Organizaciones sociales que conforman la Iniciativa Ley Vivienda, formada por 120 entidades, han estado acompañados este jueves de los grupos que componen el denominado bloque de la investidura, entre ellos Unidas Podemos, en el impulso de sus enmiendas parciales a la ley que regula esta materia y que actualmente se tramita en el Congreso.

El proyecto legislativo del Gobierno de coalición superó hace escasas semanas su primer examen con el rechazo de las enmiendas a la totalidad registradas por las derechas y ahora se encuentra en trámite de presentación de enmiendas parciales, habiendo prorrogado la Mesa del Congreso el plazo una semana más.

En este sentido, representantes de los colectivos sociales han llevado a la Cámara Baja 60 propuestas basadas en seis demandas básicas y para ello han contado con el compromiso de Unidas Podemos, ERC, EH Bildu, Más País, CUP, Compromís y BNG, que defenderán sus enmiendas durante su tramitación en la ponencia y en la comisión del ramo para dar luz verde a la aprobación de la ley.

Y es que, tras el veto de las derechas a la Ley de Vivienda, la única alternativa para que la norma reciba el aval del Congreso pasa a priori por los partidos que permitieron la investidura de Pedro Sánchez, así como la aprobación de los Presupuestos de 2021 y 2022. "El Gobierno solo tiene una opción: o negocia con los partidos del bloque de investidura, o no habrá Ley Vivienda", remachan desde esta plataforma.

Unidas Podemos ha depositado en la vía de las izquierdas parlamentarias todas sus esperanzas para llegar donde no pudo en el seno de la coalición gubernamental mediante las largas negociaciones que lastraron la ley durante un año, esto es, obligar al PSOE a introducir mejoras en la norma, como la limitación de los precios de los alquileres.

Esta y otras reivindicaciones, propuestas a su vez por las organizaciones por el derecho a la vivienda y los sindicatos de inquilinos, ya fueron debatidas en el Cámara Baja a mediados de diciembre a través de una iniciativa que el PSOE rechazó.

Unidas Podemos, que en un principio unió su rúbrica a la del resto de fuerzas progresistas del arco parlamentario a la izquierda de los socialistas, retiró más tarde su firma tras pactarlo con sus socios del Gobierno en aras de introducir aquellas mejoras planteadas en la proposición legislativa en el texto del Ejecutivo mediante enmiendas.

Seis líneas rojas

A pesar de que la ministra de Transportes, Raquel Sánchez, se abrió a revisar el texto en lo referente a la limitación de los precios del alquiler después de haber mantenido una reunión con una delegación del Sindicat de Llogateres de Catalunya y del Sindicato de Inquilinas de Madrid, tanto Unidas Podemos como el resto de aliados parlamentarios apuestan por el peso de la aritmética parlamentaria para poder introducir estos cambios en consonancia con los reclamos de los colectivos sociales.

Por su parte, fuentes del grupo socialista aseguran ser conscientes de que necesitan esta mayoría progresista para impulsar la ley antes de que se agote la legislatura, por lo que no se cierran a negociar las propuestas planteadas.

La Iniciativa Ley Vivienda y los socios parlamentarios del Ejecutivo han reclamado en varias ocasiones que el proyecto de ley "no baja los precios del alquiler y sigue dando rienda suelta al rentismo y la especulación". A su entender, tampoco "contiene medidas para acabar con la pandemia de los desahucios, que ya superan un millón de familias en los últimos 10 años".

Para ello, a través de estas propuestas que los partidos, tal como han asegurado, tratarán de incorporar al texto mediante la negociación, representantes de los colectivos sociales han expresado este jueves frente a las puertas del Congreso cuáles son los seis cambios "imprescindibles" para que la ley pueda ser aprobada con el apoyo de los partidos progresistas, en lo que ha supuesto un nuevo movimiento de presión sobre los socialistas.

Estas líneas rojas pasan por "garantizar el derecho subjetivo a la vivienda"; que la ley acometa una regulación de alquileres "efectiva y cambios para que el alquiler sea una opción estable y segura"; más medidas para la suspensión de los desahucios y la obligación de "ofrecer alquiler social obligatorio a las familias vulnerables"; la ampliación del parque público de vivienda; medidas contra el "sobreendeudamiento y de segunda oportunidad" a las familias que han sufrido ejecuciones hipotecarias; y la prohibición de los cortes de suministros a familias en situación de vulnerabilidad a través del "principio de precaución".