Indignación por la decisión de un municipio de Barcelona de multar a quienes cojan agua de las fuentes públicas: "Castiga a los más vulnerables"

Polémica en Martorell (Barcelona) por la decisión del Ayuntamiento de prohibir llenar garrafas o botellas de agua de las fuentes públicas. En caso de incumplimiento, se prevén multas de entre 100 y 750 euros. Se trata de una medida aprobada por el gobierno municipal, formado por Junts y PSC pero controlado básicamente por el primer partido, que cuenta con una mayoría "absolutísima" con 16 de los 21 concejales del pleno. La prohibición ha generado una avalancha de críticas de entidades sociales y de los partidos de izquierdas.

En un manifiesto, la plataforma vecinal Aliança per a l’accés a l’aigua apunta que la medida "castiga, estigmatiza y señala a familias que viven en condiciones de vulnerabilidad. El agua es una necesidad básica".

La plataforma denuncia que "desde hace semanas" el gobierno municipal "mantiene cerradas" las fuentes de agua pública de la ciudad y lamenta el "paso más allá" que Junts y PSC dan ahora con la prohibición. "El acceso al agua no es un privilegio, es un derecho humano fundamental", recuerda la entidad vecinal, que opina que la prohibición es "profundamente injusta" y, desde su punto de vista, injustificada. La medida también ha generado el rechazo de entidades sociales como Papers per a tothom, la PAH del Baix Llobregat Nord o la CNT-AIT Martorell, que protestaron el lunes en la plaza de la Vila mientras se votaba la normativa.

Cabe recordar que Martorell es el gran feudo convergente y posconvergente del Baix Llobregat. El alcalde es Xavier Fonollosa, que dispone de mayoría absoluta, con 16 concejales de 21, pero optó por incorporar al PSC –con dos concejales– al equipo de gobierno. Los socialistas no se han desmarcado de la polémica medida. Fonollosa es uno de los alcaldes que lidera el acercamiento a la extrema derecha de sectores de la formación en cuestiones como la seguridad, la inmigración o las ocupaciones y, por ejemplo, ha sido pionero en dificultar el acceso al empadronamiento de vecinos.

Una medida que "podría ser ilegal"

Aliança per l’accés a l’aigua asegura que la prohibición de llenar garrafas en las fuentes no tiene justificación económica –el coste lo asume la empresa privada que gestiona el servicio del agua– ni de orden público –afirma que no ha habido "nunca" ningún incidente ni denuncia por esta circunstancia. Por lo tanto, considera que no hay "un problema real" que "explique" el cierre del acceso al agua para toda la población.

"La única motivación para cerrar las fuentes y crear una nueva multa por hacer uso de ellas es castigar a las personas más humildes con la intención de captar el voto del odio y evitar que la extrema derecha les gane terreno en las próximas elecciones municipales", afirma la plataforma, aludiendo a un "inexistente problema de ocupaciones de viviendas". Lo confirma Soulimane Messaoudi, portavoz de ERC en el Ayuntamiento de Martorell y concejal en la oposición, que asegura que la ocupación "no es un problema" en la ciudad. "La falta de acceso a una vivienda sí que lo es", asegura el republicano.

Messaoudi alerta que la medida "limita un servicio básico y universal" y afecta sobre todo a las personas más vulnerables, "como personas sin hogar, temporeros o familias que no tienen acceso a una vivienda y, por lo tanto, a agua". "Negar el acceso al agua atenta contra los derechos fundamentales de las personas", apunta Messaoudi, que señala que "incluso podría ser ilegal".

Messaoudi también lamenta que el PSC haya decidido avalar "una medida propia de la derecha más punitiva". "El PSC se aleja de su compromiso social y da apoyo a una ordenanza que castiga, no que protege", sentencia el portavoz. En este sentido, asegura que con esta medida "compran el marco de la extrema derecha catalana y española".

Por todo ello, la plataforma y ERC exigen al gobierno municipal de Junts y PSC la "reapertura inmediata" de las fuentes públicas, la retirada de la propuesta de modificación de la ordenanza de convivencia y el inicio de un proceso "abierto" que incluya "las comunidades afectadas y el tejido asociativo".

La polémica salta a la política nacional

La controvertida medida ha saltado a la política nacional este martes. La diputada de la CUP Laure Vega ha dicho que el partido está estudiando legalmente y con entidades las acciones a tomar contra el Ayuntamiento de Martorell. "Esperamos que acabe en los juzgados", ha remarcado. En una rueda de prensa, Vega ha relacionado la medida con el auge de partidos de derecha radical, lamentando que haya partidos que "vayan detrás de la saga de Aliança Catalana". Según ha comentado, quieren abrir un diálogo con la Aliança per la Pobresa Energètica y con la PAH para decidir la respuesta.

Por su parte, los Comuns han registrado una propuesta de resolución en el Parlament para garantizar el acceso de "familias vulnerables" al agua de las fuentes públicas. La formación de Jéssica Albiach busca que el hemiciclo se pronuncie sobre la decisión del PSC y Junts en el Ayuntamiento de Martorell. Los Comuns quieren que la cámara catalana proteja "los derechos básicos de la ciudadanía e inste a las administraciones locales a evitar medidas arbitrarias que perjudiquen el acceso a un recurso esencial como el agua".

El Govern catalán ha evitado hacer una valoración de la polémica medida. La portavoz del Govern, Sílvia Paneque, ha dicho que el Ejecutivo "no puede entrar a valorar todas las acciones puntuales" de los consistorios "siempre que se adapten al marco normativo". En esta línea, el Govern entiende que los servicios jurídicos del Ayuntamiento ya han velado para que la norma se adecúe a la legalidad.