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Terrorismo yihadista Víctimas de Las Ramblas: "El Estado ha sido responsable 'in vigilando' al imán de Ripoll"

Tras las nuevas revelaciones de cómo la Policía Nacional controlaba al cerebro de los atentados del 17-A hasta poco antes de la masacre yihadista de 2017, la Unidad de Atención y Valoración de Afectados por el Terrorismo, personada como acusación popular en la causa, considera que "se están confirmando las sospechas de que se cometió algún tipo de error estratégico en la vigilancia de Abdelbaki Es Satty", pero el Gobierno lo oculta declarándolo "materia reservada".

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Imagen de la mezquita de Ripoll y del imán, considerado el cerebro de los atentados en Barcelona y Cambrils.- E.P.

A medida que se conocen nuevos hechos sobre la vigilancia policial a la que fue sometido el imán de Ripoll hasta muy poco antes de los atentados de Barcelona y Cambrils, más claro queda que las fuerzas de seguridad del Estado tenían controlado hasta el último momento al cerebro de la matanza, en la que perecieron 17 personas –incluidos dos niños pequeños– y un centenar sufrieron graves heridas.

Así que muchas de esas víctimas, como el padre de Xavi –asesinado con sólo 3 años mientras paseaba por Las Ramblas–, se han indignado al descubrir ahora algo que se mantenía oculto en el secreto del sumario: la Policía Nacional acudió en tres ocasiones a la Comunidad Islámica Annour de Ripoll para interesarse por Abdelbaki Es Satty, el imán que estaba en esos momentos organizando el grupo de terroristas y fabricando el arsenal de explosivos que acabó estallando en Alcanar, falleciendo él mismo en la deflagración.

Y la indignación se ha extendido en numerosos ámbitos catalanes porque esa revelación se produce menos de una semana después de que la secretaria de Estado de Seguridad, Ana María Botella, evitase responder a las preguntas del senador del PDeCAT Josep Lluís Cleries sobre las relaciones entre el imán de Ripoll y el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), alegando que eso está clasificado como "materia reservada".

Botella alegó que el director de los servicios secretos, general Félix Sanz Roldán, ya había dado explicaciones –a puerta cerrada– en marzo ante la Comisión de Secretos Oficiales del Congreso, donde admitió que el CNI mantuvo contactos con el imán cuando estaba terminando de cumplir condena en la prisión de Castellón, en 2014. Según esa versión, el CNI se limitó a cumplir "los protocolos antiterroristas" de interrogar a todo el que admite haber mantenido contactos con yihadistas, como alegó Es Satty en su defensa –adujo que le forzaron a llevar un alijo de droga– tras ser detenido en 2010 por tráfico de hachís.

"Estamos como hace 30 años, tras el atentado de Hipercor", dice Manrique, víctima entonces y ahora activista

"Esto de que es materia reservada nos retrotrae a hace 30 años, tras el atentado de Hipercor, cuando se constataban graves errores de los cuerpos de seguridad pero el Gobierno se negó a admitirlo durante los casi ocho años que tardamos en conseguir que la Justicia condenase al Estado como responsable civil subsidiario de la matanza terrorista", subraya Robert Manrique Ripoll, asesor de la Unidad de Atención y Valoración de Afectados por el Terrorismo, que se ha personado como acusación popular en la causa de los atentados de Las Ramblas y Cambrils.

Manrique, él mismo víctima en Hipercor, recuerda: "Tuvimos que ser 13 víctimas, que ni siquiera nos conocíamos antes, los que nos organizásemos para emprender acciones judiciales y el Estado no colaboraba, igual que no lo hace ahora, ni siquiera a la hora de facilitarte los datos de los afectados".

Porque "lo de que es materia reservada es volver a las andadas en España. Tanto en Francia, como en Alemania o Inglaterra, países que han padecido atentados yihadistas, se han emprendido de inmediato comisiones de investigaón parlamentarias para averiguar los fallos de seguridad e inteligencia que llevaron a las matanzas, y todos han colaborado", explica Manrique.

"Aquí, en cambio, se prohíben investigaciones, se ocultan datos, se impide la formación de una comisión de investigación en el Congreso. Es muy duro para nosotros asumir ese comportamiento del Estado, cuando aquí en Catalunya el Parlament ha puesto en marcha una comisión de investigación. ¿Tan difícil es que el Estado español intente averiguar si se ha hecho algo mal?"

El testimonio del secretario de la Comunidad Annour

Ha sido, precisamente, en el marco de los trabajos de esa comisión de investigación del Parlament donde Hamid Barbach, secretario de la Comunidad Islámica Annour de Ripoll, reveló a preguntas de los diputados: "Recuerdo que dos veces, poco antes de los atentados, nos visitaron dos policías [en el centro islámico]. Preguntan por Abdelbaki es Satty, si está aquí, cómo está la cosa, cómo estamos"…

Los parlamentarios que se desplazaron hasta Ripoll para interrogar a Barbach descubrieron así que la Brigada de Información del Cuerpo Nacional de Policía de Girona estaba vigilando el comportamiento del imán yihadista y verificando si tenía los papeles en regla. La primera visita de los policías al centro islámico fue sin avisar; la segunda mediante cita previamente concertada.

En una tercera ocasión, la Policía Nacional llamó a través de “un número de teléfono oculto” y avisaron de que querían ver el registro de la entidad. Esa llamada consta en el sumario porque la investigación de los Mossos averiguó que el Cuerpo Nacional de Policía llamó a la Comunidad Annour para pedir los estatutos de la entidad y la documentación de Es Satty. Pero el día que la policía propuso ir a buscar esos papeles los responsables del centro tenían una reunión concertada en la mezquita de Manlleu y se limitaron a dejar la documentación solicitada en el buzón de la entidad para que la recogieran los agentes.

La Mesa del Congreso vetó una comisión de investigación

Todo esto se va sabiendo gracias a las pesquisas del Parlament, pero nada parecido ocurre en Madrid porque en marzo la Mesa del Congreso vetó la petición conjunta de Esquerra Republicana (ERC) y del PDeCAT para crear una comisión de investigación sobre la relación entre el CNI y el imán de Ripoll.

Los diputados catalanes argumentaron que no era suficiente la comparecencia de Féliz Sanz a puerta cerrada porque "es preciso ir mucho más allá del director de inteligencia y poder interrogar a los agentes encargados de controlar al confidente, a las autoridades de fronteras que no le impusieron ningún control, a los agentes encargados de las comunicaciones interdepartamentales que no avisaron al Cuerpo de los Mossos d'Esquadra de que tenían un presunto terrorista en su territorio, etc".

Porque la trayectoria de Es Satty desde que entró en España procedente de Marruecos tiene todos los ingredientes de una trama de espionaje: ya a finales de 2002 fue detenido en el puerto de Ceuta por intentar pasar la frontera a un individuo que viajaba con pasaporte falso, y al año siguiente fue condenado por ello a seis meses de prisión y una multa.

Es Satty mantuvo relaciones con grupos implicados en el 11-M y en el sumario Chacal de la célula yihadista de Mrabet en Vilanova

En 2005, la Comisaría General de Información intervino su teléfono durante un mes con la autorización del entonces juez Grande-Marlaska por su relación con miembros de Ansar Al Islam y del Grupo Islámico Combatiente Marroquí, ambos vinculados a Al Qaeda y a los atentados del 11-M. En 2006 fue investigado por el sumario Chacal, pero no llegó a ser procesado pese a aparecer implicado en la célula yihadista del carnicero maroquí Mohamed Mrabet en Vilanova i la Geltrú, que según la Audiencia Nacional enviaba yihadistas a Irak –aunque el Supremo anuló esa sentencia al invalidar unas escuchas telefónicas sin la suficiente motivación judicial–.

En 2008, un informe de la Guardia Civil desestimó que Es Satty tuviera "relación directa" con Mrabet, a pesar de que tres de los imputados le habían identificado como cómplice e incluso al mismo nivel que el líder de la célula.

Capturado en 2010 con el alijo de droga, fue condenado a cuatro años de prisión y mientras estaba en la cárcel mantuvo "cuatro entrevistas policiales" con dos guardias civiles y dos agentes del CNI, según un informe de Instituciones Penitenciarias que consta en la instrucción del Juzgado Central 4 de la Audiencia Nacional. Y, al cumplir su condena, iba a ser expulsado de España –como es normal en casos así– pero el juez anuló esa orden de Subdelegación del Gobierno, aduciendo arraigo en el país. La Abogacía del Estado no recurrió esa sentencia.

Desde Ripoll viajó por Europa y trató de asentarse en Vilvoord,  la localidad belga semillero de islamistas

Ya instalado en Ripoll como imán –sin que todavía haya quedado claro cómo logró las recomendaciones para alcanzar ese puesto con semejantes antecedentes policiales y penales–, viajó desde allí libremente por Europa y eligió Vilvoorde, la localidad belga famosa por albergar una comunidad islamista muy activa y desde la que más yihadistas partían para combatir en Siria, tratando de asentarse allí.

Tan conspicua era su actitud que levantó sospechas en la Policía belga y uno de sus inspectores se puso en contacto por e-mail con un colega de los Mossos al que había conocido en una convención antiterrorista internacional, solicitándole información sobre Es Satty. El mosso buscó en la base de datos de la Policía autonómica catalana, en la que no había ningún dato sobre el imán, por lo que respondió que no les constaba ningún antecedente yihadista de Es Satty.

En aquellos momentos, la base de datos de los Mossos no estaba conectada con la del Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO) que dirigía José Luis Olivera, pese a las continuas solicitudes previas cursadas por la Generalitat. El Ministerio del Interior de Rajoy acabó finalmente conectando la base de datos de los Mossos a la red central antiterrorista veinte días antes de los atentados de Las Ramblas y Cambrils.

"Las víctimas exigen y merecen respuestas", clama Manrique, repasando todos estos antecedentes. "Es preciso desentrañar qué relaciones tenía Es Satty con las fuerzas y cuerpos de seguridad, cuáles eran sus relaciones con el CNI –que están ya constatadas–, y a partir de ahí decidiremos si se deben pedir responsabilidades civiles subsidiarias al Estado. Pero no cabe duda de que, al menos in vigilando a Es Satty, el Estado es responsable de un gravísimo fallo de inteligencia".

"Para nosotros, una de las cuestiones prioritarias –aparte de asesorar y ayudar a las víctimas– es averiguar qué ocurrió y por qué no se impidieron los atentados. Ahora se están confirmando las sospechas de muchas víctimas de que se cometió algún tipo de error estratégico en la vigilancia de Es Satty. Y, si es así, lo menos que se puede pedir es que se depuren responsabilidades".

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