Siete retratos de la corrupción en el PP valenciano

VALENCIA.- Cuando el PP valenciano hablaba de “un nuevo PP”, con muchas líneas rojas, “honrado” y “decente”, el penúltimo caso de corrupción destapado en su seno, el caso Imelsa, ha arrojado esta semana algunas cifras mareantes que superan con creces la estela del caso Gürtel en este territorio: 24 arrestados y 29 imputados (investigados, según la última reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal) solo en una mañana.

Y también medio centenar de cargos y asesores del partido de la ciudad de Valencia (es decir; todo el partido) desfilando para declarar ante la Guardia Civil por el presunto blanqueo de dinero negro procedente mordidas a empresas adjudicatarias de contratos públicos que habría financiado ilegalmente el partido. A estos últimos se les llama ahora “imputados policiales”.

El caso Imelsa, que arrancó con el expresidente de la Diputación de Valencia Alfonso Rus y el exgerente de la empresa pública Imelsa, Marcos Benavent, contando billetes en un coche procedentes supuestamente de un soborno, ha acabado por extenderse a la Generalitat valenciana y al Ayuntamiento de Valencia y hacer mover ficha a Génova, aunque solo sea en esta última administración. Con todo el PP local bajo sospecha, la dirección nacional ha decidido disolver el partido y colocar una gestora a su cargo.

Un movimiento inédito hasta ahora y una reacción que no provocaron los casos Gürtel, Brugal, Rabassa, Cooperación, Emarsa, Nóos o Fabra, por hablar solo de los que afectan a la última década y, en palabras del actual presidente, Ximo Puig, han dejado una “hipoteca reputacional” de “corrupción masiva” por levantar en el País Valencià. Hace un par de años, el periodista Sergi Castillo usó la calculadora en su libro Tierra de saqueo y puso la factura de aquellos agravios sobre la mesa: 12.500 millones esquilmados solo entre 2008 y 2013.

Desde entonces, han llovido algunos casos de corrupción más, con sus correspondientes imputados: desde el alcalde de Cullera, Ernesto Sanjuán, por permitir hacer fuegos artificiales con alerta máxima de incendio que acabaron quemando una montaña, hasta el primer diputado de la era post Francisco Camps que entró en prisión, el exalcalde de Torrevieja Pedro Hernández Mateo, por el que los populares se pasaron de escaño a escaño en Les Corts un escrito para recoger firmas pidiendo su indulto. Precisamente en la época en la que con más diputados imputados contaban en sus filas; hasta once se contaron simultáneamente, de una lista en la que tan pronto como salían unos entraban otros.

Por encima todos ellos, siete nombres propios del PP valenciano como siete pecados capitales se han sentado o sentarán en el banquillo por sustraer dinero público con fines particulares. Estas son sus credenciales:

O Roger Rabbit (también el Conejo o Conill), según la investigación del caso Cooperación, la primera de las causas en las que está implicado y por la que cumple pena de seis años y medio de cárcel. El Supremo ratificó la condena del TSJ valenciano contra él por malversación de caudales públicos, al considerar probado que se apropió, en el ejercicio de su cargo, de fondos destinados a programas de cooperación con Nicaragua. Tiene pendientes dos causas más por haber desfalcado las ayudas públicas a ONG en su etapa como conseller de Solidaridad y Ciudadanía, creada ex profeso por Francisco Camps.

Con Camps fue cuatro veces consejero. Y con Eduardo Zaplana, otra más. Consciente de que contaba con importante información sobre sus rivales políticos, el exministro de Trabajo fichó a Blasco diez años después de que el PSPV de Joan Lerma (con quien fue dos veces consejero) lo expulsara de sus filas. Por cierto, su mujer Consuelo Ciscar, fue imputada también hace tan solo dos semanas por malversación y prevaricación en el IVAM, museo que entró a dirigir de la mano de Eduardo Zaplana.

En 2014, y después de once años retrasando la investigación judicial, finalmente entró en la cárcel el quinto miembro de la estirpe Fabra que presidió la Diputación de Castellón. Ni por las polémicas corridas de toros que organizaba desde la corporación, ni por el infrautilizado aeropuerto de la provincia. Carlos Fabra, el político al que más veces le tocó la lotería, acabó en la prisión de Aranjuez por defraudar a Hacienda durante cuatro años seguidos y no poder probar sus incrementos de patrimonio.

Al presidente más breve del País Valencià no se le recuerda ninguna política pública de calado para la ciudadanía. Solo estuvo diez meses al frente de la Generalitat, en el tránsito entre Zaplana y Camps. Pero, en cambio, sí se le recordará por otros asuntos que nada tienen que ver con el interés general. Presidió Bancaja y Banco de Valencia y quebró ambos. Está imputado en los dos casos que adquirieron su denominación tomando el nombre de las entidades saqueadas, y también por la ampliación de capital del Valencia CF. En junio de 2015 fue detenido por estafa y malversación por los negocios de Bancaja en el Caribe.

La sucesora de Luis Díaz Alperi (que se cortaba las uñas en su escaño de Les Corts) comparte imputación por cohecho, información privilegiada y tráfico de influencias en el caso Brugal con su predecesor en el cargo. Está imputada también por tráfico de influencias y prevaricación en el caso Rabassa. En ambas causas existen indicios de que benefició a Enrique Ortiz, el constructor más agraciado de la provincia de Alicante con adjudicaciones públicas, con quien solía salir de viaje y hasta montó una fiesta de pijamas.

Sospechoso de intentar comprar el silencio de los familiares de las víctimas del metro y de haber recibido supuestas adjudicaciones irregulares de subvenciones de la Generalitat a empresas de su familia dentro del caso Brugal. El supernumerario del Opus Dei (concejal con Rita Barberá, director general de la Policía de José María Aznar, dos veces consejero y vicepresidente tercero ad hoc de Francisco Camps; presidente de Les Corts con Camps y Alberto Fabra) dimitió muchos meses después de que un testigo le señalara como el "factótum" de la organización de la visita del papa Benedicto XVI a Valencia en julio de 2006. Un mes después de retirarse de la política, el juez le imputó por los presuntos delitos de prevaricación y cohecho en la rama del caso Gürtel que indaga en la supuesta contratación ilegal de Canal 9 para la retransmisión de la cita papal, que el habría pergeñado.

Serafín Castellano sobrevivió a Eduardo Zaplana y a Francisco Camps. Y hasta a su eterno rival en la provincia y en el partido en Valencia, Alfonso Rus, con quien peleó (y perdió) en sendas plazas.

Pocos días después de las elecciones autonómicas de mayo, Castellano, a quien la prensa conservadora señalaba como relevo de Alberto Fabra para presidir el PPCV después de la debacle electoral, cayó. Le detuvieron en su casa las propias fuerzas del orden de las que, como delegado del Gobierno de Mariano Rajoy, era el máximo responsable de la Comunidad Valenciana.

Está imputado por las presuntas irregularidades en la adjudicación de contratos antiincendios en una trama que tiene alcance estatal y que es conocida ya como el cártel del fuego. Entre los cargos que se le imputan a Castellano está el cohecho, por recibir presuntamente regalos de empresarios con los que se iba a cazar.

Era el último barón popular de la época campista que quedaba en pie. Pero las grabaciones de uno de sus colaboradores más próximos han acabado con él.

Está investigado en el caso Imelsa por prevaricación, malversación, cohecho y tráfico de influencias. “A quien meta la mano en la caja, que se la corten”, dijo en una ocasión. Pero era solo una de aquellas frases que solía arrojar sin pensar. Como cuando prometió llevar la playa a Xàtiva (enclavada en una hoya, rodeada de montañas, donde en agosto se superan con facilidad los 40 grados a la sombra) si le votaban o una televisión con el dinero de la Diputación tras el cierre de Canal 9.