Decisiones judicial por la covid-19Un juez rechaza obligar a que Interior suministre de forma urgente material de protección a la Policía

Un titular del Juzgado de lo Social número 34 de Madrid ha rechazado "de plano" la solicitud del Sindicato Unificado de Policía (SUP) para dotar urgentemente a los agentes de material de protección ante el coronavirus y, en un duro auto, ha denunciado la "inhumanidad de los corporativismos" en esta pandemia.

El magistrado Antonio Seoane, que rechaza la adopción de medidas cautelarísimas en este caso, critica la actuación de muchas fuerzas sindicales legítimas, pero "de franja", no mayoritarias en el país, que están recurriendo a la Justicia para defender intereses corporativos, lo que supone "creer que el cuerpo al que uno pertenece merece más que los demás".

En esa "guerra sindical", algunas fuerzas son minoritarias en sus respectivos cuerpos funcionariales, otras mantienen posiciones ideológicas "legítimas, en clara oposición al color del Gobierno", y otras, incluso, "otrora defendían la sanidad privada y los recortes a la sanidad pública".

El magistrado lamenta que otros juzgados hayan ordenado medidas urgentes para proteger a determinados colectivos cuando es obvio que no hay recursos para todos y sospecha que la actuación de determinados sindicatos solo busca "servir a intereses políticos de desgastar al Gobierno en tan crítica situación, pasando por alto que en estas situaciones calamitosas es necesaria la unidad de dirección".

"En ello radica el auténtico patriotismo. Únicamente recordar que en situación de guerra, en la que afortunadamente no estamos, los quintacolumnistas, los desinformadores, los que desmoralizan y desmotivan a la población civil son condenados por traición a las más graves penas por connivencia con el enemigo", añade.

El magistrado subraya que en el estado de alarma, y ante la escasez de recursos, es el Gobierno el encargado de establecer sectores y puestos preferentes: "No es función de los Tribunales de Justicia tejer cuadros de macramé para su exhibición en los salones de las casas de los ciudadanos".

El SUP invocaba la normativa de prevención de riesgos laborales, pero el titular del juzgado de lo Social número 34 de Madrid no cree que sea de aplicación directa en el actual estado de emergencia sanitaria.

Las acciones que pide el SUP están "condenadas a la esterilidad" 

En los estados de alarma, excepción o guerra, destaca, "son las autoridades gestoras de la crisis las que deben proveer a dotar de equipos de protección, siempre en la medida de sus posibilidades. No es imaginable que en situación de guerra los sindicatos pidan judicialmente que se construyan refugios antiaéreos u hospitales de campaña o que se proporcionen balas a los soldados para evitar más muertes".

El juez reprocha al SUP que olvide que la falta de protección afecta a todos los empleados públicos que prestan servicios esenciales y que "hay personal más gravemente expuesto; que ante la carencia de material para todos, el Gobierno de la Nación debe priorizar servicios, territorios, grupos sociales".

El requerimiento de un juzgado, a su juicio, no aporta nada "al requerimiento moral que cada día" se estarán haciendo los mandos policiales o los responsables políticos al comprobar las deficiencias existentes, "entre otras cosas porque es público que alguno de ellos y sus familias se han contagiado". Por lo tanto, el magistrado estima que las acciones solicitadas por el SUP están "condenadas a la esterilidad".