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caso máster

Los testigos evidencian la falsificación de las notas de Cifuentes y las presiones del Gobierno regional

El rector de la URJC declara que el consejero de Educación le pidió reiteradamente el acta y que su asesora se personó en la universidad desde el primer momento; la responsable de la investigación interna de la URJC ha explicado que una asignatura suspensa de la entonces presidenta madrileña fue modificada dos años después por una empleada del centro, donde la hermana de Cifuentes es funcionaria.

El rector de la URJC, Javier Ramos
El rector de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, Javier Ramos, declara como testigo en el juicio por el caso Máster. AUDIENCIA PROVINCIAL DE MADRID

ana maría pascual

El servicio de Inspección de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) detectó serias irregularidades en torno al máster supuestamente cursado por Cristina Cifuentes. Así lo ha manifestado este viernes Pilar Trinidad, la responsable de la investigación interna que abrió la universidad en marzo de 2018, a raíz del escándalo por el máster de la expresidenta regional. En concreto, Trinidad descubrió que en 2014 la trabajadora de la universidad Amalia Calonge modificó "sin tener que hacerlo" las notas de Cristina Cifuentes y que el acta de su Trabajo de Fin de Máster (TFM) no constaba. Amalia Calonge es compañera de la hermana de Cristina Cifuentes en la URJC, como la propia Cifuentes ha confirmado este viernes en su declaración. 

Además ha asegurado Pilar Trinidad que no tiene sentido que Cifuentes pagara las tasas de defensa del TFM en noviembre de 2012 si presentó su trabajo en julio. "Normalmente las tasas se pagan antes de defender el TFM". La universidad llevó estas irregularidades a un juzgado de Móstoles, localidad donde se ubica la URJC.

Por otro lado, ha quedado patente que existieron presiones por parte de la Consejería de Educación a la URJC, en 2018 dirigida por Rafael van Grieken, para solucionar la crisis sobre el máster de Cristina Cifuentes. Así se desprende de la declaración de Javier Ramos, rector de la Universidad Rey Juan Carlos. "Recibí reiteradas llamadas del consejero de Educación para que le entregara el acta". Ese documento, que ya ha quedado acreditado en el juicio que fue falsificado, lo recibió el rector en un correo electrónico del catedrático Enrique Álvarez Conde el mismo 21 de marzo de 2018 cuando estalló el escándalo. Según ha declarado la profesora Cecilia Rosado, juzgada en este procedimiento, ella misma abrió una cuenta en gmail a nombre de Álvarez Conde, porque así se lo pidió el catedrático, fallecido en 2019, para enviar el acta que acababa de crear de la nada a instancias de Álvarez Conde.

Desde el primer momento, la asesora de la Comunidad de Madrid María Teresa Feito se involucró en el asunto. "Estaba esperándome en la puerta de mi despacho, sobre las 8,30 de la mañana el día que estalló este escándalo", ha declarado Javier Ramos. A este respecto, Cifuentes ha dicho que no sabía que Feito se había personado en la universidad. El rector creyó en ese momento que la misión de Feito era ayudar al buen nombre de la universidad, de la que había sido profesora de inglés antes de ocupar un cargo de confianza en la Consejería de Educación, durante el gobierno de Cifuentes. El rector Ramos ha explicado que Feito estuvo en reuniones con la cúpula de la URJC. Incluso se atendió una llamada de la jefa de Gabinete de Cifuentes. "Hubo conversaciones entre el personal de la universidad y el personal del gabinete de presidencia para coordinarnos de cara a la rueda de prensa", sostiene el rector.

Tras recabar información sobre el máster de la presidenta madrileña, el rector llegó a la conclusión, en vista del acta del TFM que le había enviado el responsable del Instituto de Derecho Público, que lo impartió el máster, de que  "se había defendido el TFM sin tener aprobadas todas las asignaturas; en concreto, faltaba por aprobar una asignatura. Y otra evidencia a la que llegamos es que fue, en 2014, la señora Amalia Calonge, trabajadora de la universidad, la había cambiado esa nota sin estar autorizada para hacerlo".

También ha declarado como testigo la profesora Susana Galera, que ha confirmado que jamás evaluó ningún trabajo de Cristina Cifuentes "porque no me llegó ningún material para evaluar". "No recuerdo como alumna del máster a Cristina Cifuentes pero ni presencialmente ni de ningún modo", ha dicho Galera. Cuando en marzo de 2018 explotó el caso Máster, esta profesora comprobó sus actas históricas. "Me di cuenta con mucha extrañeza de que habían sido rectificadas doce actas de golpe".

Las profesoras no avalan a su compañera imputada

Alicia Pérez de los Mozos y Clara Souto, las dos profesoras cuyas firmas aparecen en el acta falsa de Cifuentes junto con la de la profesora Cecilia Rosado, no han favorecido a su compañera, la única de las tres que está siendo juzgada. De hecho, ambas se han mostrado poco claras y con poca memoria. Alicia Pérez de los Mozos ha declarado que tuvo que enseñar por videoconferencia su firma a Rosado, pero que esta jamás le dijo que era para falsificarla. "Accedí a mostrar mi firma porque me lo pidió Enrique Álvarez Conde, me dijo que hiciera lo que me pedía Cecilia". Y ha añadido: "Me sentí amenazada por Enrique Álvarez Conde, en el sentido de que me insistió que tenía que dar la versión que él decía".

Cecilia Rosado declaró que Álvarez Conde le había explicado que Souto y Pérez de los Mozos estaban de acuerdo en que ella suplantara su firma en el acta sobre el TFM de Cristina Cifuentes. Pero esta versión ha sido desmentida este viernes por las dos profesoras. Clara Souto no ha reconocido su firma en nueve actas de TFM. "No era lo habitual que firmáramos unas por otras, pero excepcionalmente sí ocurría", ha matizado Alicia Pérez de los Mozos.

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