Tres guardias civiles irán a la comisión de corrupción 'a tirar de la manta' sobre los espías de Madrid

MADRID.– La comisión de la corrupción de la Asamblea de Madrid ha dado luz verde este lunes a que tres de los seis imputados en el caso de los espías de la Comunidad de Madrid declaren en el parlamento autonómico el próximo 4 de marzo, después de que los agentes apunten directamente a Esperanza Aguirre e Ignacio González como responsables de espionaje y denuncien cómo en los siete años de proceso judicial se les ha extorsionado, intentando comprar su silencio.

El caso de los espías se investigará en el parlamento autonómico después de que el ex trabajador de la Consejería de Interior, José Manuel Pinto Serrano, y los guardias civiles en excedencia Antonio Coronado Martínez y José Oreja Sánchez hayan mandado un escrito a la comisión, al que ha tenido acceso Público, en el que acusan a Esperanza Aguirre y González de ordenar el espionaje que varios funcionarios hicieron a Alfredo Prada y Manuel Cobo en 2008, dos altos cargos de la Comunidad contrarios a la llegada de Aguirre a la dirección del PP de Madrid.

En el documento piden comparecer en el parlamento autonómico y suscriben que la supuesta contratación de servicios ilegales a agencias de detectives se hizo “a través de un empresario implicado en la trama Gürtel y en otras ocasiones a través de la empresa pública Canal de Isabel II", y que todo funcionó "bajo las órdenes directas de la presidenta y del vicepresidente primero de la Comunidad de Madrid".

Tras la reunión de la comisión, presidida por la diputada de Ciudadanos Dolores González, los tres imputados han declarado a este diario que aportarán todo lo necesario para aclarar la verdad al órgano parlamentario. “Tenemos 17 pruebas que han sido denegadas por la magistrada del caso y queremos que los informes de la UDEF y la UCO se tengan en cuenta en la investigación de la comisión”, señala su abogado.

La diputada y portavoz del PSM, Encarnación Moya, explica que es necesaria la comparecencia de estos tres imputados para aclarar el caso y avanzar en la investigación, ya que la anterior comisión “se cerró en falso y de un carpetazo de Francisco Granados”.

Por su parte, Miguel Ongil, portavoz y diputado de Podemos, ha adelantado que los temas que han cerrado en esta reunión y que abordarán en los próximos meses son cuatro: el caso de los espías, el caso Arpegio, que involucra directamente al consejero de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid, Jaime González Taboada, el caso Aneri, que trata sobre el fraude de los cursos de formación y el caso Telemadrid, sobre la gestión de la televisión pública. A ello hay que añadir la comparecencia de Esperanza Aguirre, que finalmente se ha cerrado para el próximo 12 de febrero, con la que se pretende dar por finalizado el caso ICM.

Los tres agentes denuncian la impunidad con la que se ha tratado a los responsables y piden arrojar luz sobre las presuntas actividades ilegales y la supuesta corrupción que hubo en el Órgano de Gobierno de la Dirección General de la Comunidad, ya que los otros tres imputados son el ex director general de Seguridad y antes escolta de Aguirre, Sergio Gamón, el que fuera subdirector de Seguridad, Miguel Castaño Grande, y José Luis Caro Vinagre, guardia civil y amigo personal de Francisco Granados.

Todos ellos están siendo investigados por malversación de caudales públicos, debido que el espionaje a nivel político no está tipificado por el Código Penal y a que se cree que supuestamente usaron el presupuesto público en actividades ilícitas.

El caso de los espías dura ya siete años, periodo en el que, según cuentan Pinto, Coronado y Oreja, han sido sido víctimas de robos, seguimientos y extorsiones. Hechos que los imputados han intentado demostrar en sede judicial sin éxito. "Nos hemos sentido el eslabón más débil de la cadena y así se lo hemos hecho llegar a la comisión", afirman.

Los tres se declaran inocentes en el documento dirigido al órgano de la Asamblea y niegan haber obedecido cualquier tipo de acción ilegal "anterior incluso a la creación de la Dirección General de Seguridad" en la que trabajaron y señalan a su superior de entonces, Sergio Gamón, de indicarles que todo era orden de la mano derecha de Aguirre esos años.

Pinto, Coronado y Oreja no sólo han solicitado declarar en la comisión para depurar responsabilidades políticas, sino para aclarar todo aquello que no están pudiendo hacer por vía judicial. El caso, que muestra la guerra interna del PP madrileño de aquellos años, se ha cerrado tres veces y se ha abierto otras tres, lo que demuestra, para los tres implicados, “una clara e interesada ralentización de la justicia para que la verdad no salga a la luz”.

En el centro de la polémica se encuentra la jueza del caso, Carmen Valcarce, quien no permite que pueda imputarse a otras personas y quien ha rechazado 17 pruebas presentadas, como son las comprometidas grabaciones que vieron la luz el pasado mes de octubre en las que Granados –actualmente en prisión por la operación Púnica– decía en 2012 a los agentes: “La Presidenta nos garantizó la legislatura y nos parece muy mal que ahora no cumpláis”.

Con esa frase los tres implicados supieron que su puesto de trabajo dependía de su silencio, de que asumieran un “montaje” y de no realizar ninguna actividad que “dinamitase la línea de defensa de la propia Comunidad”, explican en el escrito dirigido a la comisión. Además el sumario reveló, en otras conversaciones telefónicas intervenidas por la UCO de la Guardia Civil, que Granados tenía una estrecha relación con la magistrada, por lo que Pinto, Coronado y Oreja, que hasta entonces habían negado los hechos por miedo a represalias, cambiaron su declaración y su defensa.

Fue entonces cuando presentaron una recusación a la jueza del caso, al considerar que es amiga de Granados y está contaminada para llevar el procedimiento, y pidieron en sede judicial la imputación para González –por ordenar los seguimientos– y de Granados –por conocerlos y no denunciarlos–. Una recusación a la que la jueza se ha resistido y que ha paralizado aún más el proceso judicial.