RTVE no responde las solicitudes de transparencia de 'Público' porque dice que son demasiadas

Radiotelevisión Española (RTVE) publicó este lunes por primera vez los datos de sus contratos de contenidos con productoras audiovisuales. Una información que se revela tras las promesas de mayor transparencia de José Pablo López, presidente de la corporación pública desde el pasado mes de diciembre.

Pero esa mayor transparencia en la corporación no parece ser para todos. RTVE ha decidido dejar de responder las solicitudes de acceso a la información pública realizadas por Público al amparo de la ley de transparencia. Estas peticiones son el mecanismo que tienen los ciudadanos —también los periodistas— para pedir información concreta a las Administraciones públicas. Este mes de febrero la corporación no ha admitido a trámite cinco solicitudes hechas por un redactor de Público.

RTVE asegura en una resolución conjunta para las cinco peticiones que no da respuesta a las mismas debido al "elevado volumen de solicitudes presentadas" por el periodista de Público. "Se considera que constituyen un uso desproporcionado del derecho [de acceso] que dificulta la gestión ordinaria de RTVE".

Las cinco peticiones que la corporación ha decidido no admitir a trámite versaban sobre la última edición del Benidorm Fest. En ellas se solicitaba, entre otra información, las actas de valoración de las candidaturas por parte del comité de RTVE encargado de seleccionar las canciones que pasan a formar parte del festival o el coste de la celebración del mismo. A pesar de lo asegurado por RTVE, la corporación entregó tanto una información como la otra a otros medios de comunicación.

En el caso de las peticiones de Público, en cambio, RTVE considera que el solicitante realiza "un uso abusivo del derecho de acceso a la información", según su resolución. Miguel Ángel Blanes, doctor en Derecho y experto en Transparencia, explica a este medio que la respuesta de RTVE no es adecuada: "Citar el abuso de derecho es una excusa".

"Cuando una Administración tiene identificado a un periodista como una persona muy activa en transparencia, al final lo que buscan es desactivarlo. Es algo que, por desgracia, algunas Administraciones hacen con los periodistas cuando consideran que les están molestando", detalla el experto. Lo mismo hizo, por ejemplo, el Ministerio del Interior hace unos años con un redactor de El Independiente.

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"41 solicitudes de acceso"

RTVE basa su argumentación en que el redactor de Público "en el año 2024 hasta la fecha actual" ha realizado "41 solicitudes de acceso a la información pública" dirigidas a la corporación. A pesar de la redacción de la resolución, las solicitudes inadmitidas se realizaron ya en 2025.

A lo largo de 2024, este redactor realizó 26 solicitudes de acceso a la información dirigidas a RTVE. Una media de 2,17 al mes. Aún así, la ley de transparencia no recoge ningún límite concreto sobre un máximo de solicitudes de información que una persona puede realizar a un organismo público. Incluso, tal y como recuerda Miguel Ángel Blanes, "el Tribunal Supremo entiende que unas 45 solicitudes de media al año", lo que representa menos de una solicitud a la semana, "no es abusivo".

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El propio Consejo de Transparencia considera que el ejercicio abusivo del derecho de acceso se debe valorar de forma cualitativa, no cuantitativa. "El hecho de que una misma persona presente un número determinado de solicitudes no determina necesariamente un ejercicio abusivo del derecho", reza en sus criterios interpretativos.

Blanes va incluso más allá: "El abuso de derecho se tiene que justificar en relación con los medios personales y económicos de la entidad pública. No es lo mismo un pequeño ayuntamiento, que sí se puede colapsar si alguien, por ejemplo, presenta dos solicitudes cada semana, que una entidad pública como RTVE, con un presupuesto de millones y millones de euros y un personal y unos recursos económicos más que suficientes para poder facilitar esa información".

Cambios de criterio

De hecho, la inadmisión de RTVE resulta sorprendente al tener en cuenta que las mismas informaciones sobre las que este año no ha querido responder a Público, sí las ha facilitado a este medio en ediciones anteriores del Benidorm Fest.

Otra de las cinco peticiones no admitidas a trámite solicitaba conocer el sueldo de las presentadoras del festival en este 2025: Paula Vázquez, Ruth Lorenzo e Inés Hernand. Público reveló esa información para otras ediciones, como en 2023, cuando este medio informó del coste por partidas del festival y el sueldo de los conductores del mismo.

Este diario ha revelado el salario de cientos de presentadores de RTVE, tanto de los externos —que cobran a través de productoras y no tienen relación directa con la corporación— como de los internos —que tienen contrato o relación laboral directamente con la cadena pública—. RTVE intentó ocultar durante años esa información, pero tras los posicionamientos del Consejo de Transparencia y de la Justicia en su contra se vio obligada a desvelarla.

Ahora ha vuelto a negarse a publicarla. Así ha pasado con David Broncano, tal y como explicó Público tras solicitar, al amparo de la ley de transparencia, conocer el sueldo del presentador. Aún así, lo más novedoso no es que RTVE vuelva a negarse a revelar el salario de sus presentadores, sino que el Consejo de Transparencia ha cambiado de criterio y les ha dado la razón. El organismo encargado de velar por el cumplimiento de la ley de transparencia ha pasado de defender que "prevalece el interés público" sobre los sueldos de los presentadores externos de RTVE a que es una información que "tiene escasa importancia" y que no hace falta difundirla.

Sobre el Benidorm Fest de 2025, RTVE entregó a Diario AS los datos del coste del formato que negó a Público. Pero, aún así, tampoco detalló al periódico deportivo cuál era el sueldo de Vázquez, Lorenzo y Hernand como presentadoras, información que ese medio también había solicitado.

Solicitudes sin respuesta

La inadmisión de estas cinco peticiones sobre el Benidorm Fest no es el único trato desfavorable por parte de RTVE hacia Público. La corporación lleva meses sin responder otras solicitudes de transparencia realizadas por este medio.

La ley de transparencia da a las Administraciones el plazo de un mes para contestar a las peticiones de acceso que les hagan llegar los ciudadanos. A pesar de ello, RTVE aún no ha respondido a una solicitud de Público del pasado 30 de octubre, ni a una del 12 de noviembre ni a otra del 11 de diciembre. Para las tres ha expirado ya el plazo que marca la ley. Público también realizó otras tres el 10 de enero. RTVE tampoco las ha resuelto, pero en este caso ha ampliado el plazo un mes para dar respuesta —un mecanismo que permite la ley para las solicitudes de información que se pueden considerar como complejas—.

Blanes asegura que es otra treta de las Administraciones públicas: "Usan esa excusa del abuso de derecho o directamente no responden y por lo menos ya han producido un retraso en el acceso a la información y han ganado tiempo. Además, ya han transmitido esa sensación al solicitante de que no siga preguntando porque le van a aplicar esa causa de inadmisión. Es algo que suelen hacer con los periodistas cuando les resultan incómodos".