"Vamos a por el votante descontento del PSOE". A eso aspiran en el PP para las próximas elecciones generales y para ello han publicado su Plan Nacional para la Inmigración, presentado este martes en Barcelona como un proyecto para un futurible Gobierno de España. Los populares se creen capaces de captar votantes socialistas, aunque varias de sus propuestas sobre migración ya han sido defendidas en el pasado por la extrema derecha. "Se va a dejar barba", bromeaba Santiago Abascal sobre Feijóo tras conocer sus medidas.

En Vox están encantados de que el Partido Popular adopte medidas que parezcan suyas, porque saben que eso les beneficia en las encuestas. Y la realidad es que el argumentario sostenido por el Partido Popular en su nuevo documento ya ha sido, en parte, esgrimido en el pasado por Vox. En total, hasta seis medidas han sido presentadas antes por la formación de Abascal. "Que no se enreden con los decálogos de inmigración, que copien el nuestro directamente", ironizaba durante el Pleno del Congreso de los Diputados Juan José Aizcorbede, diputado de Vox. 

Los enfoques de PP y Vox difieren, si bien tienen un importante nexo en común que en este último plan nacional ha quedado evidenciado. Los de Feijóo autodefinen su política migratoria como "liberal y europea", mientras Vox construye su discurso contra "las políticas globalistas y del multiculturalismo". Sin embargo, el mensaje del Partido Popular termina por relacionar migración, delincuencia y problemas sociales y legitima discursos propios de Santiago Abascal.

Las mafias de la migración

"Recuperar el control de las fronteras es la condición básica (...) Combatir las mafias, garantizar retornos efectivos y asegurar acuerdos con países de origen y tránsito" es una de las medidas anunciadas por el PP en su plan. Esta misma medida la anunció Vox en mayo de 2024 cuando proponía "luchar contra las mafias de tráfico, una propuesta recuperada de su programa electoral para las elecciones del 23-J de 2023. "Endureceremos las penas contra las mafias de la inmigración ilegal", prometía Vox hace ya dos años. 

Contra los migrantes que cometan delitos

"La pérdida de residencia debe ser automática cuando un inmigrante incurra en delitos graves y la reincidencia no puede ser compatible con la permanencia en España". Esa frase ha sido sostenida en varias ocasiones por el PP y ahora ha quedado plasmada en su nuevo proyecto nacional. Sin embargo, en el punto 203 del programa electoral de Vox se puede leer una idea muy parecida: "Expulsaremos de forma inmediata a los inmigrantes legales que cometan delitos graves o hagan del delito leve su forma de vida, procurando que cumplan las penas en sus países de origen". 

"Exigir es integrar"

"La integración es un resultado, no un punto de partida. (...) Exigir es integrar", dice el Partido Popular, que pretende imponer la adaptación y asimilación de la cultura nacional al extranjero. En el punto 202 del programa, Vox pedía la misma sumisión a los migrantes: "Cualquier persona que quiera venir y permanecer en España en búsqueda de oportunidades debe cumplir la ley y tener una clara voluntad de integración y adaptación". 

Límite al arraigo para permisos de residencia

Algo en lo que están de acuerdo PP y Vox es en limitar el concepto del arraigo. Los extranjeros pueden solicitar un permiso de residencia alegando cuestiones como el arraigo cultural o de trabajo. "Hemos pasado de 30.000 regularizaciones por arraigo al año a 300.000 y eso que la propia ley dice que es excepcional", denunciaba este martes Alma Ezcurra, vicesecretaria de organización del PP y encargada de la elaboración del documento. Esa postura llevó hace unas semanas a los populares a votar a favor de una proposición de ley de Vox en el Congreso de los Diputados para reformar la norma. 

"Recuperaremos el carácter excepcional del arraigo como mecanismo legítimo, efectivo y probable", propone el texto del PP. Del mismo modo, Vox pedía en su programa electoral la "supresión de la institución del arraigo como forma de regular la inmigración ilegal y revocación de las pasarelas rápidas para adquirir la nacionalidad española".

Devolución de menores migrantes

La extrema derecha ha logrado convertir a los menores migrantes no acompañados en el foco de la noticia y el PP se ha sumado a ese discurso. En su plan nacional, los de Feijóo recuperan la idea ya esbozada en la Declaración de Murcia a finales de septiembre. "Siempre que existan datos que lo permitan, se debe promover el retorno y la reunificación familiar de los menores", reza el documento presentado en Barcelona. Esta misma medida la propuso Vox ya en 2022 a través de una Proposición no de Ley que nunca llegó a votarse. En ella se instaba a "asegurar el retorno de los MENA a sus países de origen". 

La hispanidad como barrera entre migrantes

Este es un debate histórico dentro de la derecha que vuelven a protagonizar PP y Vox. Los de Feijóo dicen abiertamente que "será un factor positivo en la evaluación del visado" si el extranjero tiene un "espacio compartido de lengua, historia y valores". Esto, una referencia a la hispanidad que hace más flexibles las barreras para los que lleguen desde América Latina, también se puede leer en el programa de Vox. "La identidad nacional de España se forjó en su historia conjunta con las naciones de la Iberosfera. Nuestra política de inmigración atenderá de forma prioritaria a los ciudadanos procedentes de las naciones que comparten idioma e importantes lazos de amistad, historia y cultura con España", reza el documento de la extrema derecha diseñado para las elecciones del 23-J.

Otras medidas, parecidas a las de Vox

Mientras las propuestas del plan nacional tiene medidas que ya intentó implementar sin éxito Mariano Rajoy (como el caso del visado por puntos), hay otras que sí son de cosecha propia: aunar competencias en migración en un solo ministerio (ahora, según los populares hay "cinco ministerios que se pisan competencias"), relacionar la autorización de residencias de larga duración al "esfuerzo" y que todo se base en "criterios de contribución, trabajo e integración". También proponen reforzar el papel de Frontex y reforzar las unidades especiales de la Policía Nacional y Guardia Civil así como revocar "permisos a extranjeros con vínculos criminales o radicales" si hay una resolución judicial que sostenga esa relación. 

Sin embargo, hay otras con un sonoro parecido con las medidas diseñadas por la extrema derecha. Por ejemplo, el PP propone que el padrón sirva solamente para "fines estadísticos" y que no sea un documento válido para pedir ayudas o para solicitar residencia legal. Vox lo lleva más lejos y proclamaba que "los inmigrantes ilegales no podrán empadronarse ni adquirir con ello los beneficios y las ayudas correspondientes".

Otra similar es que el PP ha propuesto que "las prestaciones económicas como el Ingreso Mínimo Vital (IMV) estén ligadas a la búsqueda activa de empleo". Vox, directamente, pide vincularlas a la residencia legal. Sin embargo, ambos partidos apuntan con esto a que los migrantes viven de las ayudas. "No tiene ningún sentido que medio millón de personas vivan sin trabajar, sin cotizar y sin intención de trabajar y sin intención de cotizar", denunciaba Feijóo.

Sobre el asilo también tienen pareceres similares en la derecha y la extrema derecha. El PP pide crear "un sistema ágil y riguroso" y para ello propone reforzar "las oficinas responsables de tramitar solicitudes". Vox, en cambio, aboga por "la creación de plataformas seguras de desembarco en territorios no europeos gestionados por la propia Unión para evaluar las solicitudes de asilo y reparto equitativo solo de los que tengan derecho en los 27 países miembros". 

Otro punto en común con matices surge en las exigencias a los inmigrantes. El PP propone "exigir una integración real y verificable" y elevar la "exigencia lingüística hasta el B2". Vox lleva esto a su extremo y propone en su programa electoral revisar "el derecho a la nacionalidad vinculada únicamente al hecho de haber nacido en territorio nacional". Esto mismo es lo que provocó que Rocío de Meer, portavoz de Vox, planteara la deportación masiva de ocho millones de personas, incluidos españoles hijos de migrantes.