultraderecha, que también pide acotar la reforma del artículo 49, reprocha que el texto proyectado, "lejos de responder a una genuina concepción social, se limita a introducir novedades que obedecen a una más que probable motivación ideológica", según se desprende de las enmiendas registradas.

Ciudadanos propone simplificar el texto del Gobierno y reducirlo a dos puntos, mientras que el PNV aprovecha la ocasión para incluir, a través de la modificación del artículo 2 y de la inclusión de una Nueva Disposición Adicional, el reconocimiento del derecho a decidir del pueblo vasco.

Asimismo, los jeltzales plantean la modificación del artículo 56 de la Constitución para limitar la inviolabilidad del rey y circunscribirla a sus funciones institucionales, esto es, a aquellos actos que realice en representación de la Corona. Entre sus correcciones, el Grupo Vasco propone eliminar el artículo 155 por considerar que "para los fines pretendidos en este artículo son suficientes los mecanismos ordinarios de respuesta contemplados en la Constitución" y modificar el 8, referido a las funciones de las Fuerzas Armadas, para limitarlas.