Un tribunal permite viajar al Caribe a un constructor mientras decide si lo condena por corrupción

ZARAGOZA .- La Audiencia Provincial de Zaragoza ha permitido al empresario y expropietario del Real Zaragoza Agapito Iglesias viajar a México durante casi dos semanas mientras sus magistrados redactan la sentencia en la que deben pronunciarse sobre la petición de ocho años de prisión que la Fiscalía, al considerarle uno de los presuntos autores de un supuesto desfalco de trece millones de euros en una empresa pública, formuló contra él hace unas semanas.

El viaje al extranjero de Iglesias, a quien le retiró el pasaporte hace año y medio el instructor del caso Pagarés, ha causado sorpresa en medios judiciales, ya que la propia Audiencia había rechazado los recursos que había presentado para recuperarlo y poder viajar al extranjero. Parte de sus empresas operan en el área balcánica y en Iberoamérica.

Formalmente, el motivo del viaje de Iglesias a México autorizado por la Audiencia de Zaragoza consisten en realizar una visita a su hijo Víctor, empleado desde hace unos meses como director deportivo en el Atlético San Luis, un equipo de fútbol de la segunda división mejicana fundado en 2013 y con sede en San Luis Potosí, en la zona norte del país.

En su accionariado entró hace unos meses la familia Lobato Blanco, varios de cuyos miembros formaban parte del grupo de empresarios mejicanos que hace año y medio negociaron con Iglesias la compra de sus acciones del Real Zaragoza, que finalmente acabaron en manos de un grupo de industriales locales liderado por el presidente de Telefónica, Mariano Alierta.

Salvo que cambie de planes, el constructor estará de regreso a España a mediados de esta semana, por lo que su llegada coincidirá con la presentación, por parte de la Fiscalía Anticorrupción, de escrito de conclusiones del llamado caso Saqueo, que incluirá otra petición de condena para él. También lo hará con la vista oral que, tras cerrar varios pactos las acusaciones y las defensas, dará carpetazo este martes al grueso de la operación Molinos, conocida como la Malaya aragonesa por su fuerte componente urbanístico.

El instructor del caso Saqueo, el magistrado José Ignacio Martínez, atribuye a Iglesias tres delitos continuados de cohecho, falsedad documental y exacciones por, presuntamente, haber pagado mordidas al exgerente de la empresa pública Plaza, Ricardo García Becerril, a cambio de contratas para sus empresas. Parte de esos “peajes camuflados”, en palabras del juez y según las pesquisas de la Udef, habrían sido vehiculados mediante el pago de “trabajos absolutamente ficticios” que facturaba la empresa de las hijas del ejecutivo.

Ambos fueron compañeros de banquillo en el asunto Pagarés –pendiente de sentencia desde finales de septiembre- y lo serán también en el juicio del conocido como Saqueo, en el que algunos informes sitúan por encima de los cien millones de euros el presunto agujero en las arcas públicas a base de supuestos gastos ficticios y obras inexistentes.

Iglesias y García Becerril compartirán asiento en ambos casos junto con el exalto cargo del Gobierno autonómico Carlos Esco, que afronta, junto con el exgerente, otra petición de más de diez años de cárcel por el supuesto cobro de una comisión en la compra de unos terrenos por parte de la empresa pública.

Iglesias tiene abiertos varios frentes judiciales más. Además de algunos relacionados con operaciones inmobiliarias y societarias en la capital aragonesa, un juzgado de Valencia lo investiga dentro de la causa por el presunto amaño de un partido de fútbol entre el Real Zaragoza y el Levante en mayo de 2011, en un asunto abierto tras una denuncia de la Fiscalía Anticorrupción, y otro tribunal de Zaragoza lo mantiene encartado como presunto autor de un delito fiscal por el finiquito del exfutbolista banquillo Peter Luccin. En ambos casos está imputada la sociedad deportiva como persona jurídica.