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Tarjetas opacas Unidas Podemos insiste en que se investiguen en el Congreso las presuntas irregularidades que afectan a la Casa Real

El portavoz Echenique confronta la "honradez republicana" de Azaña con los "crecientes casos de corrupción" de Juan Carlos I y señala que seguirán intentando que se arroje "luz" sobre las actividades del emérito. 

MADRID, 22/09/2020.- El portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, durante la rueda de prensa que ha ofrecido tras la Junta de Portavoces de la Cámara Baja. EFE/ J.J. Guillen
El portavoz de Unidas Podemos, Pablo Echenique, en una imagen de archivo. — Emilio Naranjo / EFE

europa press

Unidas Podemos mantiene su intención de tratar que se investiguen presuntas irregularidades de la Casa Real en el Congreso, tras conocer que la Fiscalía del Tribunal Supremo asume una nueva investigación al rey emérito que fue iniciada por Anticorrupción sobre el presunto uso por parte de Juan Carlos I y otros familiares de tarjetas de crédito opacas con cargo a cuentas en las que ninguno de ellos figuran como titulares.

Así lo han indicado en rueda de prensa el portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, y su compañero de bancada y secretario primero de la Mesa de la cámara, Gerardo Pisarello.

Ambos han destacado, tras la información revelada por eldiario.es, que su grupo parlamentario seguirá intentando que se arroje "luz" en el Congreso sobre la actividad de la Casa Real, recordando que su petición de comisión de investigación fue tumbada por la posición de los letrados de la cámara y el voto negativo de la Mesa.

En este punto, Echenique ha detallado que no comparten el criterio de aplicar el artículo de la Constitución que recoge la inviolabilidad del monarca y que esta investigación de la Fiscalía les da la razón, pues se tratarían de hechos posteriores a la abdicación de Juan Carlos I.

Además, Echenique ha subrayado que la disposición de la Carta Magna tiene un horizonte temporal, unido a la reforma de 2014 de la Ley Orgánica del Poder Judicial que abre la opción de que el rey emérito pueda ser "punible".

Por tanto, el portavoz parlamentario ha señalado que ahora toca estar atentos a la evolución de esas diligencias y observar si se demuestra "aquella máxima que la justicia es igual para todos". Mientras, el dirigente de En Comú Podem se ha mostrado crítico en cuanto a la aplicación del principio de inviolabilidad para rechazar sus iniciativas. "No parece razonable aplicarlo para delitos de alta corrupción", ha insistido.

El Gobierno aboga por la ejemplaridad

La ministra portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, ha evitado este martes comentar la nueva investigación abierta por la Fiscalía sobre las actividades del rey Juan Carlos aunque ha insistido en abogar por la transparencia, la ejemplaridad y la rendición de cuentas de todas las instituciones.

Montero ha mostrado su deseo de que se esclarezcan "cuanto antes" los hechos

En la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, Montero ha asegurado que ha conocido esa nueva investigación de la Fiscalía por la prensa y que no le consta que el Gobierno haya contactado con la Casa del Rey para tratar el asunto.

No obstante, sí ha mostrado su deseo de que se esclarezcan "cuanto antes" esos extremos para lo que la Justicia contará con la colaboración del Gobierno. Ha insistido en que el Ejecutivo siempre ha apostado por la ejemplaridad de todas las instituciones y ha abogado por que la parte afectada se ponga a disposición de la justicia "en cualquier investigación que se estime oportuna".

Borràs: "Estaría imputado si no fuera por la inviolabilidad"

La portavoz parlamentaria de Junts en el Congreso, Laura Borràs, ha señalado este martes que el rey emérito, Juan Carlos I, estaría imputado por "la tarjetas black reales" si no fuera por la inviolabilidad que le otorga la Constitución.

"Queda claro que si no fuera por la inviolabilidad constitucional, los Reyes deméritos estarían imputados", ha escrito Borràs en un comentario en su cuenta personal de Twitter recogido por Europa Press.

Borràs critica que la Carta Magna de 1978 proteja a "delincuentes" a los que se debe llamar "presuntos" y, sin embargo, permita encarcelar a gobiernos "legítimos y democráticos", en alusión a los líderes independentistas condenados por la organización del referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017. "qué Constitución más estupenda", exclama.

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