El PP persiste en el bloqueo de los órganos constitucionales en su ofensiva contra el Gobierno

El Partido Popular que dirige Pablo Casado lleva dos años y ocho meses bloqueando la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y de las principales instituciones del Estado, como el Tribunal Constitucional y el Defensor del Pueblo, que requieren de un acuerdo de tres quintos del Congreso —210 votos— para implementarse. Un pacto que ha estado a punto de cerrarse en tres ocasiones pero que nunca se ha llegado a formalizar ante las múltiples excusas del principal partido de la oposición.

A este bloqueo se le ha sumado recientemente la negativa del PP a renovar el mandato del Tribunal de Cuentas, el órgano que fiscaliza las finanzas de partidos e instituciones, que expira el próximo 21 de julio. El Ejecutivo de Pedro Sánchez lleva días presionando a los conservadores para que nombren ya los nuevos consejeros para este órgano, a lo que Casado, de momento, no accede.

Este Tribunal, elegido por el Congreso y el Senado, cuenta con once miembros, ya que Lluís Armet —nombrado a propuesta del PSOE—renunció al cargo y no fue relevado. Siete de esos once consejeros, presididos por María José de la Fuente, fueron elegidos por el PP, incluido él. Entre ellos, se encuentra la exministra de Justicia en el primer ejecutivo de José María Aznar, Margarita Mariscal de Gante, o Manuel Aznar, hermano del expresidente del Gobierno.

La exministra popular es, precisamente, la encargada de dictar sentencia sobre si hubo o no desvío de fondos del procés a través de las delegaciones catalanas en el exterior. Actualmente se reclama una fianza de 5,4 millones de euros a 34 exaltos cargos de la Generalitat para demostrar su solvencia frente a una eventual condena. A juicio de Pedro Sánchez es un "anacronismo" que Mariscal de Gante sea la encargada de concluir los expedientes.

Casado acusa a Sánchez de querer "asaltar" el tribunal

En este sentido, en el PP se muestran convencidos de que el Gobierno  perdonará la deuda a los líderes independentistas como parte de su estrategia de diálogo con el Govern catalán. "Además de darles indultos pretende que paguemos su malversación y corrupción asaltando el Tribunal de Cuentas, como ya ha hecho con la Fiscalía, el Consejo de Estado, la CNMV, la CNMC y pretendió hacer con el Consejo General del Poder Judicial. No tiene límites", señaló a Sánchez en la última sesión de control en la Cámara Baja.

El conservador incluso llegó a acusar al socialista de querer "mandar una cabeza de caballo a la cama de cada consejero" para denunciar las supuestas presiones del Gobierno y de pretender "asaltar" el tribunal. "Si usted trata de subvertir las mayorías por ley orgánica del Tribunal de Cuentas haré lo mismo que hice con el CGPJ: iré al Tribunal Constitucional, iré a la Comisión de Venecia, iré a la Comisión Europea, iré al Parlamento Europeo", aseguró. 

Sánchez podría impulsar una modificación de la ley para rebajar la mayoría necesaria para elegir a los miembros del organismo, como ya amagó con el Consejo General del Poder Judicial. "Vamos a esperar antes de anticiparnos a ninguna medida o actuación que pudiera corresponder", se limitó a responder la ministra portavoz, María Jesús Montero, al ser preguntada en rueda de prensa.

Por su parte, Casado no admite que su formación mantiene el bloqueo y afirma que es Sánchez el que no cede. Al igual que con la renovación del CPGJ, reclama un pacto para garantizar su neutralidad del ente a la vez que veta a uno de los magistrados que propone el Ejecutivo, Ricardo de Prada, uno de los jueces que propició la caída de Mariano Rajoy en 2018 tras la sentencia de la Gürtel. 

Jueces para la democracia pide al PP que cumpla con la CE

Jueces para la democracia, una de los cuatro asociaciones principales de la judicatura, de corte progresista, ha reclamado recientemente al PP que "cumpla" con la Constitución Española. "Hoy se cumplen 2 años y 8 meses desde que el CGPJ debió renovarse. Solicitamos al principal partido de la oposición que cumpla la Constitución, cuyo art. 122-3 dispone un mandato de 5 años para este órgano constitucional, y al gobierno redoblar esfuerzos para el consenso", han escrito a través de su cuenta de Twitter.

Los partidos que integran el Gobierno también han pedido en reiteradas ocasiones al partido conservador que renueve el órgano de gobierno de los jueces. La última en pronunciarse al respecto fue Isabel Serra, portavoz y secretaria de Discurso y Formación de Podemos, recientemente condenada por el Tribunal Supremo a 19 meses de cárcel  e inhabilitada para el cargo público por su participación en la paralización de un desahucio.

La portavoz de Podemos ha explicado este lunes que "la clave de bóveda" de la utilización de la justicia por parte de la derecha es el bloqueo del PP a la renovación del Consejo General del Poder Judicial. "Hay que hacer todo lo posible desde el Poder Ejecutivo y Legislativo para que la derecha deje de utilizar el poder judicial como ariete; desde el poder judicial se atrinchera la derecha para tratar de bloquear los avances sociales en este país".