El ex ministro de Transportes José Luis Ábalos ha presentado una querella por presuntos delitos de falsedad documental y falso testimonio de perito contra quienes señala como "las autoras" de la auditoría encargada por su sucesor en el cargo, Óscar Puente, sobre la adjudicación de los contratos de adquisición de material sanitario en plena pandemia investigados en el caso Koldo.

La querella, a la que ha tenido acceso Europa Press, se ha presentado en los juzgados madrileños contra Belén Villar, a la que identifica como actual directora general de Organización e Inspección del Ministerio de Transportes, "a quien se le encarga y bajo cuya dirección se realiza la citada auditoría", así como contra la perito que la elaboró y firmó, "sin perjuicio de que la investigación que se abre señale otros responsables adicionales".

Según ha explicado el propio Ábalos en la red social X, se refiere al "informe resultante de fecha 19 de agosto de 2024 en relación con los expedientes de adquisición y distribución de mascarillas en el año 2020 por parte del Ministerio de Transportes".

Para Ábalos, esta auditoría "tuvo una trascendencia efectiva" en su imputación, detallando en este sentido que el instructor del caso Koldo en la Audiencia Nacional (AN), Ismael Moreno, citó este documento en la exposición razonada que envió al Tribunal Supremo (TS) para que le investigara por estos hechos.

Y, en opinión del ex ministro de Transportes, no fue causal, sino que la auditoría tenía "un propósito manifiesto: dirigir de forma deliberada la responsabilidad" hacia su persona.

"Las conclusiones de la auditoría en cuestión sobre los contratos de mascarillas son deficientes, sesgadas e incompletas, y de forma preordenada manipuladas y tendencialmente orientadas a la imputacion", afirma la querella.

Ábalos considera que, "lejos de responder a un interés objetivo o técnico, se elabora cuatro años después con la intención de encapsular la responsabilidad exclusivamente en su persona, y se hace justo en el momento del inicio del proceso judicial".

Vocación de difusión

La querella parte de la premisa de que se trata de una investigación "ilegitima", "porque la ortodoxia procedimental señala que cualquier actuacion administrativa queda paralizada por la actuación judicial", por lo que observa en la orden de elaborarla un "evidente ánimo de influir" en la causa.

Según denuncia, hubo "una pulsión de celeridad en su elaboración e inmediata puesta en conocimiento de la opinión pública en una inusual conducta que acredita que tal informe no pretendía tener eficacia en el ambito interno al objeto de comprobar modos operativos de actuacion y destino de las partidas, sino que tuvo una evidente vocación de difusión pública".

Sostiene, además, que se trata de un informe "falso" por cuanto "pone en boca de los entrevistados lo que no han dicho y omite lo que sí dijeron, cuidándose de no documentar las entrevistas de forma garantista al objeto de que el contenido fuera contrastado, declinando grabarlas sin ni siquiera someter su redacción para conformidad a los deponentes".

En concreto, critica "la deliberada omisión del dato que se había elaborado por los funcionarios del Ministerio que ponderaba la necesidad de dotación de mascarillas para 15 o 30 días, extensión temporal que condicionó la secuencia del pago de 4.000.000 de euros a 8.000.000 al entender que la duración previsible de la situación hacia aconsejable su compra".

También pone de manifiesto lo que considera "contradicciones" entre lo reflejado en la auditoría y lo declarado en sede judicial —tanto en la Audiencia Nacional como en el Tribunal Supremo— por responsables y altos cargos del Ministerio de Transportes y de Correos de aquella época.

Ábalos incide en que estas supuestas "contradicciones" no pueden entenderse como "una mera diferencia de interpretación, sino como un indicio claro de que el informe ha incorporado datos inveraces, con una evidente manipulación o intención de inducir a error".

Cuatro años después

Denuncia igualmente que "se orienta a cuestionar legitimidad de las decisiones políticas tomadas en el año 2020, en vez de ceñirse estrictamente a lo que debieran haber sido las funciones administrativas reales de detectar los posibles errores administrativos para mejorar a futuro".

"El informe se vehiculiza y orienta de forma deliberada para posicionar las decisiones de compra en la más absoluta arbitrariedad al margen de los procedimientos", critica.

A esto suma que "se emite cuatro años después contradiciendo abiertamente todas las conclusiones del tribunal competente en materia responsabilidad por alcance en la administración pública", el Tribunal de Cuentas, una actuación que, para Ábalos solo se explica por "un criterio de oportunidad en un escenario político comprometido" por el estallido del caso Koldo.