El 'plus de empatía' de la jueza con las víctimas marca un año de investigación que estrecha el cerco sobre Mazón

La jueza Nuria Ruiz Tobarra, titular del Tribunal de Instancia 3 de Catarroja (València), despliega una capacidad de empatizar con las víctimas de la tragedia de la DANA, ocurrida el 29 de octubre de 2024 en el País Valencià, que impresiona a la mayoría de las partes que presencian las declaraciones de los damnificados. Lo destacan algunos de los abogados y abogadas que ejercen las acusaciones, poniendo el foco en la personalidad de la jueza y en su "sensibilidad" y "cercanía" para con las víctimas.

"Cuando declara una madre a la que se le escapó de las manos un hijo en las riadas y rompe a llorar, la jueza se levanta y va a abrazarla", dice el abogado Joan Comorera, que representa a la Federación Estatal de Trabajadoras de las Administraciones Públicas del sindicato CGT (FETAP-CGT), acusación popular en la causa. Este letrado habla de un "plus de empatía" de la magistrada hacia los 229 fallecidos por la DANA hace ahora un año. 

Pero en medio de esas escenas sobrecogedoras emerge un frente contra la jueza. Por un lado, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) estudia una queja presentada por el exjuez Eduardo de Urbano, abogado de la exconsellera Salomé Pradas, contra la magistrada de Catarroja por "múltiples" motivos, entre ellos la supuesta "ayuda de su marido [también juez] en el juzgado".

Por otro lado, una querella del pseudosindicato ultra Manos Limpias contra la jueza por presunto delito de prevaricación, por tomar decisiones "injustas", espera la decisión del TSJ de la Comunitat Valenciana sobre la admisión o inadmisión a trámite.

Los vídeos del Cecopi

Los dos investigados, Salomé Pradas, exconsellera de Interior, y Emilo Argüeso, exsecretario autonómico de Emergencias, están acusados de no haber tomado las decisiones para salvaguardar a la población, según la normas que los capacitaban para el mando único en una catástrofe como la de la DANA. Este año de instrucción, prorrogada hasta el próximo mes de abril, está arrojando luz en las incógnitas, indican fuentes jurídicas, y los vídeos dentro del Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi), aquel 29 de octubre de 2024, han supuesto un "mazazo" para Pradas y Argüeso, dicen las mismas fuentes. 

Estos vídeos probarían que la exconsellera Pradas mintió en su declaración ante la jueza el pasado mes de abril, cuando aseguró que ella no tuvo participación en el mensaje de alerta a los móviles Es Alert, lanzado a las 20.11 horas, cuando ya se habían producido la mayoría de los fallecimientos. 

Uno de los vídeos muestra a Pradas, que era la máxima autoridad en la gestión de la DANA, dando indicaciones en el Cecopi sobre el mensaje que debía acompañar a la alerta, pese a que en sede judicial aseguró que no fue ella, sino que fueron los técnicos los que tenían competencia para hacerlo. Hay que recordar que el mensaje de la alerta no instaba a subir a los pisos altos para ponerse a salvo de las inundaciones, algo que para la jueza es un indicio de presunta negligencia. 

En otro vídeo se puede ver a Pradas escribiendo a mano, sobre las 12.40 horas del día de la DANA, qué zonas se debían vigilar por riesgo de inundación: el barranco del Poyo y el Río Magro, sobre las que poco antes se había decretado las alertas hidrográficas. En un folio, Pradas escribe textualmente: "Río magro/rambla del Pollo" (sic), junto a "alerta Hidrológica" y abajo "barrancos".  Esto desmiente la versión dada por Pradas y Argüeso sobre que no sabían nada del riesgo en el barranco del Poyo hasta bien entrada la tarde. 

Cambio de táctica

El exsecretario autonómico de Emergencias Emilio Argüeso ha arremetido hace poco, a través de su letrado, contra la Conselleria de Medio Ambiente, en un cambio radical de estrategia, que hasta ahora pasaba por mantener una cohesión con el relato oficial del Govern de Carlos Mazón. Un informe de la Conselleria aportado al juzgado afirma que el día de la DANA ofreció a Emergencias 200 agentes medioambientales para colaborar en la vigilancia de los cauces, aunque finalmente no se llegó a realizar ninguna labor por parte de dichos agentes. 

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El letrado de Argüeso, José María Bueno, que es también abogado habitual de Manos Limpias, ha pedido a la jueza que se investigue la trazabilidad de la comunicación de Medio Ambiente para constatar a quien se envió el ofrecimiento de agentes medioambientales. "Mi cliente jamás recibió, ni nadie le envió dicha comunicación, que ha remitido al Tribunal el señor Gomis [el consellero]. Lástima que el señor Gomis no tuviera la diligencia el día de la dana de cerciorarse que llegaba su mensaje" de ofrecimiento de los agentes medioambientales para vigilar barrancos, indica en su escrito, al que ha tenido acceso Público.

A 'los pies de los caballos'

Este cambio sustancial al menos en la defensa de Argüeso coincide con unas declaraciones del presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, respecto a Salomé Pradas, en el diario Las Provincias. A la pregunta de si le dio órdenes a Salomé Pradas respecto al contenido de la alerta, Mazón ha contestado: "Jamás, ni una ni media", añadiendo "Como no le di ninguna instrucción para convocar al Cecopi, como no le di ninguna instrucción para activar a la UME. Como no di ninguna instrucción de gestión operativa, ni técnica, ni de alerta, ni de mando en ningún caso".

Es la primera vez que Carlos Mazón se desvincula tan claramente de la que fue su consellera de Justicia e Interior. Sus palabras han sido fuertemente criticadas por las víctimas.

La instrucción de la jueza Ruiz Tobarra está prorrogada hasta el próximo mes de abril y es muy probable que después vuelva a decretarse una nueva prórroga, dicen fuentes jurídicas. Quedan por declarar familiares de las víctimas. Se estima que un millar ha podido pasar ya por el juzgado. Son una media de tres o cuatro familiares por persona fallecida. Queda también por escuchar a una veintena de alcaldes de localidades afectadas por la DANA; y quedan testimonios claves de mandos intermedios en el Cecopi, como el subdirector de Emergencias, Jorge Suárez; el jefe del Consorcio Provincial de Bomberos en el momento de los hechos, José Miguel Basset; o Inmaculada Piles, jefa del servicio de coordinación de Emergencias 112.

Apuntando a Mazón

Una nueva declaración como testigo se ha colado en el calendario de la jueza. La Audiencia de València, que hasta ahora ha dado la razón a la jueza Ruiz Tobarra, ha ordenado que la instructora llame a declarar como testigo a la periodista Maribel Vilaplana, que comió con el president Carlos Mazón, el 29 de octubre de 2024 en el restaurante El Ventorro. 

Será el próximo 3 de noviembre cuando la periodista comparezca en el juzgado, en un movimiento de la Audiencia provincial que ha sorprendido, por cuanto apunta directamente a una posible responsabilidad de Mazón en la presunta pasividad de la toma de decisiones el día de la DANA. Hasta ahora la jueza se había negado a abrir esa línea de investigación, consciente de la imposilidad de investigar desde su juzgado a Mazón, que es aforado.