MADRID.-  De vuelta a Sevilla. La dimisión en bloque de los tres aforados ante el Tribunal Supremo provocará que este caso regrese al juzgado de instrucción número 6 de Sevilla, donde Mercedes Alaya continúa al frente del sumario.

El expresidente de Andalucía Manuel Chaves y su exconsejero de la Presidencia, Gaspar Zarrías, así como el exconsejero de Empleo José Antonio Viera han renunciado este jueves a sus actas de parlamentarios y, en consecuencia, al fuero por el que son juzgados en el Tribunal Supremo.

Una vez que el Congreso y el Senado comuniquen estas renuncias al alto tribunal, el Supremo enviará el caso de vuelta a Sevilla, según fuentes jurídicas.

El criterio fijado por el Supremo para estas situaciones establece una frontera bien clara: el auto de apertura de juicio oral, que cierra la fase de instrucción de un sumario. Esto es, si una renuncia al aforamiento se produce tras haberse dictado este auto, entonces el Supremo continúa juzgando el caso. Y en la trama de los ERE, se está muy lejos de un auto de apertura de juicio oral.

[VER EXPOSICIÓN RAZONADA CASO DE LOS ERE]

Las dimisiones en bloque se han producido tras conocerse que el instructor de la causa en el Supremo, Alberto Jorge Barreiro, había elevado este jueves a la Sala de lo Penal una exposición razonada para pedir el suplicatorio de cuatro de los cinco aforados en esta causa ante las Cortes Generales.

A todos ellos los acusa de prevaricación administrativa, aunque en el caso de Viera añade el delito de malversación de caudales públicos.

Jorge Barreiro había acordado mantener en la pieza del Supremo a José Antonio Griñán, a pesar de su renuncia al acta de senador, porque había otros aforados en la causa. [VER AUTO SOBRE JOSÉ ANTONIO GRIÑÁN]

Ahora ya no queda ninguno. Tras las dimisiones de los aforados, ha desaparecido la razón de la intervención del Tribunal Supremo y esta pieza regresará a la macrocausa que se instruye en Sevilla.

La Sala de lo Penal esperará a la comunicación de las Cortes Generales sobre estas dimisiones, en lugar de tramitar el suplicatorio.La quinta aforada, Mar Moreno, había quedado fuera de la exposición razonada del magistrado.

"Cebaron sin descanso" las partidas de los ERES

El instructor del Supremo señala en su resolución que los expresidentes de Andalucía y los exconsejeros crearon un sistema de ayudas sociolaborales ilegal, saltándose los controles de auditoría. Hace suyas las palabras del interventor y sostiene que todos ellos “cebaron sin descanso” las partidas de los ERE, y adoptaron estas decisiones de forma jerárquica y piramidal sobre sus funcionarios.

No existe un complot de funcionarios

Alberto Jorge Barreiro no se cree que los expresidentes y exconsejeros no supieran nada y que todo este sistema de ayudas ilegal fuera fruto de un complot o una conspiración del silencio de los funcionarios que estaban por debajo de ellos, como sostiene en el auto en el que asume la competencia sobre Griñán en la causa del Supremo.

Así, en el auto expone que se ha investigado una estructura claramente jerárquica y piramidal "pues no solo es que la falta de entrega por la viceconsejera de los informes que se dirigen al consejero contradiga de forma patentemente irrazonable lo que sucede en casos similares, sino que de acogerse la versión del imputado, en la Junta de Andalucía habría un sector de altos funcionarios (de viceconsejerias hacia abajo) que estarían realizando una especie de complot o de conspiración del silencio dentro de las Consejería de Empleo, Economía y Hacienda para ocultar a los respectivos consejeros los informes relevantes y alarmantes que les llegaban referentes al sistema de aplicación de las transferencias de financiación".

Ejercicio arbitrario del poder

A lo largo de los 130 folios, Alberto Jorge Barreiro analiza en su exposición razonada el sistema de ayudas sociolaborales a empresas y particulares, implantado por la Junta de Andalucía durante diez años.

El juez relata cómo, a partir del año 2000, con motivo del impacto de la crisis económica en algunos sectores empresariales, el Gobierno autonómico acordó intensificar estas ayudas. Hasta el año 2010, el sistema legal de subvenciones se fue modificando para convertirse con el paso del tiempo en la figura de transferencias de financiación, con una ausencia del control propio de las subvenciones.

Tras detallar la mecánica establecida para conceder las ayudas, el juez recoge las 22 modificaciones presupuestarias que se aprobaron a lo largo de estos años y que resultan relevantes para configurar el delito de prevaricación.

"Esas modificaciones presupuestarias fueron arbitrarias” ya que según sostiene el magistrado. Se estaba "haciendo un ejercicio arbitrario del poder que tenían atribuido, como integrantes del Consejo de Gobierno, poder que se desviaba hacia unos objetivos que tenían un componente claramente ilícito, por el sistema arbitrario aplicado."

Con esas modificaciones se realizaba un aporte sustancial de dinero para pagar subvenciones ilegalmente concedidas.

A pesar de las advertencias reiteradas

En su exposición razonada, el juez detalla todos los indicios recabados contra los aforados, así como las advertencias reiteradas del interventor, un elemento fundamental para acreditar el conocimiento de la ilegalidad del sistema establecido.

Sistema ilegal

Alberto Jorge Barreiro concluye que el sistema de subvenciones investigado fue ilegal. El magistrado se pregunta si un sistema de intervención es eficaz "cuando el que hace la labor de interventor general tiene que controlar la actuación de quienes lo nombran discrecionalmente para ejercerla, es decir, si el interventor puede realizar un control eficaz cuando es nombrado discrecionalmente por el intervenido".

El magistrado cuestiona el desconocimiento que esgrimieron los aforados cuando comparecieron en el Tribunal Supremo.

El juez concluye que el sistema de conceder ayudas o subvenciones mediante las transferencias de financiación generaba el falseamiento del presupuesto.

855 millones de euros

Jorge Barreiro cuantifica en 855 millones de euros el dinero presupuestado y que la Junta de Andalucía gastó y pagó desde 2000 a 2010 en las subvenciones acordadas y concedidas.

En relación al perjuicio económico ocasionado a la Administración andaluza, el magistrado considera que no se podrá valorar con exactitud a hasta pasados unos años. El grueso más importante de este dinero se dedicó a los 77 ERES, en donde se efectuaron pagos excesivos.

El magistrado dedica también un apartado en el auto de Griñan a destacar los problemas que plantean los aforamientos, en cuanto que fragmenta el proceso e impide un enjuiciamiento conjunto, cuando el aforado además puede renunciar al fuero en un momento determinado.

Así, la causa se ha instruido durante cuatro años en Sevilla sin que la juez Alaya haya podido investigar directamente a la cúpula de la pirámide funcionaria de la Junta de Andalucía por tener la condición de aforados. Y cuando el Supremo entra a estudiarlo, cuatro años después, "la investigación procesal ya está consolidada y las posibles vías o fuentes de averiguación directas contra los aforados se muestran ya más bien marchitas o inaccesibles para reiniciar una instrucción".