La maquinaria para enfangar la investigación sobre la gestión de la DANA en València se ha puesto en marcha, arrojando dudas sobre la solvencia de la magistrada Nuria Ruiz Torralba, titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 3 de Catarroja, de cara a apartarla de una instrucción que señala directamente al Gobierno de Carlos Mazón por su "pasividad" e "inacción" para proteger a la población de las riadas producidas el 29 de octubre de 2024.

Cada nuevo auto de la jueza de Catarroja levanta ampollas en el PP de Alberto Nuñez Feijóo, pendiente de si finalmente la magistrada pedirá la imputación de Mazón al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV), como aforado que es, por las 228 muertes durante la DANA. De momento, son dos de sus ex altos cargos las personas investigadas en la causa, la que fue consellera de Justicia e Interior, Salomé Pradas, y Emilio Argüeso, exresponsable autonómico de Emergencias. 

Que la instrucción de la jueza no favorece a los intereses del PP es evidente y algunas acusaciones personadas esperaban que la Audiencia Provincial acabara corrigiendo el rumbo de la instrucción, "hacia posiciones más afines", cuenta el letrado de una acusación. Pero desde las defensas de los investigados parece que no se quiere esperar. El exjuez Eduardo de Urbano, abogado de la exconsellera Pradas, asegura a Público que interpondrá una queja en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) contra la magistrada Nuria Ruiz Torralba por "múltiples" motivos, entre ellos "la ayuda de su marido en el juzgado". Y anuncia que será "inminente" la presentación de la queja, "con ocho o diez folios con datos", añade. 

La alusión al marido de la jueza surgió este martes en el diario El Confidencial, en un artículo titulado Lío con el marido de la jueza de la dana: los investigados se mueven para tumbar la instrucción. El marido es el juez Jorge Martínez, titular del Juzgado de Instrucción 4 de València, y según publica el digital "hay datos que apuntan a que recibe ayuda o asesoramiento" de él en la instrucción sobre la gestión de la DANA.

Las fuentes consultadas por Público desmienten ese extremo. Para empezar, fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) indican que el juez Martínez no está presente en la Sala durante las testificales, desmintiendo lo que "fuentes jurídicas" apuntan en El Confidencial sobre la "presencia física del magistrado en los pasillos de la sala de la Ciudad de la Justicia de Valencia en la que se producen las vistas y la propia presencia del juez dentro del espacio en el que se practican las diligencias". Un día después de este artículo, otro medio de la órbita de la derecha -OkDiario- publicaba una fotografía que anunciaba como "El marido magistrado de la juez de la DANA cazado por OkDiario dando instrucciones en plena sala". Los medios de comunicación de la misma tendencia se han hecho eco de ambas publicaciones.

La Fiscalía lo desmiente

Tampoco le consta el pretendido asesoramiento en el juzgado a la Fiscalía de la Comunidad Valenciana, que ha enviado un comunicado a raíz de estas supuestas informaciones, aduciendo lo siguiente: "En relación con algún comentario periodístico en el que se atribuye molestia a esta Fiscalía por una supuesta intervención excesiva de persona distinta a la Magistrada instructora en la investigación del caso conocido como de la DANA, se aclara, que a la Fiscalía Provincial de Valencia no le consta participación de persona alguna distinta de la instructora en la dirección de la instrucción de la citada causa, por lo que carece de todo fundamento la referencia a molestia alguna, siendo las diferencias de criterio aparecidas en algún aspecto de la instrucción, completamente normales".

La jueza Nuria Ruiz Torralba ha delimitado en el Gobierno de Mazón las posibles responsabilidades, excluyendo al Ejecutivo de Pedro Sánchez. Esta es la situación a día de hoy, sin que aún se haya pronunciado la Audiencia Provincial de València, superior jerárquica de la jueza de Catarroja, respecto a dicha delimitación y a otros  recursos contra ciertas decisiones de la magistrada.

"Tomar cartas en el asunto"

Y esto parece molestar a los investigados. "Ha llegado a un punto la instrucción que hay que tomar cartas en el asunto", dice el letrado Eduardo de Urbano, que fue magistrado de lo Penal en la Audiencia de Madrid desde 2013 hasta 2021, siendo el juez que archivó la denuncia por los carteles electorales de Vox que mostraban a migrantes. 

Mientras este abogado aventura que la queja ante el CGPJ será conjunta de las dos defensas de los investigados, el letrado de Emilio Argüeso se muestra cauto: "De momento, son conjeturas, obviamente si existiese algún documento me lo plantearía", dice José María Bueno a este diario en relación al marido de la jueza. "Algunas de mis acciones se fundamentan en recortes de prensa, pero por lo menos hay algo ahí". Este letrado es asesor jurídico del pseudosindicato Manos Limpias y representa a la entidad ultra en la causa contra el hermano de Pedro Sánchez.

Para este letrado, "si se pudiera demostrar que la jueza recibe instrucciones de su marido juez sería gravísimo, porque atentaría contra principio del juez predeterminado por la ley", indica José María Bueno.

Las víctimas rechazan los ataques a la jueza. Desde la Asociación de Damnificados por la DANA Horta Sud València, personada en la causa, se manifiesta a este medio su "indignación" por lo que está ocurriendo. "Rechazamos esta campaña de desprestigio hacia la jueza. Agradecemos su capacidad de trabajo, su empatía, es nuestra jueza, sentimos su cercanía", manifiesta a este diario Christian Lesaec, presidente de la Asociación de Damnificados por la DANA Horta Sud València. 

El intento por desacreditar a la jueza de la DANA se produce de manera paralela al ataque recibido por las víctimas por parte de la extrema derecha. Esta asociación se está planteando presentar una demanda contra el síndic (portavoz) de Vox en Les Corts Valencianes, José María Llanos, por injurias y calumnias. Llanos acusó este pasado martes a las asociaciones de víctimas de la DANA de ser entidades formadas por "verdaderos interesados" y estar "controladas" por partidos políticos.