Llevando al extremo la literalidad de las palabras. Así torea el PP algunos de los acuerdos de su pacto de investidura con Ciudadanos. Las burlas de los conservadores hacia los naranjas no han dejado de sucederse a lo largo de la legislatura, especialmente en cuanto a la comisión de investigación de la caja B de los populares se refiere. 

El punto 98 de los 150 que componen el acuerdo reza así: "Impulsar la creación de una comisión parlamentaria de investigación sobre la presunta financiación ilegal del Partido Popular, que permita esclarecer las responsabilidades políticas por los hechos investigados y formular recomendaciones que impidan la repetición de casos similares en un futuro". 

Los de Albert Rivera, pese a que renunciaron a hacer referencia explícita a Bárcenas en la redacción del acuerdo, entendieron que dicha investigación debía llevarse a cabo en el Congreso y específicamente sobre los presuntos delitos del PP. Los de Mariano Rajoy, que "parlamentaria" podía hacer referencia tanto a la Cámara baja como a la alta (el Senado) y que investigar al PP no excluye investigar también al resto de formaciones. 

Sus discrepancias se solucionaron a medias: Rivera, cansado de los desprecios de sus socios, se alió con Podemos y PSOE para forzar la comisión en el Congreso. El portavoz de los populares, Rafael Hernando, contraprogramó entonces -apenas 15 minutos después- y presentó su propuesta para investigar a todos los partidos tanto en el Congreso como en el Senado.

Los conservadores no consiguieron sacar adelante su propuesta en el Congreso, pero la del Senado les sirve ahora para amenazar a sus socios-rivales: Si la oposición se ceba con Rajoy u otros miembros del PP, ellos harán lo propio -con su mayoría absoluta en la Cámara alta- con los ERE de Andalucía que afectan al PSOE, especialmente. Pero también advierten de sus posibles análisis de los rumores sobre la "financiación de Venezuela a Podemos", los "crowdfundings" (Podemos y PSOE) o "el uso de cuentas de las agrupaciones de comunidades y los ayuntamientos para financiar al partido" (Ciudadanos).

Por si no les salía bien esta jugada, el PP guardaba otros ases bajo la manga: Primero intentó limitar la investigación de su financiación sólo al último año. "Cuando finaliza una legislatura, las comisiones se extinguen. Por tanto, lo lógico es que se investigue esta legislatura", defendió el número tres, Fernando Martínez-Maillo. 

Después, la formación reculó en parte e introdujo de nuevo un matiz terminológico para defender su posición. Aceptaría retrasar a 2015 y no sólo a 2016 el ámbito temporal de la comisión de investigación. ¿Su excusa? Antes de esa fecha la "financiación ilegal" no estaba tipificada como tal en el Código Penal. Sí lo estaba la financiación "irregular", un matiz que Rafael Hernando defendió como argumento para torpedear la comisión. 

Sus súplicas no fueron escuchadas este martes por el resto de formaciones de la comisión, que, aunque ya han acordado que sean los extesoreros del PP, empezando por Luis Bárcenas, los primeros en comparecer,  siguen sin delimitar el espacio temporal a cubrir. El miércoles, el PP volverá a solicitar que permitan a los servicios jurídicos de la Cámara determinar si "es legal o no" investigar lo que ellos consideran una "causa general, un linchamiento contra el Partido Popular". Si la oposición se niega, amenazan incluso con intentar impugnar la comisión ante los tribunales. Ello supondría un incumplimiento más en su pacto con los naranjas.

El caso Murcia

Pero la comisión no es el único caso. Hubo un antecedente: la imputación del ya expresidente de Murcia, Pedro Antonio Sánchez, también se convirtió en una piedra en el camino conjunto de PP y Ciudadanos como socios. En la crisis, gestionada mayoritariamente desde las directivas en Madrid, el primer escollo llegó por la negativa del jefe del Ejecutivo regional a dimitir tras ser imputado en el caso Auditorio. 

Él, como Rajoy, había pactado con los naranjas "la separación inmediata de los cargos públicos que hayan sido imputados formalmente o encausados por delitos de corrupción hasta la resolución definitiva del procedimiento judicial" (punto 93 del acuerdo). Siguiéndolo al pie de la letra, Sánchez debería haber abandonado no sólo la Presidencia del Gobierno, sino también su escaño.

Se negó a ambas cosas. Y Génova le apoyó. Mientras los de Rivera pedían su cabeza una y otra vez, los de Rajoy mantenían que aún no estaba imputado ("sólo investigado", apelaban una vez más a la terminología) y que no se trataba de un delito de corrupción.

 Sólo dejó su primer cargo cuando la amenaza de la moción de censura se unió a la posibilidad de verse imputado nuevamente, esta vez por la Operación Púnica. Aunque no dejó su escaño en la Asamblea de Murcia, Pedro Antonio Sánchez dio el relevo al actual presidente regional, Fernando López Miras.

No obstante, ambas formaciones tuvieron que volver a negociar un pacto territorial que nunca llegó a firmarse. Obligados a redifinir sus conceptos de "imputado por corrupción política" para evitar precisamente errores de redacción que pudieran suponer un vacío legal en el mismo, el acuerdo se volvió imposible. Así las cosas, Cs terminó permitiendo la investidura de López Miras con una sola condición: el día anterior al debate sobre su nombramiento debía aprobarse en la Cámara regional la limitación de los aforamientos. 

El PP pasó entonces por el aro. Pero, una vez más, tenía preparado un plan B: retrasar en el Congreso lo que aprobaron con premura en Murcia. Y es que la reforma del Estatuto de Autonomía ha de ser ratificada por la Cámara baja, donde otras leyes similares llegaron a estar incluso cuatro años en un cajón. 

Los de Rivera siempre han lamentado que su buen entendimiento con los de Rajoy en otras cuestiones, como demuestra la reciente aprobación de los Presupuestos Generales del Estado, se ve entorpecido en cuanto sale la palabra corrupción en el debate. El PP, mientras, juega a torear sus exigencias.