La jueza de la DANA reprende la "incapacidad" de la Generalitat por sus decisiones y exculpa al Gobierno

La titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 3 de Catarroja, Nuria Ruiz Tobarra, que investiga las 227 muertes ocurridas el día de la DANA en la Comunitat Valenciana, el 29 de octubre de 2024, rechaza la solicitud de la Asociación Liberum, personada en la causa, de preguntar al Gobierno si se convocó al Consejo de Seguridad Nacional aquel día para que asesorara al Ejecutivo en la gestión de la catástrofe.

Liberum, una asociación que está personada también en el caso Koldo, pretende desde el principio de la causa salpicar al Gobierno de Pedro Sánchez en la gestión de la catástrofe por la DANA. Pero la jueza no parece dispuesta a salirse del recorrido de la causa, una vez demostrado que la gestión de las riadas correspondía en exclusiva al Govern de Mazón.

En un auto de este miércoles, al que ha tenido acceso este diario, la instructora justifica su decisión en que el análisis de la convocatoria del Consejo Nacional de Seguridad "queda extramuros completamente del procedimiento penal" en curso y "carece de nexo causal alguno con los fallecimientos y lesiones" producidos el 29 de octubre del pasado año. "La prueba interesada ha de desestimarse por motivos de fondo relativos al objeto de la investigación, de orden procesal y finalmente por simple carencia de jurisdicción de este Juzgado en la investigación pretendida a través de las diligencias solicitadas", dice la jueza en su auto, que es recurrible.

La jueza reitera que el objeto de este procedimiento es "el análisis del fallecimiento de 227 personas, una de ellas embarazada de 8 meses, una desaparecida y los lesionados, y la ausencia de decisiones para salvaguardar a la población y la normativa aplicable al caso".

"Pasividad" e "incapacidad"

Respecto a la declaración de emergencia nacional que Liberum considera que debió proclamarse, la jueza rechaza analizar esa cuestión en su juzgado, toda vez que para ella está claro que la gestión correspondía al Govern. "Ni se declaró estatalmente, ni se propuso por la Administración Autonómica Valenciana, de la que formaban parte los investigados, como Consellera y Secretario Autonómico, la declaración de emergencia nacional. Existió consenso a nivel autonómico y central en que no procedía la declaración de emergencia nacional, ni el día 29 de octubre, ni tampoco los días posteriores", recuerda en su auto la jueza. 

"Tampoco se declaró la situación de emergencia catastrófica al amparo de lo dispuesto en el artículo 12. 4 de la Ley valenciana de Protección Civil, competencia que se atribuye al President de la Generalitat Valenciana, apartado introducido por el artículo 84 de la Ley 3/2020, de 30 de diciembre. Dicha declaración de emergencia nacional no era precisa para alertar a la población y que se adoptaran medidas de autoprotección", zanja la magistrada.

La jueza indica que la "incapacidad en la toma de decisiones (se ha alegado falta de experiencia, falta de conocimiento de la situación y se delegó la responsabilidad en los técnicos, entre otros elementos exculpatorios) no puede suponer la búsqueda reiterada de una normativa alternativa a la realmente aplicable". 

Varapalo por el interrogatorio

Aprovecha la magistrada para abroncar a algunos letrados por el intenso interrogatorio al que sometieron a la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, que declaró durante siete horas. "Tampoco se puede pretender la justificación de dicha incapacidad a través de la reiteración en la atribución de responsabilidades a quien comparece como testigo, ni su sometimiento a una ordalía [práctica medieval] de preguntas propias de un investigado, pese a un previo pronunciamiento judicial expreso en contrario. Dicha actuación es absolutamente contraria a cualquier tipo de garantía procesal y a las reglas de la buena fe que han de regir la actuación de las partes en el proceso penal".

Y remata: "En cualquier caso, el desplazamiento de responsabilidad al Gobierno Central por la no declaración de emergencia nacional, no es sino un reconocimiento explícito de la manifiesta pasividad de la Administración Autonómica, administración que no supo alertar, ni en tiempo ni acertadamente, a la población, con el resultado mortal conocido y que exigiría, siguiendo dicha tesis exculpatoria, que se le arrebatara el mando de la emergencia".

Las llamadas de Mazón

Este auto de la jueza de la DANA llega horas después de que transcendiera la escritura notarial de la investigada Salomé Pradas, exconsellera de Justicia e Interior, con el registro de las llamadas salientes y entrantes de su móvil el día 29 de octubre de 2024. En dicho documento, al que ha tenido acceso este medio, se puede constatar que no pudo hablar con el president Carlos Mazón hasta las 17.37, siendo infructuosas sus llamadas anteriores a Mazón [a las 12.52 y a las 16.29]. 

Desde las 18.30 a las 19.43 horas de esa tarde, Mazón estuvo ilocalizable. Pradas le llamó a las 19.10 y otra vez a las 19.36 pero el president no cogió el teléfono. Precisamente esa hora de la tarde fue la más virulenta en cuanto a las víctimas morales que se cobraron las riadas, según se desprende del sumario. En total, fueron siete las llamadas mutuas en las que participaron Pradas y Mazón aquel día, hasta que él llegó al Cecopi, a las 20.28 de la tarde.

Por otro lado, el juzgado ha pospuesto las declaraciones como testigos de dos técnicos que ejecutaron el envío del mensaje del ES-Alert, previstas inicialmente para el próximo 29 de abril, a los días 6 y 15 de mayo, respectivamente, a las 9.30 horas

Para el 29 de abril ya se citó a declarar como testigo al presidente de la Diputación de Valencia, Vicent Mompó, después de que el pasado lunes se suspendiera su declaración porque la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, estuvo declarando como testigo durante casi siete horas.