La ‘Malaya aragonesa’ llega a juicio con un pacto hilvanado para rebajar las penas

ZARAGOZA.- El caso paradigmático de la corrupción en Aragón, la operación Molinos, llega este 15 de diciembre, casi ocho años después de que la Policía pusiera en marcha las investigaciones, a su día clave: comienza un juicio cuya duración debía prolongarse varios meses pero que, al final, apenas durará unas horas si nada frustra los pactos que los acusados han hilvanado en los últimos días con la Fiscalía, la Agencia Tributaria y el Ayuntamiento de La Muela.

El caso La Muela, conocido como la “Malaya aragonesa” por su fuerte componente urbanístico, llevó al Grupo de Blanqueo de la Jefatura de Policía de Aragón y al Juzgado de La Almunia a imputar a casi medio centenar de personas con su relación con una presunta trama de corrupción urbanística tejida durante años en torno al ayuntamiento de ese municipio, un prodigio de la burbuja inmobiliaria que pasó de menos de 500 a casi 5.000 habitantes en menos de una década.

En ese tiempo, bajo el gobierno de Mariví Pinilla (Par, aragonesistas de centro-derecha), el pueblo pasó a tener cuatro museos, plaza de toros cubierta y un equipo de fútbol puntero en Segunda B mientras sus vecinos volaban a precio de saldo al Caribe en viajes subvencionados por el ayuntamiento y Julio Iglesias actuaba en sus fiestas patronales.

La caries de la corrupción infectó La Muela

Entre los 43 encartados en el caso La Muela, destacan la exalcaldesa Pinilla y su familia

Sin embargo, la Policía y la Agencia Tributaria descubrieron, tras la denuncia de dos exconcejales del Par, que La Muela estaba minada por la caries de la corrupción. Los escritos de conclusiones provisionales de las acusaciones, cuyos quince tomos cerraron una causa de 84.405 folios a la que se suman 30 piezas personales y de responsabilidad civil, describen una trama de mordidas, pelotazos, recalificaciones y chanchullos administrativos y financieros en la que Hacienda detectó un boquete tributario similar al del caso Bárcenas: ocho millones que la Fiscalía ve probados, y a los que se suman varios fraudes prescritos y otros por valor de cientos de miles de euros que han sido investigados en otras causas.

Entre los 43 encartados en el caso La Muela, algunos de los cuales han fallecido durante la larga instrucción, destacan la exalcaldesa Pinilla y su familia, a los que las investigaciones señalan como beneficiarios de varios millones en dinero negro, buena parte de ellos supuestamente procedentes de Aranade, la empresa que gestionó el urbanismo municipal durante los años de la burbuja a través de la SUM (Sociedad Urbanística Municipal).

Varias tramas más afectan a promotores de proyectos urbanísticos y contratistas sospechosos de haber pagado mordidas, a empleados municipales y exconcejales sin cuya intervención no habrían salido adelante esos chanchullos y, por último, a empresarios y particulares que presuntamente participaron en tinglados para lavar dinero negro.

Un siglo y medio de prisión y cien millones en multas

La Fiscalía pide en sus conclusiones provisionales penas que suman un siglo y medio de cárcel, más de 300 años de inhabilitación

La Fiscalía pide en sus conclusiones provisionales penas que suman un siglo y medio de cárcel, más de 300 años de inhabilitación, multas por casi cien millones e indemnizaciones por más de once a falta de cuantificar las que le corresponden al ayuntamiento, el cual, después de que la Policía pinchara la burbuja, acumula condenas y embargos por 14 millones de euros y arrastra una monumental deuda que le ha llevado a la intervención. Hacienda se queda 70.000 euros cada mes de sus ingresos y tiene embargado hasta el rendimiento de los aerogeneradores en los que se inspiró la Policía para bautizar sus pesquisas.

Pinilla se enfrenta a una petición de 37 años de prisión y 22,9 millones en multas; Julián de Miguel, presidente de Aranade y sospechoso de haber hecho pagos en B por 2,9 millones en dos décadas a la exalcaldesa y su familia, afronta otra de 26 años de cárcel más una sanción económica de 29,6; a Juan Antonio Embarba, exmarido de la exedila, le piden más de una década de prisión y nueve millones; a los tres hijos de ambos, hasta cuatro años de reclusión y penalizaciones de hasta un millón; Carmelo Aured, exalcalde y primo de la primera que se dedicaba a la intermediación inmobiliaria, se expone a veinte de cárcel y nueve millones en multas, la mayoría por presuntos fraudes fiscales en los que habría escamoteado más de cuatro.

Sin embargo, el horizonte penal de la mayoría de ellos ha cambiado hace unos días. La Fiscalía y la Abogacía del Estado se han abierto a negociar acuerdos en los que admiten rebajar las condenas de prisión y las multas a cambio de confesiones de culpabilidad y el pago de las indemnizaciones, especialmente las que le corresponden al ayuntamiento y a la Agencia Tributaria. Técnicamente, los acuerdos se basan en la aplicación de las penas en sus tramos bajos con la aplicación de las atenuantes de reparación del daño –para los acusados que ingresen las indemnizaciones- y de dilaciones indebidas, por los 2.911 días transcurridos entre el inicio de las pesquisas y el comienzo de la vista.

En el caso de Pinilla, que se encuentra en libertad bajo fianza de 800.000 euros, la rebaja llegaría a los siete años de prisión, según informó Heraldo de Aragón. La mayoría de los acusados aceptarán penas que les permitirán eludir el ingreso en la cárcel, algo a lo que se exponían buena parte de ellos. El hecho de que algunos de los principales imputados hayan llegado a acuerdos con confesiones prácticamente obliga al resto a aceptar las rebajas y admitir sus fechorías. Sin embargo, las penas pactadas no se conocerán hasta que esta mañana comience el juicio.

El Ayuntamiento de La Muela dio el visto bueno a los acuerdos que propusieron varios de los acusados, como el exmarido y los hijos de Pinilla

Anoche, el Ayuntamiento de La Muela dio el visto bueno a los acuerdos que –sin hacer referencia a la duración de sus penas pactadas- propusieron varios de los acusados, como el exmarido y los hijos de Pinilla, el exconcejal Juan Carlos Rodrigo y los empresarios madrileños José Carlos y Domingo Fernández Delgado. Los primeros proponen entregar al consistorio la parte de su patrimonio embargado –incluye un lujoso chalet en la República Dominicana y otro en Sotogrande- que no se quede Hacienda y los tres últimos, pagar antes de las diez de la mañana del martes el quebranto que causaron al municipio.

El alcalde es ahora Adrián Tello, de Cha y candidato al Senado por Unidad Popular, que fue uno de los principales opositores y críticos con la gestión de Pinilla, antes ya de que estallara el caso. La jefa de oposición es Marisol Aured, del PP, antecesora de Tello y autora de la denuncia que el 26 de diciembre de 2007 originó la investigación, en la que durante meses figuró como testigo protegido con el nombre en clave de “Molinos 1”.

Los acuerdos salieron adelante por cuatro votos a favor (Cha, PSOE y Ganar La Muela), tres en contra (dos del PP y el concejal no adscrito) y tres abstenciones (Par), mientras Aured no votaba. No obstante, existen dudas de que sean válidos para los familiares de la exalcaldesa al basarse su oferta en cantidades indeterminadas y no haber obtenido la mayoría absoluta del pleno.