Cinco jueces del Supremo inician este lunes una semana con un tema clave sobre la mesa: la petición de la familia de Franco de que impida cautelarmente los planes del Gobierno de exhumar el próximo 10 de junio sus restos enterrados en el Valle de los Caídos para reinhumarlos después en el cementerio de El Pardo. 

Las obras del panteón del cementerio de Mingorrubio donde será enterrado el dictador en caso de que el Supremo no lo impida, están siendo sufragadas por el Estado puesto que la sepultura es de propiedad pública, por lo que corresponde a las arcas públicas hacer frente al desembolso. Según han asegurado fuentes del Gobierno se trata de un "contrato menor" que no excederá la cuantía de los 15.000 euros. Las labores de acondicionamiento comenzaron el pasado jueves para tener preparado el nicho en la fecha prevista.

Pero ahora, a una semana de que se cumpla la fecha prevista, la sección cuarta de lo Contencioso-Administrativo debe decidir si paraliza cautelarmente la exhumación, como también solicitaron la Fundación Franco y la comunidad benedictina del Valle de los Caídos.

Celaá asegura que el Ejecutivo respetará la decisión

Fuentes del Supremo apuntan a que será previsiblemente el martes cuando los magistrados estudiarán las peticiones en una reunión en la que no se meterán a analizar el fondo del asunto, sino que simplemente decidirán si procede admitir las medidas cautelares. A la espera de conocer la postura del alto tribunal, el Ejecutivo "sigue absolutamente con su plan" de exhumación siempre y cuando el Supremo no lo impida.

Así lo aseguraba el pasado viernes la ministra portavoz del Gobierno, Isabel Celaá, quien consideró que, "dentro de lo posible", el Tribunal Supremo podría acordar medidas cautelares y, por tanto, podría paralizar la exhumación de Francisco Franco, en cuyo caso el Ejecutivo respetará la decisión del tribunal.

Hace meses, el alto tribunal ya dejó claro en una resolución que será él quien tenga la última palabra en el asunto al advertir que no se podrían trasladar los restos del dictador hasta que la sala se pronunciase sobre el recurso contra el acuerdo final del Gobierno. Ahora, después de pedir hace tiempo al Ejecutivo dicho acuerdo del 15 de marzo, es cuando la sala debe tomar posición sobre las medidas cautelares de los recurrentes.