El Tribunal Supremo (TS) ha anulado el Real Decreto por el que se acordó el traspaso de las competencias en materia de tráfico de la Guardia Civil a la Comunidad Foral de Navarra al estimar el recurso de la asociación Justicia Guardia Civil (JUCIL).

Los magistrados concluyen que no cabe emplear un Real Decreto de traspaso para atribuir una competencia no reconocida a Navarra en la Ley Orgánica de Reintegración y Amejoramiento del Régimen Foral de Navarra (LORAFNA) ni amparada en su derecho histórico.

El tribunal señala que esas competencias podrán ser asumidas por Navarra, pero o reformando la LORAFNA o mediante una ley orgánica de traspaso, como fija la Constitución en su artículo 150.2.

La resolución del Supremo subraya que la LORAFNA, equivalente a un Estatuto de Autonomía, no incluye un título competencial que se identifique con las funciones que desempeña la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil en Navarra.

Los magistrados señalan que, como no se deduce de la LORAFNA la referida competencia, es necesario indagar qué competencias respecto de tráfico y vehículos a motor tenía Navarra cuando se promulgó la LORAFNA. Y precisan además que la realidad normativa tanto posterior como previa a la LORAFNA es que la competencia ha pertenecido siempre a la Guardia Civil, ejerciendo la Policía Foral una función subordinada.

Colaboración o cooperación

En definitiva, "la realidad es que del estado competencial existente al tiempo de promulgarse la LORAFNA no se deduce que la Comunidad Foral tenga una competencia que incluya las funciones que, en su lugar, ejerce la Guardia Civil (...), sí las que ejerce en concurrencia, pero en esa concurrencia Navarra ejerce una competencia concretada en funciones de colaboración o cooperación con la Guardia Civil y son las que ésta ejerce las que pretenden traspasarse sin ostentar Navarra un título competencial, ni con la LORAFNA ni antes de promulgarse".

Los magistrados también rechazan la alegación que realiza la Comunidad Foral de Navarra en cuanto a falta de legitimación activa de la asociación JUCIL para presentar el recurso.

Responde el tribunal que, "paradójicamente, la mejor defensa de la legitimación activa de JUCIL la hace la propia Comunidad Foral de Navarra". "Para negársela, sostiene que el traspaso no afecta a la Guardia Civil y a renglón seguido, alega que los intereses profesionales, personales y familiares de los guardias civiles afectados por el traspaso están satisfechos. Para ello nos dice que podrán cambiar de funciones o seguir desempeñándolas 'en otros destinos geográficos', es decir, yéndose de Navarra o, en fin, podrán integrarse en la Policía Foral de Navarra", agregan.

Y para el tribunal de la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, con ponencia del magistrado José Luis Requero, "es obvio que cualquiera de esas alternativas incide, al menos, en los intereses profesionales de los guardias civiles y lo hace hasta el punto de prever su integración en otro cuerpo policial".

El pasado 1 de julio se hizo efectivo el traspaso de la competencia de tráfico a Navarra por parte del Gobierno estatal, estableciéndose un periodo transitorio en varias fases durante el cual los efectivos de la Guardia Civil y la Policía Foral colaborarán para una óptima vigilancia de la seguridad vial en las carreteras navarras.

Un acuerdo que lleva años sobre la mesa

Como parte del acuerdo de investidura entre el Gobierno y EH Bildu, ambos partidos acordaron la cesión de las competencias de tráfico de la Guardia Civil a la Policía Foral, una medida recibida con temor desde asociaciones del Cuerpo nacional y con indignación desde partidos de la región como UPN.

El acuerdo contempla que fuera la Policía Foral de Navarra pase a controlar el tráfico, aunque según el Gobierno, eso no significa que la Benemérita abandone Navarra, ya que podrán continuar ejerciendo en la comunidad todos los agentes destinados allí que así lo quieran.

De hecho, este pacto con Bildu no es nuevo. Ya se alcanzó en 2019, aunque entonces se pactó con el PNV, y la transferencia lleva encima de la mesa desde el Gobierno foral de Utxue Barkos (Geroa Bai).

Buscar el mecanismo

Tras la anulación, la presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, afirmó que su Ejecutivo "va a articular el mecanismo necesario para seguir adelante con el compromiso unánime de avanzar en el autogobierno". En declaraciones a los medios, Chivite ha opinado que el Supremo "se ha enmendado a sí mismo" porque "existe jurisprudencia anterior del 2018 en el otro sentido".

Para Chivite, la asunción de competencias "no es un elemento de confrontación, sino de construcción", y ha defendido que la fórmula elegida por el Ejecutivo foral para materializar la transferencia se debe a la jurisprudencia en la que se basaron tanto la asesoría jurídica del Gobierno como los letrados del Parlamento. Ambos, concluyeron que la vía del Real decreto era la correcta para dar soporte jurídico al mecanismo de traspaso, algo que el Supremo ha tumbado.

Sobre la sentencia no cabe recurso y el Gobierno y los grupos parlamentarios tendrán que valorar qué vía utilizar, ya que "el Tribunal Supremo abre la puerta a que la competencia llegue a Navarra por otras vías". En este sentido, en su resolución el Supremo indica que esas competencias podrán asumirse por Navarra "pero o bien reformando la Lorafna, o bien mediante una ley orgánica del artículo 150.2 de la Constitución".

El Ejecutivo de Pedro Sánchez se pronunció en parecidos términos. Fuentes del Gobierno central han dicho a la agencia Efe que "respetan absolutamente" las decisiones judiciales y "acatan" la sentencia y que sus servicios jurídicos están analizando el contenido de la misma.

A la espera de conocerla con detalle, de las primeras informaciones destacan desde el Ejecutivo que el fallo no descarta el traspaso y abre la puerta a que Navarra reciba la transferencia por otras vías.

"Estamos en contacto con el Gobierno de España", ha dicho Chivite. "Si algo nos distingue a los navarros y navarras es que somos insistentes", remachó.