Rueda exigió medios a Sánchez cuando aún no había movilizado a miles de efectivos de su plan contra los incendios
El presidente gallego aseguró en mayo que el dispositivo de la Xunta contaba "con más de 7.000 personas" de las que ahora asegura no se han desplegado más de 4.300.
Dos departamentos distintos de la Administración gallega enviaron peticiones diferentes el pasado viernes reclamando al Gobierno personal y maquinaria sin especificar dónde los requerían.

A Coruña--Actualizado a
La Xunta de Galicia ha dejado sin movilizar a miles de personas de los servicios forestales con las que decía contar este verano para combatir los incendios, pese a que ha reclamado al Gobierno más medios materiales y humanos y a que su presidente, Alfonso Rueda, ha insinuado que el Ejecutivo de Pedro Sánchez podría estar reservando esos recursos e incluso manteniéndolos inactivos de manera intencionada.
El pasado 5 de mayo, Rueda aseguró que el dispositivo de la Xunta para este verano contaba con 7.000 efectivos, cifra que el texto que establecía ese operativo reducía, sin embargo, a menos de 5.200. La Xunta informó el pasado martes de que el personal total desplegado contra los fuegos en la comunidad, incluidas las plantillas enviadas por otras administraciones, rondaba los 4.300 trabajadores y trabajadoras en el momento de mayor refuerzo. A pesar de que ese último despliegue es inferior tanto a la cifra que dio Rueda en mayo como a la que recoge el texto del plan de prevención y defensa contra los incendios forestales de Galicia (Pladiga) 2025, que el Consello de la Xunta aprobó ese mismo día y que él presentó luego en rueda de prensa, su Administración ha exigido más medios al Gobierno, tanto a través de declaraciones públicas del propio presidente y de otros portavoces del PP como de solicitudes escritas por la vía oficial.
El pasado viernes día 15, cuando en Ourense ya habían ardido cerca de 40.000 hectáreas y había centenares de personas evacuadas o confinadas por los incendios de Chandrexa da Queixa y Larouco, que se habían iniciado el lunes y el miércoles anteriores, la conselleira de Medio Rural de la Xunta, María José Gómez, envió a mediodía una carta y posteriormente un whatsapp al delegado del Gobierno en Galicia. Según el texto al que ha tenido acceso este diario, la conselleira alertaba en su misiva de que la Xunta ya había agotado entonces "todos los medios materiales y humanos contra el fuego" de los que disponía, y que precisaba "más maquinaria pesada (bulldozers), brigadas de refuerzo en incendios forestales y todos los medios aéreos de ala fija o helicópteros" que el Ejecutivo pudiera facilitar, además de más personal del Ejército. El mensaje de Gómez no detallaba los criterios técnicos de su reclamación ni las localizaciones concretas en las que requería esos refuerzos. Los incendios ya presentaban entonces un frente de llamas de cientos de kilómetros a caballo de las provincias de Ourense y Lugo.
El mismo día 15, pocas horas después de la petición de la conselleira de Medio Rural, el director xeral de Emerxencias de la Xunta, Santiago Villanueva, adscrito a la Consellería de Presidencia, Xustiza e Interior que dirige Diego Calvo, envió otro escrito al Gobierno al que también ha podido acceder Público. Villanueva pedía por su parte "ingenieros zapadores pertenecientes a la Brilat [la Brigada Ligera Aerotransportable, con base en la provincia de Pontevedra]"; así como máquinas para "la consolidación de perímetros en operaciones contraincendios" y, de manera genérica, "todos aquellos otros medios que la Administración Estatal pueda aportar para la extinción de incendios y la protección de la población". Su solicitud tampoco expresaba fundamentos técnicos ni los emplazamientos donde reclamaba ese despliegue, cuando los fuegos afectaban ya a más de una treintena de municipios que ocupan una superficie de 3.800 kilómetros cuadrados –más de la suma del territorio que ocupan las islas de Tenerife, La Palma, La Gomera y El Hierro– y en los que habitan más de 83.000 personas.
Dos días después, el domingo pasado, Rueda recibió a Pedro Sánchez en el centro de coordinación del dispositivo contra el fuego en Ourense, y, durante la rueda de prensa conjunta posterior, reclamó que el Ejército se incorporara "lo antes posible" a las tareas de extinción. Lo cierto es que la Unidad Militar de Emergencias (UME) ya se había desplegado hacía días en Ourense, pero Sánchez prometió medio millar más de soldados y mandos expertos en situaciones de catástrofes, y prometió que a la Xunta no le iban a faltar "recursos ni apoyo" para afrontar los incendios. Al día siguiente, Rueda se lamentó públicamente de que los refuerzos prometidos estuvieran llegando "a cuentagotas" e insinuó que el Gobierno podría estar retrasando intencionadamente su llegada a Galicia: "Si hay medios sin movilizar nadie entendería que no estuviesen ya trabajando contra el fuego. Si alguien se está reservando medios esperando algún tipo de petición, no tendrían perdón y no tendría explicación", dijo. Al día siguiente, la secretaria xeral del PPdeG, Paula Prado, insistió en ese relato, acusó al Gobierno de no haber puesto a disposición de la Xunta "todos los medios desde el primer momento" y subrayó el Gobierno gallego sí estaba "aprovechando al máximo" los suyos.
Los datos oficiales que ha ofrecido hasta ahora la Xunta ofrecen una versión diferente, y contradictoria. Cuando presentó el Pladiga 2025 el 5 de mayo pasado, Rueda dijo que el dispositivo contraincendios para el verano estaba integrado "por más de 7.000 personas, contabilizando tanto los profesionales propios de la Xunta como los adscritos a otras administraciones". El texto del plan, sin embargo, contemplaba miles de efectivos menos, en concreto 5.189: 3.044 del personal propio de la Administración autonómica; 1.968 de la plantilla de entidades comarcales, ayuntamientos y diputaciones; otras 112 personas adscritas a medios aéreos subcontratados y 65 más, a los medios estatales. El martes, la Xunta afirmó que ese día habían trabajado en los incendios unas 4.300 personas: más de 3.000 de la Xunta; además de doscientos bomberos y miembros de los grupos de emergencia supramunicipal y de protección civil; 343 brigadistas municipales; 466 mandos y soldados de la UME y de las brigadas forestales del Estado; 256 soldados y mandos de la Brilat y de la Brigada Paracaidista (Bripac), además de otros 24 militares operadores de maquinaria pesada.
En el plan que Rueda presentó antes del verano, la Xunta afirma que cuenta con 3.044 trabajadores propios para la lucha contraincendios, pero, según la Confederación Intersindical Galega (CIG), la central mayoritaria en la función pública autonómica, la relación de puestos de trabajo contempla sólo 2.888: 2.430 bomberos –de ellos 1.434 funcionarios y 996 laborales– y 458 agentes ambientales. Se trata además de plazas, no de trabajadores, y la diferencia es relevante porque, según la CIG, muchas de ellas están vacantes –bajas médicas, excedencias, jubilaciones sin reposición, libranzas, etcétera–, de las que la Xunta no ha informado pero que "eran previsibles y no fueron cubiertas", según sostiene Zeltia Burgos, portavoz del sindicato. Burgos lamenta la gestión "irresponsable e improvisada" que en su opinión está haciendo la Xunta del operativo: "Llevamos ya 14 llamamientos de personal, más de 550 plazas, la mayoría en el mes de julio, y las pruebas de aptitud física se realizaron entre los días 21 y 23 de ese mes, lo que significa que muchas de las personas que están hoy luchando contra el fuego tienen apenas días de experiencia y, como entraron en plena campaña, no se les ha podido formar adecuadamente".
Público se ha dirigido a la Presidencia de la Xunta para conocer las razones por las que Rueda dijo contar con más de 7.000 personas en el dispositivo proyectado para el verano, cuando el plan que lo regula sólo contempla 5.199, y para saber por qué se reclaman medios estatales cuando, según esas cifras, no se habría desplegado aún a toda la plantilla ya prevista. También para saber si había plazas vacantes que ni se cubrieron ni se contabilizaron como tales. A la hora en la que se terminó de redactar esta pieza, el gabinete de comunicación del presidente gallego no había ofrecido respuesta.
Coordinación en las peticiones
Este diario también ha preguntado a la consellería de Presidencia, Justicia y Deportes, de la que depende el servicio de Emerxencias, y a la de Medio Rural, si habían actuado coordinadamente cuando el pasado viernes enviaron al Gobierno dos peticiones diferentes y separadas por apenas unas horas de medios materiales y humanos distintos para apoyar la lucha contra los incendios. Público también se interesó por los criterios técnicos en los que las dos consellerías fundamentan esas reclamaciones y por las razones por las que sus respectivas solicitudes no contemplaban los lugares concretos en los que se necesitaban los bomberos, los efectivos militares y la maquinaria que cada una decía precisar. Los departamentos de los conselleiros Diego Calvo y María José López tampoco habían respondido a la hora de cierre de esta información.
Con posterioridad a la publicación de este artículo, la Consellería de Medio Rural de la Xunta sí envió una respuesta a Público en la que asegura que las peticiones de ambos departametnos "fueron habladas" entre ambos y "coordinadas en función de las necesidades identificadas" por los técnicos del operativo de extinción. Con respecto a la falta de concreción de los lugares donde se precisaban los refuerzos, Medio Rural señala que "ante una emergencia de estas características, las necesidades son múltiples y diferentes con el paso de los días y las horas", y que la declaración de situación operativa 2 favorecía, precisamente, que esos medios "se pudieran distribuir con más flexibilidad y agilidad". " No tendría sentido vincularlos a un número concreto de zoas si después la realidad cambia y se necesitan en otras diferentes, añade la Consellería, para concluir: "Para quien coordina el poerativo [...] lo importante es poder tenerlos cuanto antes y luego distribuirlos en función de las necesidades".
Por otro lado, la Cadena SER informó este miércoles de que la Xunta ha dado marcha atrás a su decisión de retirar el pasado martes a varios bomberos de las tareas de extinción, mientras el Ejecutivo autonómico seguía reclamando medios al Estado. La Xunta atribuyó la desmovilización a un error derivado de que se trataba de bomberos urbanos, no forestales, desplegados en zonas donde no había evacuaciones ni confinamientos y donde los recursos presentes sí serían suficientes. La Xunta ha anunciado que ha vuelto a movilizar a esos bomberos para labores de saneamiento y liquidación de perímetros forestales.



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