El cerco sobre Mazón también se estrecha en el ámbito judicial
Juristas consultados por 'Público' coinciden en que resulta difícil imputar delitos al 'president', pero la declaración realizada este viernes por la exconsejera Pradas y la que prestará el lunes la periodista Vilaplana son claves para determinar si tuvo un papel determinante en la gestión de la catástrofe.
"Si se demuestra que Mazón dio la orden de no enviar la alerta, o lo retrasó, y el mensaje hubiera salvado vidas o evitado lesiones, sí se le podrían imputar" los delitos de homicidio y lesiones imprudentes, explica Joaquín Urías.
Madrid--Actualizado a
Un año después de la DANA, la peor catástrofe natural en la historia de España (dejó 229 víctimas mortales solo en la provincia de Valencia), la continuidad de Carlos Mazón al frente de la Generalitat Valenciana vuelve a estar en entredicho. El president valenciano, acorralado, dejó en el aire su futuro político tras el funeral de Estado en homenaje a las víctimas de la DANA.
Pero, más allá de estas incógnitas, y ante las novedades en la instrucción emprendida por la jueza de Catarroja, Nuria Ruiz Tobarra, ¿qué posibilidades hay de que Carlos Mazón pueda ser imputado? En ese caso, ¿de qué delitos se le acusaría?
Varios expertos en Derecho Penal consultados por Público concluyen que la clave está en demostrar que Mazón, por acción u omisión, tuvo un papel determinante en la forma en que se gestionó la catástrofe. Algo que resulta difícil. Pero también en el ámbito judicial se está estrechando el cerco al presidente valenciano. La exconsejera Salomé Pradas declaró este viernes que informó a Mazón de "todo" lo que sucedía en el Cecopi y, más grave aún, que intentó hablar con él en dos ocasiones del mensaje de alerta y no le contestó al teléfono.
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El próximo lunes, 3 de noviembre, está citada a declarar como testigo la periodista que comió con el jefe del Consell el día de la tragedia, Maribel Vilaplana. Esa condición de testigo le obliga a declarar la verdad y contestar a todas las partes personadas en la causa. Mientras Mazón seguía de sobremesa con Vilaplana, al menos hasta las 18:45, decenas de personas se estaban ahogando. En el último comunicado de la periodista, difundido el 5 de septiembre, aseguró que "en un momento determinado de la comida el presidente empezó a recibir llamadas", pero que no le trasladó "ninguna inquietud" sobre lo que estaba ocurriendo.
Hasta ahora, la jueza había rechazado la comparecencia de Vilaplana para no desplazar el objeto de la investigación hacia el papel de Mazón. Y es que, dado su aforamiento, si se encontraran indicios contra el president, la investigación pasaría al Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana.
La orden dictada por la Audiencia de València de llamar a declarar como testigo a Vilaplana apunta a la posible implicación de Mazón en la causa, que por ahora se ha saldado con dos imputados por los presuntos delitos de homicidio y lesiones por imprudencia. Se trata de la consellera de Justicia e Interior durante la riada, Salomé Pradas, y el entonces responsable de Emergencias, Emilio Argüeso.
"La posición de garante"
Joan Comorera, que representa a la FETAP-CGT, acusación popular en la causa, aclara que, a día de hoy, no se le puede achacar ninguna responsabilidad penal a Mazón porque "los directores del plan eran, en situación de emergencia 0 y 1, Emilio Argüeso, y en situación 2, Salomé Pradas. Y ellos eran los que tenían la llamada posición de garante".
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La "única posibilidad" que existe es que se demostrara que Mazón dio "algún tipo de órdenes o contraórdenes, que hubiera dicho 'No hagas nada hasta que yo te lo diga' o alguna cosa así a Salomé Pradas. Ese es el filón que la Audiencia ha abierto para poder investigarlo de alguna manera", agrega en declaraciones a este medio.
Cabe destacar que, a tenor de las comunicaciones recogidas en un informe pericial aportado por Pradas, Mazón le llamó en cuatro ocasiones desde el restaurante, donde estuvo comiendo con Vilaplana en las horas más críticas de la tragedia. Después, estableció contacto con Pradas a las 19.43 horas y, un minuto antes del envío del ES Alert, a las 20.11 horas, volvió a hacer lo propio. "El hecho de que a las 20.10 haya una llamada y a las 20.11 se envíe el mensaje, es un poco sospechoso", apuntala Comorera.
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Asimismo, según recogió Europa Press este viernes, la exconsellera de Interior matizó que informó al jefe del Ejecutivo valenciano de "todo" lo que estaba sucediendo en el Cecopi, incluido que se iba a enviar el Es-Alert. Y, además, desveló que había intentado ponerse en contacto con el president a las 19.10 y a las 19.36 horas. Sin éxito porque no le cogió el teléfono. No logró hablar con él hasta las 19.43.
El letrado subraya la actuación garantista de la jueza en el marco de esta instrucción. "Nunca había aceptado ningún tipo de prueba que se refiera a Mazón hasta este momento, pero ahora le ha abierto la puerta la Audiencia para interrogar a gente que pudiera tener algún tipo de información al respecto", apunta en alusión a la citación de Maribel Vilaplana.
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Más allá de esta posibilidad, la propia desconexión de Mazón durante el día de la DANA "no tendría encaje" en el Código Penal, ya que la clave es demostrar que "él, en algún momento, tuviese esa posición de garante", apostilla este abogado penalista.
La clave de la posible imputación
Otros expertos coinciden en apuntar que "si se demuestra que Mazón dio la orden de no enviar la alerta, o lo retrasó, y el mensaje hubiera salvado vidas o evitado lesiones, por supuesto que sí se le podrían imputar" los delitos de homicidio y lesiones imprudentes, tal como resume Joaquín Urías, profesor de Derechos Constitucional en la Universidad de Sevilla.
El exletrado del Constitucional especifica que, por ahora, "quien más difícil es de condenar, quien menos responsabilidad tiene jurídicamente" es el propio Carlos Mazón porque "no tiene la competencia de dictar las medidas". "No le corresponde al presidente de una comunidad autónoma ni redactar el mensaje que va a los móviles ni tomar determinadas medidas. Lo más habitual es que esto recaiga en personas que estaban por debajo, eventualmente, su consejera y otras personas".
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"Conocimiento previo"
Por su parte, Joan Carles Carbonell, catedrático emérito de Derecho Penal en la Universitat de València, agrega que "lo que peor se le puede poner a Mazón es que se llegue a la conclusión de que conocía, a través de Salomé Pradas, la magnitud de la tragedia antes. Que la conoció durante la tarde y continuó sin aparecer. Entonces, eso sí que le trasladaría una responsabilidad, pero tendría que demostrarse ese conocimiento previo".
Este jurista matiza que, en el caso de que Mazón fuera investigado, Pradas y Argüeso también "seguirían imputados, puesto que ellos intervienen y adoptan decisiones". Y, sobre si la propia desaparición de Mazón puede suponer un delito, insiste en que "penalmente es complicado perseguirlo, aunque, políticamente es evidente que hay una responsabilidad importante" al ser el president de la Generalitat.
Relación causal para determinar la reponsabilidad
Tanto Urías como Joan Carles Carbonell y Ana Alguacil, exjueza de lo Penal y abogada penalista, destacan también la necesidad de probar la relación causal a la hora de determinar las responsabilidades. "El hecho se ha producido, los homicidios se han producido, las lesiones se han producido, los daños se han producido, pero ahora hay que ver si esa responsabilidad o esos hechos se deben a una inacción por parte, en este caso, de Mazón o de los operadores que estaban allí [Pradas y Argüeso], que es una labor bastante complicada", señala Alguacil en alusión al envío de la alerta.
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En este sentido, Urías apostilla que "para que esto acabe en una condena contra alguien tiene que quedar establecido, sin lugar a dudas, que los muertos se podían evitar, que en caso de que se hubieran tomado medidas, se habrían evitado las muertes. Y segundo, que las personas acusadas tenían la capacidad, la información para en ese momento tomar las medidas".
Carbonell, sin embargo, cree que es "relativamente fácil" demostrar esa causalidad, es decir, que si hubieran funcionado todos los mecanismos correctamente se habrían evitado muertes, una tesis abonada por la magistrada durante la instrucción. "Será difícil establecer el número porque, de las 229, habrá bastantes que eran inevitables, pero aquello que ya era previsible, que es todo lo que pasa a partir de la tarde, sí que puede determinarse", comenta Carbonell, quien coincide en que "eso sí, hay que demostrar la relación causal".
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