El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz ha exigido a la Unidad Central de Delincuencia Económica (UDEF) que le presente "de forma urgente" y "en el improrrogable plazo de tres días" un informe sobre la documentación incautada en el registro efectuado en la empresa Unifica del arquitecto Gonzalo Urquijo, que dirigió el proyecto de renovación de la sede del Partido Popular (PP). El magistrado recuerda en una providencia hecha pública este martes que pidió a la unidad policial el pasado 1 de octubre la entrega del informe "a la mayor brevedad".

Días después, el 25 de ese mismo mes, reiteró la petición y especificó que los agentes debían analizar la documentación y efectos incautados y compararla con las facturas aportadas por el partido sobre las obras en su sede.

El informe de la UDEF resulta "imprescindible", dice el juez, para realizar nuevas diligencias de investigación y para fijar una fecha para la toma de declaración como imputado de Urquijo por la presunta comisión de delitos contra la Hacienda Pública, falsedad documental y falsedad contable. El registro fue ordenado después de que peritos de la Agencia Tributario comunicaran que la contabilidad oficial del PP entre 2007 y 2010 no mencionaba dos pagos a Unifica por valor de 522.000 euros y 859.140 que se produjeron, respectivamente, en los años 2007 y 2009.

Hacienda señalaba, además, que los papeles de Bárcenas consignan tres apuntes contables con referencias a 'Gonz. Urquijo', 'Gonzalo (Arquitcto)' y 'G.U.' por un importe total de 888.000 euros. Estas salidas de efectivo deberían haber conllevado el pago de una cuota superior a 120.000 euros para Unifica en concepto al Impuesto de Sociedades del ejercicio 2008, lo que superaría el umbral del delito fiscal y no prescribiría hasta el 27 de junio de 2014.

Del análisis documental que obra en la causa se derivan "indicios de una falta de concordancia o descuadre entre la facturación y documentación soporte de los servicios ejecutados por la referida mercantil para el PP respecto de las obras de remodelación de su sede central", decía el juez en el auto en el que imputaba a Urquijo. En concreto, Unifica podría haber percibido "anticipos a cuenta" por estas obras que "no aparecen descontados en las facturas finales", por lo que además del delito tributario se podría haber producido otros de falsedad documental o contable.

Bárcenas aseguró durante su declaración ante el juez del pasado 15 de julio que los apuntes consignados en sus papeles y referidos al arquitecto correspondían a pagos realizados a la empresa encargada de las obras. El extesorero explicó entonces que la forma de desembolso "seguramente no se realizó a propuesta del constructor" sino que el pago en B salió del propio PP "porque tendrían más dinero en negro que en blanco".

Por otra parte, el magistrado pide en la misma providencia un nuevo informe a la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) en este caso, sobre la adjudicación a la filial de Sacyr, Sufi, de un contrato para la recogida de basuras en la ciudad de Toledo. Ruz investiga si esta adjudicación se produjo después de la entrega por parte de Sacyr de una comisión de más de 200.000 euros a miembros del PP de Castilla-La Mancha para financiar la campaña electoral del año 2007.

También pide a la constructora que le proporcione el organigrama del grupo y le informe sobre qué personas de su filial participaron en la tramitación del su contrato de basuras y da cinco días al PP de Castilla-La Mancha para que le comunique quien era su tesorero regional en los años 2006 y 2007.