La votación de este viernes en la Junta de Gobierno de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), sobre la propuesta del Ministerio de Hacienda para desbloquear 5.000 millones de euros de superávit de los ayuntamientos, va camino de convertirse en un fracaso.

Salvo que la FEMP decida volver a posponerla (por tercera vez, si bien en un caso no hubo convocatoria oficial), o que alguno de los cuatro grupos políticos que han anunciado un no decida dar su brazo a torcer, la propuesta acabará en vía muerta. De hecho, al filo de las 20.00, la convocatoria para votar este viernes seguía siendo firme, y la FEMP había convocado esta Junta extraordinaria pese al rechazo de la mayoría de alcaldes.

A última hora de la tarde del jueves, el Partido Popular, Unidas Podemos, Ciudadanos y el PDECat mantenían su rechazo al acuerdo. La Junta de Gobierno de la FEMP cuenta con 25 miembros, y los 12 asientos del PSOE no bastan para lograr la mayoría frente a los 10 del PP y los tres que se reparten el resto de fuerzas, uno por cada una. 

Y, si bien el PP ha sido el más crítico con la propuesta de Hacienda desde el principio, oponiéndose radicalmente -la considera un "expolio"-, el Grupo Municipalista Izquierda Unida-Podemos- Comuns ha reclamado al presidente de la FEMP, Abel Caballero, que no cometa la irresponsabilidad" de forzar la votación de un acuerdo que consideran insuficiente. En caso contrario, afirmó, votará en contra.

"En caso de que el presidente de la FEMP someta a votación el Acuerdo, el Grupo Municipalista Izquierda Unida-Podemos-Comuns votará en contra, solicitando su devolución al Gobierno y haciendo un llamamiento para la vuelta al consenso y a los acuerdos mayoritarios que aporten soluciones eficaces para 8.131 municipios que representan a la práctica totalidad de la población de nuestro país", reza el comunicado remitido esta tarde.​ "Sería un error someterlo a votación con el riesgo de fracturar y debilitar institucionalmente a la FEMP", apunta.

El mismo texto describe la propuesta como "muy insuficiente" y "claramente insuficiente", y afirma que supone "una oportunidad perdida" para "avanzar en defensa de la autonomía local y el fortalecimiento del municipalismo", además de afear que esta oferta de Hacienda no tenga en cuenta aspectos recogidos en el pacto de coalición entre el PSOE y Unidas Podemos. Con todo, manifiesta que valoran "positivamente el trabajo de la FEMP y la actitud del Gobierno para mantener la interlocución institucional", así como "el intercambio de información continúo desde que se decretara el estado de alarma".

Desde el PDECat, a su vez, confirmaron durante la tarde que seguían apostando por votar en contra. Ciudadanos, por su parte, denunció a Público que la "propuesta- trampa" de Hacienda "pretende enfrentar a unos ayuntamientos con otros", y es "inviable". "

Habría alcaldes que puedan ayudar a sus vecinos y otros que no, porque no tienen recursos ni remanentes. El Gobierno está sacrificando a muchos consistorios sin remanentes ni superávit, abocándolos al desastre económico". En la misma línea, afea al Ejecutivo su "nula disposición" y su "desconocimiento de la realidad de los Ayuntamientos".

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, anticipó el martes que el Ejecutivo no contemplaba hacer cambios de peso en sus posiciones. Las conversaciones se han sucedido durante estos días, pero la sensación de que sería difícil darle la vuelta a la situación era compartida por buena parte de los partidos.

Caballero: "La propuesta es la mayor concesión a la FEMP en la democracia"

Por su parte, la FEMP remitió durante la mañana del jueves un comunicado con declaraciones de su presidente. Caballero se refirió a esta propuesta como "la mayor concesión que se ha hecho a la FEMP en la historia de la democracia". 

El texto enfatizó que la oferta "contempla una movilización masiva de remanentes 'que tenemos en el banco y que no se pueden usar porque hay una ley orgánica del año 2012 que lo prohíbe', y ofrece la posibilidad de utilizarlos y devolverlos libres de déficit", además de suprimir la regla de gasto para 2020, y, "probablemente", también de 2021. 

"Nos introduce como sujetos activos en fondos europeos. Y esto es importantísimo", incidió Caballero. Por el momento, sus argumentos no han convencido al resto de fuerzas políticas.