El caso Máster o caso Cifuentes, aquel que Mariano Rajoy calificó de "bastante estéril", siendo presidente del Gobierno, se juzga esta semana en la Audiencia Provincial de Madrid y le puede costar tres años y tres meses de prisión a la expresidenta de la Comunidad de Madrid Cristina Cifuentes, acusada de inducir la falsificación del acta que atestiguaba la defensa de su Trabajo Fin de Máster (TFM) en la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) el 2 de julio de 2012. También le pide la Fiscalía una multa de 30.000 euros. El máster era sobre Derecho Autonómico y Local. El juicio, que arranca este lunes, 18 de enero, dilucidará si en efecto Cifuentes lo cursó y lo superó, con la defensa de su trabajo final. Aquel caso, menor, según Rajoy, puso en tela de juicio el sistema universitario público madrileño, apuntando a una trama de trato de favores y corruptelas. 

Todo empezó hace nueve años, en 2012. En enero, Cristina Cifuentes fue nombrada delegada del Gobierno en Madrid del recién formado Ejecutivo de Mariano Rajoy. Atrás dejaba su cargo durante siete años como vicepresidenta primera de la Asamblea de Madrid. Según su currículo, Cifuentes estaba en aquellos momentos cursando un máster en la Universidad Rey Juan Carlos, un centro público, pero señalado por sus conexiones con el PP madrileño. La misma universidad donde Pablo Casado cursó el mismo máster en 2008, y aunque el presidente del PP se libró de ser investigado por su máster, el Tribunal Supremo apuntó la existencia de un posible trato de favor.

El escándalo el máster le costó el puesto a Cifuentes, que dimitió el 25 de abril de 2018 acorralada por el escándalo, entre una moción de censura que planteaba el PSOE y la difusión de un vídeo que mostraba su intento de sustraer unas cremas en un supermercado. Fue el final de la carrera de esta madrileña de 57 años, que llevaba desde los 26 viviendo de la política a la sombra del PP. Según fuentes del caso consultadas por Público, la expresidenta regional parte con desventaja en la vista oral, ya que le resultará complicado demostrar que cursó realmente el máster, indican esas mismas fuentes. ¿Cerrará Cifuentes la herida, logrará una absolución o acabará probando la cárcel? ¿Qué claves debe esclarecer el juicio del caso Máster? 

¿Quién falsificó el acta sobre el TFM?

Además de Cristina Cifuentes, hay dos encausadas más: María Teresa Feito, exasesora de Cifuentes, y la profesora de la URJC Cecilia Rosado. La muerte en abril de 2019 del catedrático Enrique Álvarez Conde, considerado por la jueza instructora como el cerebro del caso Máster, podría beneficiar a las acusadas, según apuntan fuentes del caso, al descargar toda la responsabilidad sobre Álvarez Conde, que había sido el director del Instituto de Derecho Público, el centro que impartía el máster en cuestión. Este centro llevaba años sometido a una investigación interna de la URJC por presuntas irregularidades, hasta el punto de que Álvarez Conde acabó también imputado por un presunto desvío de fondos del Instituto de Derecho Público. En el caso Máster, la Fiscalía pedía para este catedrático de Derecho Constitucional la mayor pena de las cuatro: un total de tres años y 9 meses de prisión.

Pero el catedrático Álvarez Conde quiso restarse responsabilidades; reconoció en una entrevista que había sido su rector, Javier Ramos, quien le presionó para fabricar un acta en "tres horas" cuando el escándalo estalló, en marzo de 2018, tras la investigación de eldiario.es que apuntaba a varias asignaturas no superadas por parte de Cifuentes en el citado máster. Por supuesto, el catedrático acabó apartado de la universidad. Cristina Cifuentes compareció en la Asamblea de Madrid, el 4 de abril, para dar explicaciones y blandió un acta falsificada. "Tengo aquí un acta del trabajo de fin de máster, un acta que está firmada por las tres miembros del tribunal calificador con la fecha de la evaluación y la calificación del trabajo, que por cierto saqué un notable", dijo en un tono arrogante la presidenta regional en aquella ocasión. 

Tres profesoras, dos firmas falsas

El escándalo se calentaba por momentos. La universidad abrió una investigación interna, que concluyó que el acta estaba falsificada y que no existió, de hecho, ni siquiera tribunal calificador aquel 2 de julio de 2012, cuando Cifuentes asegura que presentó su trabajo. Las profesoras Alicia López de los Mozos y Clara Souto negaron haber firmado el documento, y una tercera profesora, que ahora se sentará en el banquillo de los acusados, Cecilia Rosado, admitió haber firmado presionada por su superior, el catedrático Enrique Álvarez Conde. Esta profesora es la única de las tres que será juzgada por este caso. Está acusada de fabricar el acta, falsificando presuntamente las firmas de sus dos compañeras. 

"O arregláis esto o Cifuentes y el rector os van a matar" 

El papel de la asesora de la presidenta Cristina Cifuentes, María Teresa Feito, es crucial para ordenar el rompecabezas del caso Máster. Feito, que es también profesora titular de la URJC, es buena amiga de Cifuentes y ocupaba un cargo de libre designación como asesora de la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid. Ha intentado en vano que la juez instructora la dejara fuera del caso. Según su escrito de defensa, las quince llamadas que realizó el día que saltó el escándalo a la profesora Rosado se debieron a su preocupación por el tema y para intentar recabar información sobre el TFM de la presidenta Cifuentes. Pero la coartada se le derrumbó, al parecer, cuando la profesora Cecilia Rosado declaró en el juzgado que Feito acudió al Instituto de Derecho Público y le espetó: "O arregláis esto o Cifuentes y el rector os van a matar". La asesora dimitió poco después de hacerse pública esta declaración. 

¿Por qué necesitaba Cristina Cifuentes el acta del TFM?

La Fiscalía tiene una respuesta: Cristina Cifuentes indujo a la falsificación del acta "a sabiendas" de que acreditaba una supuesta defensa de su Trabajo de Fin de Máster "que jamás se produjo" y que mostró incluso en redes sociales con la finalidad de "evitar las nefastas consecuencias políticas a las que debería enfrentarse". Por su parte, la Universidad Rey Juan Carlos sostiene que Cifuentes dio instrucciones a María Teresa Feito para que ocultara el hecho de que en realidad no había realizado el TFM. 

Sin embargo, la expresidenta madrileña reivindica su inocencia; mantiene que realizó "todas las pruebas necesarias" para superar el máster y asegura que "ni ordenó, ni encargó, ni participó" en la falsificación del acta, tal y como creen el Ministerio Fiscal y la acusación particular, que ejerce la propia Universidad Rey Juan Carlos. La expresidenta madrileña niega que se hubiera puesto en contacto con María Teresa Feito "para que se hiciese ningún tipo de gestión a fin de resolver la crisis". Y para justificar esta afirmación, su abogado, José Antonio Choclán -que también representa a Francisco Correa, cabecilla de la trama Gürtel- aduce que Cifuentes no realizó ninguna llamada telefónica a Feito ni los días previos, ni el día que estalló el escándalo, ni los días posteriores. Una argumentación que podría resultar algo "endeble", según fuentes del caso consultadas por Público.

Insiste la defensa de Cifuentes en que el máster se cursó y se superó, por lo que no "se beneficiaría de la falsificación del acta", porque "no necesitaba ese documento para probar que cursó de modo regular el máster, pues esto ya quedaba sobradamente acreditado mediante el propio título oficial, la certificación académica de que todas las asignaturas estaban aprobadas y el abono de las tasas de matriculación y de retirada del título; documentos, todos ellos, que probaban que se habían cumplido todos los requisitos establecidos por la Universidad para la obtención del título académico", consta en el escrito de defensa de Cristina Cifuentes, en el que se recalca que fue el gabinete del rector de la URJC quien le facilitó el acta que ella enseñó en la Asamblea de Madrid.

Pugna entre Cifuentes y el rector

En el juicio, la pugna entre Cifuentes y el rector Javier Ramos se espera intensa. La estrategia de la defensa de la expresidenta consistirá en verter la responsabilidad en el órgano de dirección de la universidad, apuntando a que la falsificación respondió a la iniciativa exclusiva del rectorado. De hecho, Javier Ramos está llamado a declarar como testigo a petición de la universidad, que también citará a otras catorce personas, entre ellas, al consejero de Educación de la Comunidad de Madrid en aquella época, Rafael Van Grieken. 

Según consta en el sumario, el día que estalló el escándalo sobre el máster de Cifuentes, el 21 de marzo de 2018, Rafael Van Grieken habría presionado a la máxima autoridad de la URJC , Javier Ramos, para que le enviara el acta que acreditaba que la presidenta autonómica había defendido su TFM. Según el escrito de acusación de la URJC, de ahí, de esa presunta presión del consejero, vino la urgencia de que Ramos pidiera ese documento al director del máster, acta que luego resultó ser falsa.