El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, lo anunció en su intervención durante el debate sobre el estado de la Nación. Una tarifa única para que las empresas contraten a trabajadores indefinidos cotizando a la Seguridad Social por contingencias comunes 100 euros al mes, durante los primeros 24 meses. Un ahorro, según estimó el Ejecutivo, del 75% para el empleador, unos 3.520 euros anuales de cotización a la Seguridad Social por cada empleo nuevo creado.

El decreto ley de medidas urgentes para el fomento del empleo y la contratación indefinida entró en vigor el 25 de febrero, pero hoy se somete a convalidación en el pleno del Congreso de los Diputados, donde previsiblemente será aprobado con los únicos votos a favor del PP y con el rechazo o abstención del resto de grupos parlamentarios.

El modo y, sobre todo, el momento que el Gobierno eligió para anunciar esta reforma ha sido calificada por la oposición como "electoralista" cuyo contenido es una muestra más de la "improvisación" de un Ejecutivo que trata de pasar de puntillas sobre las críticas a la senda de precarización del mercado laboral.

Desde el PSOE, la diputada María Concepción Gutiérrez ha asegurado que "la tarifa plana subvencionará contratos indefinidos que se habrían celebrado igualmente", por lo que se convierte en una medida "inútil e injusta", que incentivará el despido barato y tendrá un efecto sustitución de trabajadores y rotación de contratos, y ha pedido que sea tramitada como proyecto de ley y no como decreto.

Pero además de los efectos en el empleo que pueda suponer esta nueva idea, que muchas voces ven como una respuesta afirmativa a las demandas de los empresarios de reducir las cotizaciones, la socialista se ha mostrado preocupada por las consecuencias que pueda tener en los ingresos de la Seguridad Social, cuyo déficit para 2014 está en 10.000 millones de euros, según la ministra de Empleo, Fátima Báñez.

PSOE: "La Seguridad Social dejará de ingresar entre 5.000 y 7.000 millones"

 Según los cálculos de Gutiérrez, se dejarán de ingresar entre 5.000 y 7.000 millones de euros sólo con que se realicen los mismos contratos que el año pasado.  Así, el grupo socialista se opone a la medida porque "no creará empleo, es regresiva y se olvida de los desempleados", ya que se trata de una "transferencia de recursos de los más débiles -los pensionistas-, a los poderosos", al tiempo que incumple el Estatuto de los Trabajadores.

Por su parte, la Izquierda Plural también votará en contra y ha criticado que el Gobierno presentara hace tan sólo 20 horas la memoria económica del decreto-ley. La medida "se carga el principio de contributividad" y "malbaratará" los recursos públicos, ha dicho el diputado Joan Coscubiela.

En el campo de la abstención se encuentra CiU, que ve el decreto ley como "política de escaparate" con objetivos a corto plazo. Lo mismo opina UPyD, que denuncia que el Ejecutivo pretende "maquillar las estadísticas de empleo ante las elecciones europeas".

Sin embargo, el Gobierno se mantiene firma en su tesis de que abaratar la contratación beneficia la creación de empleo. Durante su intervención en el pleno, la ministra Báñez ha asegura que la tarifa plana aportará tres décimas de crecimiento al PIB en 2014 y hará crecer el empleo un 0,31%, según estimaciones del Ministerio de Economía avanzadas por la ministra. También ha subrayado que el impacto presupuestario será "neutral" porque la pérdida recaudatoria derivada de su aplicación ya estaba prevista se verá compensada por las cotizaciones a la Seguridad Social derivada del nuevo empleo generado gracias a este incentivo. La "mayor estabilidad del empleo permitirá ingresos adicionales y menores gastos", ha zanjado Báñez.

CCOO pide que se financie con los PGE

Los sindicatos ya reaccionaron a esta medida el mismo día de su entrada en vigor. Según CCOO y UGT, la tarifa plana no creará empleo porque fomenta la "sustitución de trabajadores ya en plantilla". También critican que esta bonificación corra a cargo de la Seguridad Social, es decir "trabajadores y pensionistas" y no se financie con los Presupuestos Generales del Estado.

Desde CCOO recuerdan que la Seguridad Social necesita ingresos y que la tarifa plana no va a aportarlos, sino que supondrá una caída de más de 7.000 millones de euros durante los dos primeros años de aplicación, además del "impacto negativo sobre la revalorización de las pensiones" ya que la nueva fórmula para calcularlas "tiene en cuenta el nivel de ingresos del sistema de Seguridad Social".