Con ligeros retoques que ofrezcan imagen de cambio. Así afronta Mariano Rajoy el nuevo curso político que dará comienzo en las próximas semanas, en cuanto la actividad real vuelva al Congreso de los Diputados en forma de plenos en los que se debatan leyes.

El presidente del Gobierno quiere aparentar que no es el inmovilista que acostumbra y, por ello, ha modificado su agenda para dar imagen de actividad. Pero al jefe del Ejecutivo le quedan muchos asuntos que abordar en este 2018. Casi todos, cuestiones que viene arrastrando desde el inicio de su legislatura -en 2016- y a los que se ha comprometido durante el 2017.

Público resume los temas que se le han quedado al presidente en el tintero y que, de seguir parados, terminarán por espesarse del todo:

El bucle de Catalunya

El 2018 empieza como acabó el 2017: con la situación de Catalunya sin resolver. Tras la declaración unilateral de independencia (dui) del Parlament bajo el mandato de Carles Puigdemont y Oriol Junqueras, la aprobación del artículo 155 de la Constitución y la convocatoria de las elecciones del 21-D, el resultado se quedó en tablas. 

Los comicios dejaron de nuevo una mayoría independentista (Junts per Catalunya, ERC y CUP), pero sus dificultades para formar un nuevo Govern -con muchos de sus diputados encarcelados o sin poder volver de Bruselas bajo amenaza de ser detenidos- podrían terminar, quizá, en una repetición de elecciones que, visto lo visto, sólo serviría para repetir el bucle inicial. Rajoy se encuentra, no obstante, en una encrucijada que no se resolverá hasta que se constituya el Parlament -el próximo miércoles- y el tiempo empiece a correr hacia una investidura que, a día de hoy, esconde un sinfín de interrogantes.

Respecto a la situación interna de su partido, el presidente deberá decidir si hace rodar la cabeza del líder del PPC, Xavier García Albiol, después de haber obtenido el peor resultado de la historia de su formación: sólo cuatro diputados, última fuerza del Parlament y pérdida del grupo parlamentario. De momento, tanto esta cuestión como sus tensas relaciones con Ciudadanos siguen en el aire.

Presupuestos: ¿adelanto electoral?

Los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para el 2018 deberían haber llegado al Congreso en septiembre para ser aprobados antes de que finalizara el año. Sin embargo, el referéndum del 1-O paralizó las negociaciones del Gobierno en minoría de Rajoy con el resto de formaciones que sí dieron luz verde a sus cuentas del 17 (Cs, PNV, Coalición Canaria y Nueva Canarias).

Sólo un preacuerdo con Ciudadanos permitió un rayito de esperanza que quedó diluido por la negativa del PNV a hablar de dinero mientras la formación nacionalista vasca consideraba que la actuación del Ejecutivo central estaba siendo excesiva en Catalunya. Ni siquiera el acuerdo del Cupo calmó los ánimos de los jetzales, que desligaron una negociación de la otra en cada intervención pública.

En Moncloa, tanto el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, como el de Economía, Luis de Guindos, siguen confiando en que los PGE del 2018 saldrán adelante una vez se resuelva la cuestión catalana y llegue el nuevo Govern.  Pero se han encontrado con una piedra en el zapato que no esperaban: sus socios naranjas han amenazado con no apoyar sus cuentas si el PP no cumple con su pacto de regeneración. 

Aunque los de Albert Rivera son conocidos por sus continuos cambios de opinión y amenazas no cumplidas, de hacerlo esta vez podrían hacer tambalear la "estabilidad" de la que presume Rajoy. Eso implica que, aunque el presidente haya repetido hasta la saciedad que pretende agotar la legislatura, la situación podría volverse ingobernable y se vería abocado a adelantar las elecciones generales. 

Por si acaso, Moncloa se ha buscado un plan B: presionar al PSOE para formar una 'gran coalición' que saque adelante las cuentas para el próximo año.

Sin financiación autonómica

Precisamente ligada a los PGE está la financiación autonómica. Montoro prometió que, de lograr alcanzar un acuerdo con las Comunidades, el coste del mismo estaría ya reflejado en las cuentas para el próximo año. 

El ministro de Hacienda creía poder tener éxito una vez pasaran las elecciones tras el 21-D, y aún mantiene su postura. Sin embargo, Moncloa no cree que el acuerdo de financiación llegue a tiempo para incluirlo en el de Prepuestos e incluso lo fía lejos (al 2019), según El Periódico.

Además, el departamento de Montoro ha recortado en más de 4.000 millones de euros los adelantos a las Autonomías, lo que afecta gravemente a sus previsiones para el próximo año, según informó El País. El ministro había informado de que el sistema repartiría 105.000 millones este año, pero según una carta enviada a los distintos territorios, finalmente no será así. 

El PSOE ya ha protestado por dicha situación ya que consideran un "chantaje" esta nueva medida. Montoro prometió no presionar más a los socialistas tras haber logrado su apoyo al 155 ("Sabemos que no podemos pedirles todo", decía), pero esta nueva situación apunta a una oculta intención de proponer un intercambio de cromos: financiación estatal a cambio de la autonómica.

Los socialistas han solicitado ya la comparecencia del ministro en el Congreso para que explique sus medidas. Si éste sigue la senda habitual, las excusas serán las mismas: la falta de Presupuestos y la falta de acuerdo con Catalunya porque Puigdemont no acudió a la Conferencia de Presidentes del 2017 de la que salió un grupo de trabajo para reformar el sistema de financiación, alega siempre el Gobierno.

40 años de Constitución: ¿habrá reforma?

En 2018, se celebrará un especial aniversario: la Constitución cumple 40 años en medio de la polémica. Mientras unos alaban la Carta Magna como un hito de la Transición que permitió 40 años de democracia en España, otros recuerdan que fue sancionada por un rey heredero del franquismo y que buena parte de la actual sociedad española no la votó.

 Mariano Rajoy y Pedro Sanchez, en una de sus reuniones en el Palacio de la Moncloa. Archivo REUTERS

Con Catalunya, el debate sobre su reforma se intensificó. Pedro Sánchez lo puso como condición para dar su apoyo al 155 de Rajoy: debería impulsar la llamada "comisión territorial" en el Congreso y, tras las conclusiones de la misma, empezar en la Comisión Constitucional el proceso necesario para retocar el texto. 

El presidente le engañó: "Sólo me comprometí a hablar", se excusa ahora. Tanto Rajoy como el resto de miembros del Gobierno y del PP no están dispuestos a introducir cambios que puedan buscar un mejor encaje de los sentimientos independentistas. "No nos negamos a reformarla, pero primero hay que saber para qué y con qué apoyos se cuenta", esgrimen los conservadores para justificar su negativa. 

Esta misma semana el portavoz parlamentario del PP, Rafael Hernando, puso de manifiesto las pocas ganas que tienen los conservadores de abrir ese melón. Apelando a las intervenciones que los tres padres vivos de la actual Carta Magna realizaron en la Comisión correspondiente del Congreso (Miquel Roca, Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón y José Pedro Pérez Llorca), sacó su propia conclusión: "No existe ni clima ni elementos ni consensos suficientes para poder plantear una reforma de la Constitución", zanjó. 

Sus socios de Ciudadanos, por su parte, siempre han sido partidarios de reformar la Constitución para cambiar el Senado, por ejemplo, y así lo impulsaban en sus programas electorales. Sin embargo, en medio de la crisis catalana, los de Albert Rivera cerraron filas en torno a Rajoy alegando que no era el momento de hacerlo. También se niegan a "intentar contentar a los independentistas", por lo que acuden a la comisión territorial sólo como oyentes.

Sí están dispuestos a intentarlo, en cambio, para reformar la ley electoral y hacerla más proporcional, incluir listas abiertas y suprimir el voto rogado, entre otras cuestiones. Esta será su prioridad y así se lo harán saber al PP, a quien piensan presionar ahora que se han crecido con los resultados en las elecciones catalanas y los sondeos nacionales también revelan la fuga de votos entre ambas formaciones. 

Pactos incumplidos

De los pactos de Estado que Rajoy propuso al resto de partidos en la primera sesión de su investidura (fallida) no se ha cumplido ninguno. Al menos, no con los objetivos deseados.

Este es el caso del relativo a la violencia de género, que sigue siendo insuficiente para la oposición y cuyos resultados brillan por su ausencia. Además, el parón podría alargarse si Montoro no autoriza al Ministerio de Sanidad a destinar partidas para llevarlo a cabo con la excusa de la prórroga presupuestaria.

En cuanto al paro y las pensiones, aunque los datos bajan y suben -respectivamente- de forma oficial, la realidad es mucho más desalentadora de lo que vende el Gobierno. El empleo sube, pero a costa de más precariedad y sin resolver la brecha de género y las prestaciones de jubilación no solucionan la pobreza de los mayores. La subida salarial es insuficiente y la hucha sigue vacía.

En materia de Ciencia, cuyo objetivo era alcanzar en 2020 una inversión del 2% del PIB en I+D+i, también Rajoy sigue en stand by ya que, según denuncian los investigadores, el 2017 ha vuelto a ser un annus horribilis para el sector y cada vez se está más lejos de alcanzar esa meta. 

En cuanto al pacto por la unidad de España, Rajoy sí ha logrado el apoyo de PSOE y Cs a la hora de aplicar el 155 de la Constitución, pero todavía queda mucho camino por recorrer y todo augura a que, de no desviarse, éste seguirá ahondando en la crisis abierta entre el Gobierno central y Catalunya. Una situación similar se producirá si llega el pacto por la igualdad de los españoles en el sistema autonómico, que hace referencia a la financiación que, como ya se ha comentado en esta información, sigue retrasándose y tiene pocos visos de solucionar el tema catalán. 

Una de las manifestaciones contra la Lomce en Barcelona. Archivo EFE

Aunque fuentes del PP aseguran que el Pacto Estatal por la Educación va viento en popa, lo cierto es que sigue sin cerrarse. El acuerdo parece difícil si se tiene en cuenta que toda la oposición quería derogar la Lomce mientras Ciudadanos es partidario de "reformarla pero no derogarla" y el Gobierno sigue defendiéndola.

Rajoy tuvo que pasar por el aro y frenar la aplicación de alguna de las medidas de la controvertida ley Wert como las reválidas, pero tras más de un año de legislatura, ésta sigue aplicándose. Además, la derecha (PP y Cs) pretende impulsar una ley que termine con el sistema de inmersión lingüística en Catalunya -que ellos denominan "adoctrinamiento"-, lo que encallará (aun más) las negociaciones al respecto.

Al margen de los grandes pactos propuestos por Rajoy quedan otras cuestiones nada menores en su tintero tras un año con una actividad legislativa escasa o casi nula. Impulsar la Ley de Cambio Climático y Transición Energética o bajar el IVA cultural, como prometió el Ejecutivo, son algunas de ellas.

Quedan por resolver, además, el intento de la oposición por derogar la prisión permanente revisable (la cadena perpetua que el PP aprobó con su rodillo de la mayoría absoluta en la legislatura anterior) o el de los conservadores por limitar la figura de la acusación particular para que no puedan ejercerla los partidos políticos. A ello se une la esperada reforma constitucional y la de la ley electoral ya explicadas, entre otras muchas. 

El PP, en el banquillo 

Rajoy durante su comparecencia como testigo por la trama Gürtel en la Audiencia Nacional.- REUTERS

Rajoy también se comprometió a firmar un Pacto por la regeneración democrática y lucha contra la corrupción que, hasta el momento, sólo ha firmado con Cs y que ha sido motivo de conflicto continuo entre ambas formaciones.

Los escándalos de corrupción seguirán siendo un escollo en el camino del PP este 2018, por mucho que la actualidad en Catalunya haya hecho las veces de cortina de humo en cuanto a este tema se refiere. 

Después de que el año pasado Rajoy tuviera que declarar como testigo en la Audiencia Nacional, el caso Gürtel seguirá su curso. Todavía quedan por resolverse varias piezas separadas del mismo, entre ellas, la llamada "de los papeles de Bárcenas" o "caja B del PP" y la correspondiente a la destrucción de los ordenadores en Génova, motivo por el que el partido tendrá que sentarse en el banquillo. Es la primera vez que se le abre juicio oral a una formación política como persona jurídica que es. Por ello, deberán comparecer Alberto Durán Ruiz de Huidobro, asesor jurídico del partido;  José Manuel Moreno Alarcón, director del sistema de información del PP; al igual que la actual tesorera, Carmen Navarro. Todos ellos están investigados (imputados) por delito de encubrimiento.

Asimismo, a mediados de enero comenzará la segunda pieza de Gürtel relativa a la presunta financiación ilegal del PP valenciano en las elecciones de 2007 y 2008 (la primera hacía referencia a los ayuntamientos madrileños de Pozuelo y Majadahonda). Por el banquillo pasarán de nuevo Francisco Correa, Pablo Crespo y El Bigotes, ya condenados -y actualmente en prisión- por el caso Fitur.

Una vez más, el caso Palma Arena volverá a la palestra, con Jaume Matas en la Audiencia Provincial de Palma declarando por la pieza separada de Over (empresa vinculada a la presunta financiación del PP balear en las autonómicas de 2003 y 2007) y Ópera (relacionada con la contratación del arquitecto Santiago Calatrava). También lo hará en el marco del caso  El expresidente conservador de Baleares acumula ya cinco condenas, incluida la relativa al caso Nóos -en el Iñaki Urdangarin está pendiente de su recurso-. 

Otro de los clásicos que volverán al banquillo es Rodrigo Rato, que volverá a juicio en 2018, previsiblemente, por la salida a Bolsa de Bankia. El fiscal pide para el exministro de Economía de Aznar cinco años de cárcel. Junto a él se sentarán el también exministro Ángel Acebes y el exconsejero de OHL Javier López Madrid.

Asimismo, seguirán en el punto de mira Ignacio González y la Operación Lezo, así como la Operación Púnica, que ya se ha cobrado a un presidente autonómico del PP (Pedro Antonio Sánchez, en Murcia) y salpica a otras comunidades, entre ellas, la de Madrid que preside Cristina Cifuentes.

¿Renovación interna?

Precisamente, uno de los temas pendientes que le quedan a Rajoy es la de la renovación del PP y/o del Gobierno. En el Congreso del partido del año pasado, Génova intentó vender una apertura al admitir unas primarias -condicionadas- que, finalmente, terminaron con la mayoría de barones designados a dedo por la dirección nacional. 

Ahora los conservadores ya han anunciado su intención de adelantar el nombramiento de candidatos para las elecciones municipales y autonómicas del 2019 para frenar la sangría provocada por la fuga de votos a Cs.

Probablemente el primero en caer será Albiol en Catalunya tras la debacle electoral, y ya empiezan a sonar nombres para sustituirle en las quinielas: la única ministra catalana, Dolors Montserrat (Sanidad), y quien logró el cuarto escaño para el PPC gracias al voto exterior, Alejandro Fernández reciben las mayores apuestas.

También es posible que se resuelva por fin el misterio sobre quién sustituirá a la dimitida Esperanza Aguirre como candidato al Ayuntamiento de Madrid. En este caso, es el vicesecretario de Comunicación, Pablo Casado, quien recibe más papeletas para el cargo, ya cuenta con el apoyo de la presidenta del PP de Madrid, Cristina Cifuentes. De confirmarse la noticia, cabe la posibilidad de que Rajoy introduzca cambios en la dirección nacional para ocupar su puesto.

Lo mismo ocurriría si Montserrat acaba teniendo un nuevo destino en Catalunya y se repiten las elecciones en dicha Comunidad. Rajoy se vería abocado a una crisis de Gobierno que, de momento, ha negado tener en mente. En febrero, en cambio, se dilucidará si el ministro de Economía, Luis De Guindos, es finalmente el candidato elegido para la Vicepresidencia del Banco Central Europeo (BCE) y, si es así, también el futuro del actual Ejecutivo. Descartado queda que el presidente vaya a pedir la cabeza de su número dos, Soraya Sáenz de Santamaría, aunque hay quien ya la pide dentro del partido por responsabilizarla de la fallida Operación Diálogo en Catalunya.