De la regulación al castigo: ayuntamientos catalanes que criminalizan a los migrantes y la pobreza con la excusa de la convivencia
Trabas en el empadronamiento, desahucios sin alternativas y sanciones por coger agua en la fuente: así actúan algunos municipios contra las personas más vulnerables.
Barcelona--Actualizado a
En los últimos años, algunos municipios de Catalunya han puesto en marcha políticas que, pese a presentarse como iniciativas para ordenar la convivencia, acaban generando exclusión social y criminalización de las personas migrantes y de los colectivos más vulnerables en general. Las trabas para acceder al padrón, especialmente a quienes viven ocupando un inmueble, las llamadas oficinas antiokupas, las sanciones por coger agua de fuentes públicas, el endurecimiento de ordenanzas de civismo o directamente los desahucios han sido herramientas discriminatorias utilizadas por varios ayuntamientos. Jordi Mir, doctor en Humanidades y profesor en la Universitat Pompeu Fabra y en la Universitat Autònoma de Barcelona, alerta de que no solamente se puede llegar a hablar de racismo, sino que son medidas clasistas contra los más pobres.
Y es que son varias las políticas municipales que se han impulsado en este sentido, con decenas de municipios catalanes que ponen trabas para acceder al padrón, "uno de los temas más habituales y en los que más municipios han decidido no cumplir". En contra de lo que manda la legislación, se niegan a empadronar a personas que viven ocupando un inmueble, en casos polémicos como el de Martorell (Barcelona). De hecho, este municipio ha planteado recientemente una ordenanza que sanciona con multas de hasta 750 euros a quien llene garrafas o botellas de agua en fuentes públicas, una medida criticada en el consistorio y al alcalde Xavier Fonollosa (Junts).
Sin embargo, se trata de una medida que ha sido modificada esta misma semana. El gobierno municipal que comparten la formación de Carles Puigdemont con el PSC llevará al pleno de febrero una modificación de la ordenanza, pues se ha optado por ablandarla. El Ayuntamiento no sancionará a los vecinos hasta que no se excedan de un nuevo tope de 25 litros que se incorporará al nuevo redactado. Los Comuns, principal grupo en la oposición, llavaron el caso a la Síndica de Greuges. Movem Martorell alerta de que "sigue vulnerando derechos fundamentales".
Aún sobre el empadronamiento, cabe destacar que un informe de la Red de Entidades por el Padrón 2024 denuncia que 37 ayuntamientos catalanes no estarían empadronando de "manera ágil" a todo el mundo que lo solicita. En seis poblaciones, la situación se ha complicado de "de forma significativa" respecto a hace un año, cuando los consistorios señalados eran poco más de 30. Barcelona, Lleida, Hospitalet de Llobregat (Barcelona), Calafell (Tarragona), Santa Coloma de Farners (Girona) y Santa Coloma de Gramenet (Barcelona) encabezan el ranking.
En los últimos años, también han proliferado las oficinas antiokupas como en El Vendrell (Tarragona) o Figueres (Girona), por citar algunos casos, mientras Badalona (Barcelona) impulsó la primera concejalía contra las ocupaciones del Estado. Recientemente, Barcelona ha endurecido la ordenanza de civismo a través de un pacto con Junts, y hemos visto al alcalde de Igualada sacando pecho de la expulsión del Estado de una persona migrante por multirreincidencia. Sin ir más lejos, últimamente hemos vivido casos como el desalojo del antiguo instituto B9 de Badalona, donde malvivían unas 400 personas, o el desahucio de la calle del Tigre, en el barrio del Raval de Barcelona, donde no se ofrecen alternativas residenciales.
Jordi Mir destaca que la administración nunca dirá que sean políticas o comportamientos racistas, pero "no quiere decir que no podamos interpretarlo". "Cuando estas medidas afectan a un determinado segmento de la población que tiene unas determinadas características y que tienen sus dificultades para poder acceder a derechos, podemos decir que son medidas que resultan discriminatorias. No son medidas que son capaces de generar libertad e igualdad". En este sentido, Mir dice que generan dificultades para que estas personas puedan acceder a derechos : "Incluso si nos limitáramos a plantearlo desde la perspectiva de derechos humanos, deberían verse reconocidos".
El profesor destaca que no solamente se podría plantear si se trata de medidas racistas, puesto que tienen que ver con la raza, sino también clasistas y aporofóbicas , ya que "buscan expulsar a personas con menos recursos de la sociedad". En lugar de combatir la pobreza para que las personas dejen de ser pobres, sostiene que estos planteamientos buscan expulsarlas para que "dejen de vivir en nuestro municipio, por ejemplo, y pasen a vivir en el municipio donde están más pobres". Recuerda que existen sistemas en EEUU o los ha habido en nuestro entorno como la propia Golden Visa que plantean "que determinado tipo de migración no te genera ningún problema", en estos casos porque pagan una determinada cantidad de dinero.
Medidas con recorrido legal
Algunas de estas medidas han llegado a pasar por tribunales, con casos como el de Premià de Mar (Barcelona), donde la justicia tumbó una resolución municipal que pretendía solamente empadronar a personas que fueran propietarios o tuvieran un contrato de alquileres del inmueble. Cabe recordar que la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local sostiene que "cualquier persona que viva en España está obligada a inscribirse en el padrón del municipio en el que resida habitualmente" y que los consistorios "deben llevar a cabo las actuaciones y operaciones necesarias para mantener actualizados los padrones".
"Sería deseable que ocurriera para que las administraciones se adecuaran a las normativas en muchos casos ya vigentes. Algunas de las medidas debería ser incluso ampliadas para ser más garantistas de los derechos de las personas", reivindica Mir. "Es defender los derechos de quienes menos tienen, siempre lo tienen más difícil para defenderlos", añade. El experto también destaca que el alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, pudo cometer alguna irregularidad con el desalojo del B9. De hecho, existe una denuncia interpuesta por parte de los Comuns por delito de odio, discriminación, desobediencia a la autoridad judicial y prevaricación administrativa: "Veremos qué recorrido tiene".
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"Algunas de las medidas debería ser ampliadas incluso para ser más garantistas de los derechos de las personas"
En este sentido, Mir recuerda que cuando Albiol impulsa el desalojo de las personas del antiguo instituto, el alcalde defendió que lo hacía de acuerdo con la ley porque hay un dictamen judicial que lo plantea, pero que este también incorpora que debe acompañarse a las personas que están allí residiendo. "Se queda solamente con la parte que puede desalojar. Si no hacemos el acompañamiento, estamos incumpliendo lo que está diciendo la jueza", dice.
Un impacto político en la sociedad
Más allá de la vulneración de derechos, el profesor dice que los efectos de estas medidas en la sociedad por lo general pueden ser muy diversos. Destaca el caso de Martorell y la iniciativa de Fonollosa para penalizar a quienes llenen garrafas en las fuentes del municipio: "Probablemente está haciendo este discurso porque piensa que esto le generará el apoyo de determinados sectores de su población que tienen una mala concepción de las personas que tienen problemas para acceder a la vivienda y querrían que desaparecieran de su municipio". "Albiol también piensa que esto le genera un beneficio, si pensara que genera un perjuicio para él, no lo haría", añade.
Para Mir, algunos de estos comportamientos "contrarios a los derechos fundamentales a las personas" son vistos por una parte de la población como deseables, los cuales se preguntan: "¿Por qué no les criminalizamos de las cosas que no funcionan e intentamos acabar con estas?". Sin embargo, por otra parte, pueden ser "profundamente indeseables por la vida en sociedad": "Ven que, aunque este tipo de población tenga agua corriente y tenga vivienda en mejores o peores condiciones, entiende que ese comportamiento de las autoridades no es deseable", dice.
De este modo, el analista destaca que se trata de medidas electoralistas, pero que "en los cimientos está la criminalización". "No puedes tomar estas medidas si antes no has estigmatizado a estas personas que lo van a sufrir. Unas de las consecuencias que tiene todo ello en el conjunto de la población es que quien toma estas medidas, antes de poderlas tomar, necesita proyectar la imagen de que estas personas son indeseables", argumenta. Aquí, pone un ejemplo reciente del presidente de EEUU con su intervención en Venezuela: "Antes de intervenir, Donald Trump no dejaba de decir que Nicolás Maduro es un terrorista".
El experto considera que se trata de medidas electoralistas, pero que "en los cimientos está la criminalización"
Por ello, sostiene que se trata de un "mecanismo de demonización y estigmatización para justificar lo que se está haciendo o se quiere hacer", incluso por si en alguna ocasión se hacen "grandes deportaciones", o sea con estas decisiones de no empadronar a estas personas, "o diciendo que no tenemos pisos porque estas personas los están okupando". "Estás creando unos enemigos a combatir. Hay quien los verá como tal porque se fía de lo que dice determinado representante político, y otras personas no estarán de acuerdo", insiste.
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La tónica de Junts y el giro del PSC
Si nos fijamos en los emisores de estos discursos desde la política local catalana, es evidente que desde el sector de Junts encontramos posiciones "que nos hablan más de okupacines y no empadronar y medidas penalizadoras o restrictivas hacia las personas con menos recursos", por delante de otras posiciones a gobierno municipales liderados por partidos como ERC, PSC, Comuns o la CUP. "Después serán más activos o menos al no criminalizar, pero hay una separación en el eje izquierda-derecha", sostiene.
En este sentido, destaca que ha habido votaciones en el Parlament de Catalunya donde "ha quedado de manifiesto" que PP, Vox y Junts coinciden en ciertas posiciones "más centradas en cómo personas migrantes y con pocos recursos son responsables de los problemas que afectan a la sociedad". Y que los demás partidos "están más en posición que hay derechos que deberían encontrar la forma de garantizarse". "No todo el mundo actúa por igual", defiende Mir.
Mir destaca la coincidencia en algunas votaciones en el Parlament de PP, Vox y Junts: "Hay una separación en el eje izquierda-derecha"
Cabe recordar que el pasado año el secretario general de Junts, Jordi Turull, advirtió en la convención municipalista del partido en Vic (Barcelona) de que "no se podía premiar" con el empadronamiento a aquellas personas que cometieran un "acto ilegal", en referencia a la ocupación de pisos. La declaración reforzó el discurso que la formación ya había ido perfilando en los últimos meses, con iniciativas de ayuntamientos liderados por el partido de Carles Puigdemont que buscan endurecer las restricciones para acceder al padrón.
El experto también recuerda que durante la campaña electoral de las últimas municipales, en varios municipios hubo acuerdos de partidos con Desokupa, en algunos casos por parte del PSC y en municipios donde gobernaban. "A la pregunta de los periodistas sobre cuántos pisos ocupados había en el municipio, en algunos casos no había ningún piso ocupado", recuerda. "Era una declaración de intenciones para decir que estaban en contra de las okupaciones. Ante la dificultad de resolver el tema de la vivienda, algunos partidos han hablado de okupaciones delictivas", argumenta.
En este sentido, remarca que el PSC ha dado un "giro interesante" y destacable , porque "ha visto que este camino no servía para atraer a determinado sector de la población, y han decidido que quieren hacer medidas a favor del derecho a la vivienda": "A pesar de ciertas dudas inicialmente, acabó pasando a la banda de hablar del derecho a la vivienda". Asimismo, reivindica que las políticas de viviendas que hacía Barcelona en Comú "no son las mismas que están haciendo el PSC": las de los Comuns eran "mucho más intensivas" a la hora de intentar garantizar el derecho a la vivienda, evitando desahucios y realizar promociones de vivienda pública, mientras los socialistas están "yendo más despacio".
"No hace falta estar a favor de unos partidos u otros para ver que el tema de la vivienda no tiene que ver con las ocupaciones", dice Mir. En este sentido, destaca que cuando los partidos hablan de okupaciones suelen criminalizar a personas con pocos recursos que están ocupando. "Si hablas de prohibir el empleo especulativo, estás situando el foco en el que hay sociedades con muchos recursos que están especulando con un bien que debería ser un derecho garantizado", contrapone.
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Actuar desde el mundo local
Mir recuerda que el empadronamiento es un derecho y que lo necesario es que los ayuntamientos cumplan sus "obligaciones". Además, hace mucho énfasis en que el empadronamiento es "de forma muy concreta" la puerta de entrada a poder garantizar otros derechos, entre los que destacan el derecho a la atención sanitaria. "Los municipios que han actuado en esta línea han realizado un buen trabajo y han actuado haciendo lo que les toca como municipios", reivindica.
El experto también destaca que la venta ambulante es uno de los temas de más difícil gestión que tuvo que afrontar Barcelona en Comú, y que también afecta a otros municipios, especialmente en época de verano. "Episodios como estos te ponen adelante una realidad con la que no puedes salir solamente con buenas palabras, debes buscar mecanismos para actuar sabiendo que son problemas globales", dice. En este sentido, destaca que los senegaleses que vienen a Catalunya a hacer venta ambulante lo hacen a raíz de los "acuerdos de pesca entre Senegal y la Unión Europea les han limitado la capacidad de trabajar allí". "Esto no puede solucionarlo un municipio, pero tampoco pueden evitar estos conflictos", sostiene.
Así, recuerda que durante el gobierno de los Comuns en el Ajuntament de Barcelona se tomaron medidas como intentar conseguir que algunas de estas personas crearan una cooperativa, pudieran entrar en la economía regulada, para después buscar mecanismos para que se incorporen a la vida social. "Hay diferentes experiencias que son interesantes a la hora de no estigmatizar y criminalizar a estas personas discursivamente, no tratarlas con supremacismo, porque hay una parte muy importante de cómo nos relacionamos desde la igualdad en las personas", remacha
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