BARCELONA.- En el último año, Gala Pin (Valencia, 1981) ha recorrido el camino del activismo a la política institucional, un trayecto común para buena parte de los representantes de Barcelona en Comú, empezando por Ada Colau. Durante años integrante del movimiento vecinal de la Barceloneta, desde junio es la concejal de Ciutat Vella y la responsable de Participación del ayuntamiento de la capital catalana. Dirige el distrito con mayor presión turística de la ciudad, desde el que afronta asuntos como la moratoria hotelera, la relación con el puerto o el conflicto con los manteros. Reconoce a Público las dificultades para controlar su propia agenda.

Hace unas semanas el ayuntamiento presentó el Plan de Acción Municipal (PAM). Ahora se encuentra en la fase de participación ciudadana, fundamentalmente a través del portal decidim.barcelona. ¿Como está funcionando? ¿Y hasta qué punto sé tendrán en cuenta estas aportaciones en el PAM definitivo?

El proceso de participación se canaliza a través de decidim.barcelona, pero además hay más de 200 citas presenciales para conectar la parte de participación digital con la participación presencial. La valoración que hacemos es bastante positiva, ya que hasta ahora se han hecho más de 3.000 propuestas, que suman más de 51.000 apoyos y hay 10.000 usuarios en la web. La idea del portal es que pueda recoger también las propuestas salidas de los debates presenciales y que la gente se anime, no sólo a hacer propuestas propias, sino a apoyar a otras y a generar debate, y esto se está dando. Sobre qué se aceptará y qué no, hemos querido ser muy sinceros desde el principio y la participación no es vinculante, pero sí que aquellas propuestas con más apoyo serán las que se evaluarán política y técnicamente. Y, por otro lado, desde las áreas y los distritos también se valorará que no pasan desapercibidas propuestas de colectivos más invisibilizados y minoritarios, pero que pueden ser buenas. Obviamente, todo estará condicionado al presupuesto que tengamos y, a la vez, el presupuesto estará condicionado a los pactos y a las negociaciones. Encajar el puzle es complicado.

La participación era una de las banderas que reivindicaba Barcelona en Comú. El PAM es el primer gran proyecto en el que se materializa este modelo distinto de participación, y llega más de medio año después de llegar al poder. ¿Se ha tardado tanto por falta de recursos, por la necesidad de conocer primero la casa?

“El mayor reto no es como hacemos procesos de participación distintos, sino como habilitamos mecanismos de escucha activa para que los procesos de fuera puedan entrar dentro”

Hay concejalías que han sacado adelante procesos [de participación]. La falta de recursos es un detalle importante en la concejalía de Participación y de hecho sorprende, porque se supone que todos [los gobiernos anteriores] apostaban por ella y esto se debía traducir en recursos humanos y económicos. Pero no nos hemos encontrado ni una cosa ni la otra. El diseño del PAM nos ha llevado bastante tiempo. Es verdad que el gobierno de Barcelona en Comú hace una apuesta por la participación, pero no diría que haremos una participación totalmente diferente. Creo que el mayor reto no es como hacemos procesos distintos, sino como habilitamos mecanismos de escucha activa para que los procesos de fuera puedan entrar dentro. Cómo lo hacemos para que aquella participación ciudadana y política que se da fuera de las instituciones tenga capacidad de influir y de entrar en la propia institución. Lo que se trata es que la ciudadanía sea protagonista y caminar hacia la coproducción de políticas públicas. Partimos de la convicción de que si elaboras las políticas con las entidades que conocen el terreno, la cualidad del servicio público que das es mayor.

En el proyecto del PAM se habla de presupuestos participativos. ¿Se tratará de la típica partida pequeña en la que la ciudadanía podrá opinar o es otra cosa?

Para este año hablamos de una prueba piloto, también porque la idea es no agotar a la gente con 30 procesos participativos, y el gran proceso que se hace en 2016 es el PAM. La idea de los presupuestos participativos es que puedan suponer también una redistribución de la riqueza, no sólo que se decida si va primero el instituto o el parque de tu barrio, sino que nos ayuden a hacer una ciudad menos desigual. Es un proceso que también permite conocer mejor a la propia administración y esto también tiene que permitir equilibrar la ciudad a través de la distribución de sus recursos. Necesitamos un margen de tiempo que no sería de dos meses y espero que en el 2017, de cara al 2018, podamos empezar a implementar una parte de presupuestos participativos.

Se hará un nuevo portal de transparencia y se quiere poner especial énfasis en la rendición de cuentas. ¿Qué quieren cambiar de lo que hicieron los anteriores gobiernos?

Hemos empezado a cambiar cosas, como la publicación de las agendas públicas [de los miembros del gobierno]. Desde la ciudadanía se pedía saber qué están haciendo los políticos. Y hemos empezado una auditoría con el Instituto Municipal de Informática relacionada con algunos viajes que se hicieron. Creo que son muestras evidentes de que la rendición de cuentas y explicar lo que se está haciendo no puede depender de la buena voluntad del político de turno, sino que tienes que tener mecanismos que te obliguen a hacerlo. No creo que el Ayuntamiento de Barcelona fuera el más opaco del estado ni mucho menos, de hecho el de Valencia iba por delante, pero sí que hay muchos mecanismos que se puedan mejorar a la hora de explicar que hacen los cargos públicos.

El Ayuntamiento de Barcelona es un transatlántico que participa en numerosas empresas públicas. Una de ellas es TMB (Transportes Metropolitanos de Barcelona), con muchos cargos colocados a dedo de los que se desconoce el sueldo. ¿Es un ejemplo de empresa pública opaca en la que se tendría que funcionar de otra manera?

TMB no es responsabilidad mía y no la conozco a fondo. Pero lo que te puedo decir es que durante muchos años ha habido la demanda de hacer más transparentes los sueldos de TMB y, de hecho, es una prioridad del plan de transparencia vinculado a la Agencia Metropolitana de la Transparencia. Pero me gustaría conocer bien todas las empresas municipales, porque seguramente nos encontraríamos que unas son más opacas de lo que nos imaginábamos.

En una entrevista en Crític defendía que la transparencia más que publicar documentos es compartir el relato. ¿El relato que comparten es el que preveían cuando accedieron al poder o hay distorsiones producto de la institucionalidad?

No se trata tanto, por ejemplo, de si explicas si una huelga es buena o es mala, sino de si soy capaz de explicar porque me parece que es desproporcionada. En la entrevista decía que transparencia no es compartir mucha información, porque generas mucho ruido, sino que es compartir el relato y que se entienda porque llegas a tomar una decisión u otra.

¿Y cree que se están explicando lo suficientemente bien para que se entiendan sus decisiones?

Hay veces que sí y hay veces que no, evidentemente. En el caso de [la huelga de] TMB se podría haber explicado mejor como iban las negociaciones. Pero se tiene que tener en cuenta que hay distintos equilibrios, tanto de cara a los trabajadores como de cara al propio ayuntamiento. Pero quizás nos falta explicar más la complejidad en la que vivimos, más allá de los equilibrios con las distintas partes. Lo podemos mejorar, pero creo que en general nos esforzamos mucho en explicar porque se llega a una decisión y cuáles son los elementos que juegan en ello. La idea de partida es que la gente no es idiota y entiende la complejidad. Y la intentamos aplicar siempre.

Antes de las elecciones, decían que tenían la voluntad de recuperar la ciudad de determinados poderes, ante los que había una dimisión del poder público. Una vez dentro, ¿la sensación es que es más complicado y que los cambios son mucho más lentos, como muestran, por ejemplo las pocas modificaciones importantes en el MWC?

Hay una parte más simple y es que hay unas dinámicas determinadas de ciudad. [Como concejal] creía que conocería a muchos sectores distintos con los que no tenía contacto hasta ahora y, de hecho, tienes la capacidad de conocer muchos mundos diferentes, pero también hay alguna gente que es la que te encuentras siempre. Y entiendo que son las élites de la ciudad, porque sus propios sectores están configurados para que sea determinada gente la que esté en los lugares de representación. También hay una parte en la que todo va más lento de lo que nos imaginábamos, y sí, los cambios en el MWC han sido pequeños. Sobre todo empezamos a trabajar el informe sobre la brecha digital, porque siempre hemos dicho que tiene que beneficiar a la ciudad de una manera distinta y aquí hay temas de conectividad. Creo que también tenemos que caminar hacia la soberanía tecnológica del ayuntamiento, no puede ser que el software sea privativo. Las cosas van lentas y se trata de poder hacerlo con diálogo y alianzas con el sector que haga falta. No se puede hacer un cambio brusco en el MWC, sino que hay que tener un diálogo con todos los actores para que los cambios puedan ser compartidos y no impuestos.

Hace unas semanas, Ada Colau anunció el proyecto de crear una confluencia estable a nivel catalán entre los distintos actores que participan en Barcelona en Comú. ¿Se ha avanzado?

Se está avanzando, pero estoy mucho más pendiente de Barcelona que de Catalunya. Se están dando pasos para poder tener un sujeto catalán que tenga sobre todo un elemento ciudadano. La idea es que Barcelona en Comú ha sido una fórmula de éxito que seguramente hace falta repetir a nivel catalán y se está trabajando para la construcción de este sujeto, con toda la complejidad que supone operar en un territorio como el catalán, que es mucho más amplio.

¿Anunciar el proyecto desde Barcelona en Comú no puede condicionar los procesos internos de otros actores, como ICV o Podem, que harán asambleas próximamente?

Creo que no. Barcelona en Comú es el sujeto que tenemos y es una experiencia de éxito y creo que los que forman parte de Barcelona en Comú, como ICV y Podem, tienen también muy claro que cuando nos hemos sumado ha sido positivo y han aportado parte de su experiencia y frescura. Pero no veo porqué tendría que condicionar sus asambleas.

¿La suma siempre es horizontal o a veces hay alguna distorsión?

Se hacen esfuerzos para compaginar las diferentes culturas políticas de cada uno, pero tampoco es ninguna sorpresa.

Dirige uno de los distritos claves de la ciudad, que concentra el peso de algunas medidas importantes tomadas por el gobierno local hasta ahora, como la moratoria hotelera. En un distrito con una gran presión turística, ¿qué balance hace?

“Espero que se mantenga el consenso de que en Ciutat Vella como mínimo tenemos que frenar el crecimiento turístico y en la medida de lo posible avanzar hacia un decrecimiento natural”

Desde Barcelona en Comú, pero creo que también desde los vecinos de Ciutat Vella, se tenía claro que el modelo turístico había generado una saturación de algunas zonas. Y creo que el Plan Especial Urbanístico de Alojamientos Turísticos va en la línea que tiene que ir, porque el Gótico lleva años perdiendo población, la Barceloneta cada vez nota más como se rompen las redes comunitarias porque hay una afluencia masiva de turistas, la Rambla prácticamente la hemos perdido para los barceloneses,... Veremos qué cambia con las negociaciones, pero espero que en Ciutat Vella se mantenga el consenso de que como mínimo tenemos que frenar el crecimiento y en la medida de lo posible avanzar hacia un decrecimiento natural. También creo que en algún momento tenemos que poder entrar a negociar con el puerto la frecuencia de cruceros.

En agosto, anunciaron un plan piloto para convertir pisos turísticos ilegales en viviendas sociales. ¿Ha funcionado?

Realmente ha costado mucho que los propietarios se sumen. Lo que sí se ha conseguido es que algunos de ellos hayan decidido dejar de dedicar el piso al turismo y ponerlo en el mercado de alquiler. En un par de semanas tenemos una reunión para revisar lo que proponíamos para ver como lo hacemos para que sea más fácil para adherirse. Se ve que no sale a cuenta, lo que significa que en general no estamos hablando de pequeños propietarios.

Mucha gente la conoció como activista en la Barceloneta antes de su salto al ayuntamiento y ahora sus vecinos ya han dejado claro que la presionarán si no cumple. Primero, ¿como están sus relaciones con los vecinos? Y, segundo, ¿es factible disminuir la presión turísticas en barrios como este y sus consecuencias más negativas, como la gentrificación?

Las relaciones con los vecinos de la Barceloneta están bien, lo que no significa que sean condescendientes con nosotros y espero que no le sean nunca. Si hay que protestar, lo harán. Lo bueno de la Barceloneta es que es un barrio que se cuida a si mismo. Sobre si se puede revertir el impacto turístico, yo sería muy realista y no es una cosa que se haga en ocho meses, un año ni en dos. Pero sí creo que se puede revertir parcialmente, como mínimo aquello que nos permita conservar esta comunidad. No significa que la misma gente se quede para siempre, sino que se mantengan unas dinámicas de barrio que son las que permiten que tenga el carácter que tiene. La Barceloneta tiene mucho atractivo por su relación con el mar y tenemos que asegurar que sus fronteras con el mar sean de y para la gente del barrio. Y vamos tomando actuaciones para asegurar que en primera línea de mar tenemos equipamientos para el barrio.

Fue muy activa contra la reforma de la marina de lujo del Port Vell y como activista denunció la opacidad del proyecto. ¿Como concejal de Ciutat Vella mantiene la misma percepción?

No ha cambiado. Es cierto que no nos hemos podido poner en serio, pero sí que sabemos que el ayuntamiento tiene muy pocas competencias sobre este proyecto y todavía no hemos entrado.

¿Y sobre el puerto, que funciona autónomamente respecto a la ciudad?

Me ha sorprendido todavía más. Sobre el puerto creo que queda mucho trabajo por hacer. La sensación es que se avanzó en la época de Itziar González [edil de Ciutat Vella entre 2007 y 2010], pero que en los últimos años se retrocedió respecto a como trabajar la relación que tiene el puerto con la ciudad. Estamos hablando de una institución pública, como es la Autoridad Portuaria de Barcelona, que opera sobre la ciudad.

“Necesitamos nuevos espacios de cogobernanza con el puerto más allá de los que existen actualmente”

Más allá de sacar un rendimiento económico totalmente legítimo de sus terrenos, hemos de poder ver de qué manera articulamos para que sus proyectos respondan también a las necesidades que tiene la ciudad. Y para esto necesitamos también nuevos espacios de cogobernanza más allá de los que existen actualmente, que son una presencia testimonial [del ayuntamiento] en el consejo de administración de la Autoridad Portuaria y en el consejo de Port 2000. Hay mucho camino por recorrer para poder hacer trabajo conjuntamente, porque no hay una reflexión conjunta de las dos administraciones sobre hacia dónde queremos que camine el puerto ciudad.

Uno de sus proyectos es el mapa de la propiedad inmobiliaria de Ciutat Vella, que ha empezado a hacerse por La Rambla. ¿La sospecha es que está en manos de pocos propietarios y que puede haber algunos capitales sospechosos detrás suyo?

Hacemos el mapa justamente para aclarar las diferentes intuiciones y percepciones que tenemos tras hablar con vecinos y comerciantes y tener datos. A nadie se le escapa que es uno de los distritos con más presión inmobiliaria y que tiene más operaciones de compraventa. Pero esperemos a tener el mapa para ver si confirmamos o no estas sospechas.

Hace algunas semanas los manteros se movilizaron para denunciar un incremento de la presión policial hacia ellos y pidiendo que se avanzara en el plan social planteado por el ayuntamiento. ¿Cómo está la situación ahora mismo?

“El espacio público no puede estar condicionado por un colectivo y menos cuando se han ofrecido alternativas, sobre todo a las situaciones de vulnerabilidad”

No conozco exactamente al detalle en qué situación están los planes sociales, porque los lleva la concejalía de Derechos Sociales, pero sé que ya se han hecho entrevistas vinculadas a los planes de ocupación. Y esto va de la mano del aumento de la presencia policial. Es importante que tengamos en cuenta que estos planes de ocupación y muchas de las medidas están orientadas a vendedores ambulantes que no tienen papeles, porque son los que están en situación de mayor vulnerabilidad. Los que tienen papeles, en realidad son vecinos de Barcelona como cualquier otro que está en el paro. Y lo que está claro es que en la gestión del espacio público, una cosa es permitir evidentemente cualquier movilización que se ampare en el derecho a la protesta, pero cuando esto lo que hace es dar cobertura a una venta irregular en la calle nosotros no podemos no actuar. Al revés. Una de las demandas que hacia el colectivo [de manteros] era hacer una cooperativa y tener un espacio fijo en el que vender, pero esto es implanteable hasta que como mínimo no se cambie la mercancía, porque no podemos autorizar la venta de productos ilícitos. Y obviamente si habilitamos espacios serían para todos los vecinos, no sólo para un colectivo determinante. La gestión del top manta es difícil. Hablamos de un colectivo que tiene un sector vulnerable y otro sector que según los cuerpos de seguridad es una red de distribución de mercancías. Es complejo, pero está claro que el espacio público no puede estar condicionado por un colectivo y menos cuando se han ofrecido alternativas, sobre todo a las situaciones de vulnerabilidad del colectivo.