Las asociaciones policiales no olvidarán, al menos a corto plazo, el nombre del primer juez que les ha plantado cara. Se llama Antonio Seoane e ingresó en la judicatura hace 20 años tras haber ejercido durante otros 23 en el ámbito de la abogacía. Si este martes le ha dicho al Sindicato Unificado de Policía (SUP) que no hay que "creer que el cuerpo al que uno pertenece merece más que los demás", anteriormente ya se posicionó contra el abaratamiento de los despidos y no dudó en denunciar la corrupción judicial.

"Por doquier hay mafias organizadas que acechan a la administración de Justicia y a los jueces. Grandes mafias organizadas que controlan el narcotráfico, el contrabando, la especulación financiera y urbanística, la trata de blancas y la prostitución o el tráfico de inmigrantes", relataba Seoane en un artículo reproducido en 2018 por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) de Madrid.

Allí hablaba también de las "pequeñas mafias provinciales, incomprensiblemente toleradas, que 'pelotean' facturas para defraudar al fisco en materia de IVA, que establecen conexiones 'privilegiadas' para obtener permisos de trabajo o que se presentan a sí mismas como 'conseguidores' de pensiones de la Seguridad Social para beneficiarios a quienes no les corresponden".

"Estas pequeñas mafias se fundan por grises personajillos, usualmente abogados graduados sociales, gestores o asesores que tejen su tela de araña captando su 'trabajo' en el medio rural o a través de cómplices en las Administraciones públicas correspondientes", remarcaba.

"Los jueces son tan propensos a la corrupción como cualquier otro profesional. Tanto como los médicos, los abogados o los chapistas. O incluso más, porque el juez es depositario de un poder social incontrolable por definición y controlable por excepción", recordaba en aquel artículo, en el que se refería también al "corporativismo mal entendido" y también criticaba lo que consideraba "cierta visión parcelada de la Justicia".

Seoane, que fue magistrado de lo Social en Badajoz y ahora está en Madrid, ha vuelto esta semana a referirse al "corporativismo" para rechazar la petición formulada por el SUP para dotar urgentemente a los agentes de material de protección ante el coronavirus.

El juez destaca que "hay personal más gravemente expuesto" y subraya que "ante la carencia de material para todos, el Gobierno de la Nación debe priorizar servicios, territorios, grupos sociales". Además, acusa también a ciertas asociaciones policiales de "servir a intereses políticos de desgastar al Gobierno en tan crítica situación", en referencia a la emergencia del coronavirus.

Contra la cadena perpetua

Crítico con la politización de la justicia, enemigo de los corporativismos… y contrario a la prisión permanente revisable que promovió el PP. Esto último lo dejó firmado a principios de 2018, cuando suscribió –junto a un largo número de magistrados– un manifiesto contra la cadena perpetua promovido por el Grupo de Estudios de Política Criminal y apoyado por Jueces y juezas para la Democracia, Asociación de juezas y jueces Ágora Judicial y Unión Progresista de Fiscales.