El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, viaja este jueves a Rabat junto al ministro de Exteriores, José Manuel Albares, para reunirse con el rey Mohamed VI, un encuentro enmarcado en el inicio de la nueva etapa entre los dos países después del giro histórico en el conflicto del Sáhara Occidental a favor de Marruecos.

Se trata de un cambio de postura adoptado por el líder del Ejecutivo a espaldas de sus socios gubernamentales y del resto de formaciones del arco parlamentario, que este miércoles han vuelto a dejar solo al PSOE en la defensa de una decisión por la que que España reconoce la propuesta de autonomía marroquí para el Sáhara Occidental y abandona su posición de neutralidad activa en un conflicto prolongado durante 46 años.

En este sentido, tal como hicieron durante las comparecencias de Albares y del propio Sánchez, los representantes de todos los grupos, salvo el socialista, han afeado al presidente del Gobierno su misiva al rey marroquí dada a conocer el pasado 18 de marzo y le han pedido que aproveche su visita a Rabat para "rectificar" su decisión y volver a la "postura histórica, de respeto al derecho internacional y a la neutralidad".

Esta nueva respuesta de la Cámara Baja se ha dado durante el debate de la proposición no de ley relativa a la posición del Gobierno español en relación con el conflicto del Sáhara Occidental, presentada por Unidas Podemos, ERC y EH Bildu, y que se votará mañana. 

En concreto, la iniciativa persigue que el Congreso ratifique su apoyo a las resoluciones de la ONU y a la Misión de Naciones Unidas para el referéndum en esa región, y que lo haga con "el convencimiento de que solo el diálogo, la negociación y el acuerdo llevado de manera constructiva y conforme al Derecho Internacional, ayudarán a alcanzar una solución política justa, realista, viable, duradera y mutuamente aceptable en el Sáhara".

Todo ello sin mencionar directamente "el derecho de autodeterminación" de la antigua colonia española, aunque en esencia dichas resoluciones abogan por esta propuesta como solución del contencioso. El redactado de la parte dispositiva no es casual, tal como han señalado diferentes fuentes parlamentarias de los partidos proponentes, a pesar de que en la exposición de motivos sí se recoge la crítica hacia el giro adoptado "unilateralmente" por una "parte del Gobierno español" en relación al conflicto del Sáhara Occidental.

El diputado de Unidas Podemos Gerardo Pissarello ha tachado de "perturbadora" la carta enviada por Sánchez al monarca marroquí, "que ha cercenado las libertades de miles de saharauis", y ha añadido que un Gobierno progresista, del que su grupo forma parte, no puede usar ciertos términos que le hace perder credibilidad como "mediador" para el Sáhara.

La diputada de ERC Marta Rosique ha acusado a Sánchez de vulnerar el derecho a decidir del pueblo saharaui y de "saltarse" 74 resoluciones de la ONU con su cambio de posición. Asimismo, el parlamentario de EH Bildu Jon Iñarritu se ha pronunciado en estos términos, calificando la "propuesta unilateral" de "chapuza diplomática y jurídica".

Unas críticas sobre el fondo de la cuestión que han sido aireadas también por los diferentes portavoces de PNV, Cs, y del Grupo Plural y Mixto, mientras que la diputada del PP Valentina Martínez ha afeado nuevamente que el giro de Sánchez se ha llevado a cabo "sin respeto" a los grupos y "sin transparencia". 

Por su parte, el diputado socialista Sergio Gutiérrez ha intentado desquitarse de las quejas de todos los grupo asegurando que "nadie va a imponer el futuro a los saharauis, pero para que tengan un futuro, hay que desbloquear el debate político que lleva 46 años enquistado".