Tras la aprobación de la reforma laboral, Unidas Podemos se planteó la tramitación de la ley de vivienda, además de la ley del solo sí es sí, como una oportunidad para recomponer el bloque de la investidura, que quedó fracturado en esta votación (de los aliados habituales del Gobierno, solo Más País y Compromís apoyaron la iniciativa).

De igual forma, el grupo confederal ha depositado en la vía de las izquierdas parlamentarias todas sus esperanzas para llegar donde no pudo en el seno de la coalición gubernamental mediante las largas negociaciones que lastraron la ley durante un año, esto es, obligar al PSOE a introducir mejoras en la norma, como la limitación de los precios de alquileres en la ley de vivienda.

Esta y otras reivindicaciones, propuestas a su vez por las organizaciones por el derecho a la vivienda y los sindicatos de inquilinos, ya fueron debatidas en el Cámara Baja a mediados de diciembre a través de una iniciativa que el PSOE rechazó. Unidas Podemos, que en un principio unió su rúbrica a la del resto de fuerzas progresistas del arco parlamentario a la izquierda de los socialistas, retiró más tarde su firma tras pactarlo con sus socios del Gobierno.

Y todo ello, según explicaron desde el espacio morado, se produjo en aras de introducir aquellas mejoras planteadas en la proposición legislativa en el texto del Ejecutivo mediante enmiendas, para las que seguirán siendo esenciales el apoyo del resto de aliados que conforman la mayoría progresista en el Parlamento.

Esta posibilidad cobra ahora más fuerza después de las enmiendas de devolución al proyecto de ley de vivienda registradas por PP, Cs, PNV, PDeCAT y Junts con la intención de tumbar la iniciativa en su primer examen, previsto para el próximo 10 de marzo.

En este sentido, ERC también ha hecho lo propio, aunque ha optado por plantear un texto alternativo a la propuesta del Gobierno y con "voluntad constructiva", tal como apelan fuentes parlamentarias del grupo republicano. Sus prioridades, compartidas con otras fuerzas soberanistas, como EH Bildu y BNG, pasan por eliminar "cualquier regulación de urbanismo" por temas competenciales, una legislación "socialmente más ambiciosa" en ámbitos fiscal y procesal, garantizando suspensión de desahucios si no existe oferta previa de alquiler social, así como la regulación de precios del alquiler, tal como figura en la ley de vivienda catalana que el Gobierno recurrió ante el Constitucional.

Previsiblemente, las enmiendas a la totalidad serán rechazadas. No obstante, desde EH Bildu, Más País y Compromís ya avanzan que exigirán incluir "mejoras sustanciales" en el texto durante su tramitación en la comisión parlamentaria del ramo en consonancia con las movimientos sociales. En ese escenario también, el Gobierno deberá redoblar los esfuerzos para atraer a ERC y PNV, ya que sus votos serán imprescindibles.

A pesar de que la ministra de Transportes, Raquel Sánchez, se abrió a revisar el texto en lo referente a la limitación de los precios del alquiler después de haber mantenido una reunión con una delegación del Sindicat de Llogateres de Catalunya y del Sindicato de Inquilinas de Madrid, tanto Unidas Podemos como el resto de aliados parlamentarios confían en el peso político del bloque de la investidura, la opción más viable por el rechazo de las derechas a la norma, para impulsarla y mejorarla en el Congreso. 

Asimismo, desde el grupo morado esperan que ERC se avenga a retirar la enmienda a la totalidad para poder trasladar esas cuestiones vía enmiendas parciales toda vez que el PSOE pospone hacer declaraciones sobre este asunto. De hecho, la propia ministra de Derechos Sociales y secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ya anunció que enmendará la ley para que inmuebles de la Sareb puedan utilizarse en el parque público de vivienda.

"Nuestra voluntad es mejorar la ley e incluir medidas más ambiciosas que pongan coto a los precios abusivos de los alquileres, por lo que presentaremos de la mano de los colectivos sociales todas aquellas medidas positivas que en la votación de diciembre no fueron aprobadas", añaden desde la coalición abertzale.

En su caso, Más País asegura que rechazará las enmiendas a la totalidad, en su mayoría registradas por las derechas, porque "no proponen texto alternativo y solamente bloquean la posibilidad de comenzar a legislar sobre algo tan importante como es el derecho a la vivienda". Por su parte, Compromís también apuesta por presentar correcciones al articulado en aras de reforzar una de las medidas más ambiciosas y esperadas de la legislatura.