Fernando Belhot, abogado y presunto testaferro del expresidente de la Comunitat Valenciana, Eduardo Zaplana, realizó varios movimientos a la Banca Privada d’Andorra (BPA), según la documentación interna de la entidad financiera recopilada y publicada este lunes por El País.

Relacionado también con el expresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio Gonzalez, Belhot es un letrado de origen uruguayo especializado en crear sociedades opacas. Este aparecería como representante, accionista o beneficiario de un mínimo de cuatro sociedades que sirvieron para disponer de varias cuentas en la BPA entre los años 2006 y 2014.

Las compañías que habrían servido para tales fines son las mercantiles holandesas Convergence Capital Partners, Natland Financiering, Lions Soul Corporation y Vansley International. A través de ellas el asesor fiscal habría llegado a gestionar una cantidad aproximada de 156 millones de euros, dinero del que se encargaba Belhot en nombre de sus clientes.

El exministro de trabajo del PP, arrestado en mayo en el marco de la Operación Erial, recurrió al entramado societario de Belhot para gestionar una parte de los 10,5 millones de euros obtenidos a través de la trama por la que, presuntamente, el expolítico habría cobrado a cambio de adjudicaciones otorgadas durante su etapa como president de la Generalitat Valenciana, entre 1995 y 2002.

Zaplana: "No he participado en contratos fraudulentos"

Zaplana ha reiterado este lunes su inocencia, ha insistido en que jamás ha participado en ninguna adjudicación fraudulenta y ha asegurado que espera tener pronto la oportunidad de declarar sobre su imputación en el denominado caso Erial.

Zaplana ha atendido brevemente a los periodistas tras acudir por segundo lunes consecutivo a firmar en el juzgado de guardia de Valencia, desde su puesta en libertad provisional el 7 de febrero tras pasar ocho meses de prisión preventiva en la cárcel de Picassent, aunque desde el 18 de diciembre estaba ingresado en el Hospital la Fe para seguimiento de la leucemia que sufre.

En el caso Erial se investiga el presunto cobro de comisiones derivadas de la concesión de las Inspecciones Técnicas de Vehículos (ITV) realizadas en 1997 durante la gestión de Eduardo Zaplana al frente de la Generalitat, y del Plan Eólico de la Comunitat Valenciana, puesto en marcha en 2003. "En el momento de mi excarcelación emití un comunicado, que es claro y que dice en síntesis dos cosas que reitero hasta la saciedad", ha señalado el exministro.

"La primera de ellas es que jamás jamás participé en ninguna adjudicación ilegal ni ningún acto contrario a la legalidad en el tiempo en que fui presidente", ha insitido Zaplana, quien ha añadido que una de las adjudicaciones que es objeto de análisis en las pesquisas judiciales del caso Erial se produjo cuando él ya no ocupaba la presidencia de la Generalitat.

Por otra parte, ha apuntado: "No tengo ni cuentas ni bienes fuera de España, es imposible; y lo reitero después de haber leído el levantamiento parcial del secreto del sumario". "Estoy deseando poder declarar y aclarar todo lo que sea necesario para defender mi inocencia, cosa que haré cuando se levante el secreto del sumario, no lo puedo hacer antes", ha concluido.

Sobre su estado de salud, Zaplana ha dicho a los periodistas que es un tema personal y no ha querido dar detalles.