La tercera tampoco ha sido la vencida. Carlos Mur de Víu ha vuelto a librarse de pasar por el banquillo. El que fuera director general de Coordinación Sociosanitaria del Servicio Madrileño de Salud en plena pandemia y firmante de los protocolos de la vergüenza, estaba citado este jueves como testigo en el Juzgado de Instrucción nº4 de Valdemoro. Esta vez, el juzgado ha decidido que no puede declarar porque "está imputado en otras causas abiertas en Madrid" y sería "incompatible".

La citación de Mur de Víu llega tras la decisión de la jueza Isabel Durante, que descartó agrupar en una sola causa todas las investigaciones sobre lo ocurrido en las residencias de mayores. En concreto, rechazó unificar siete procedimientos remitidos desde distintos juzgados de la región, al entender que "no comparten un mismo objeto procesal". La magistrada subrayó que "cada caso está ligado a una víctima distinta y a contextos asistenciales que no coinciden".

En Valdemoro también estaban citados a declarar el médico de la residencia municipal Nuestra Señora del Rosario, gestionada por DomusVi, y el geriatra de enlace. El primero debía acudir como testigo y el segundo como investigado. Finalmente, ninguno de los dos se ha personado, por lo que se les volverá a citar.

Quien sí se ha presentado ante el juez de Valdemoro ha sido el gerente del Hospital Infanta Elena. Ha declarado en calidad de investigado. Según su testimonio, los protocolos que impidieron el traslado de miles de mayores le llegaron por correo electrónico, aunque no ha sabido precisar quién se los remitió. Lo que sí ha asegurado es que llevaban la firma de Mur de Víu, y ha añadido que él mismo no era capaz de interpretar su contenido porque "no es médico". Ha admitido conocer tanto a Mur de Víu como a su sucesor, Francisco Javier Martínez Peromingo, pero ha confirmado que no se reunía directamente con ellos, sino con un "equipo asistencial" cuya composición exacta no ha podido concretar. En cambio, ha afirmado que mantenía encuentros periódicos con el entonces consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, "para coordinar actuaciones".    

El gerente también ha declarado que el hospital realizaba visitas regulares a las residencias y que, según él, ningún centro se quedó sin material, ya que "lo suministraban desde el propio hospital". No obstante, cuando ha sido preguntado por la residencia municipal Nuestra Señora del Rosario, no ha sabido precisar cuántas veces fue atendida, ni por quiénes, ni si intervinieron los geriatras de enlace. Asimismo, ha reconocido que contrató ambulancias privadas por iniciativa propia y que se llegaron a derivar pacientes a hospitales del grupo Quirónsalud, aunque ha insistido en que esas decisiones eran tomadas en última instancia por "los clínicos".

Alejandra Jacinto, abogada de las denunciantes: "Lo de Mur es una tomadura de pelo. Volveremos a pedir su imputación en este caso"

Alejandra Jacinto, abogada de las familias denunciantes, valora la suspensión de la declaración de Mur de Víu como "una tomadura de pelo". "Vuelve a burlar la acción de la justicia", dice en una conversación con Público. La letrada confirma que "inmediatamente se volverá a pedir su imputación en este caso". "Con la declaración del gerente del Hospital de Valdemoro, queda todavía más acreditada su participación en los hechos que estamos investigando", sentencia. 

La justicia se sigue dilatando 

"La decisión del juez de Valdemoro hace que la justicia se siga dilatando", lamenta Carmen López, portavoz de Marea de Residencias y familiar de una de las víctimas. En una conversación con Público, declara: "Desde 2020 llevamos constatando que la justicia va a ir muy lenta. Pero estamos decididas a llegar hasta el final y a seguir adelante con la búsqueda de esta justicia que parece que no termina". Sobre la declaración del gerente del Hospital de Valdemoro, López considera que es "muy positiva". "Una prueba más que deja en evidencia quiénes fueron los responsables".

María Jesús Valero, portavoz de la Asociación 7.291 Verdad y Justicia: "Nadie se atreve a decir la verdad"

"Es indignante, aunque en el fondo era esperable. Si Mur ya estaba imputado en un juzgado, ¿cómo le llaman ahora como testigo? Es imposible compatibilizar las dos facetas", expone a Público María Jesús Valero, portavoz de la Asociación 7.291 Verdad y Justicia. Denuncia que "siguen dilatando la investigación" y advierte que "este mes ya hay delitos denunciados que prescriben". Siente "pena" y "vergüenza". "Cinco años y medio después, los responsables de la masacre siguen impunes", recuerda. "Cuando las fiscalías empezaron a judicializar los casos, teníamos esperanza, pero al llegar a los juzgados siempre nos ponen un muro de contención". Concluye tajante: "Nadie se atreve a decir la verdad".

Tres intentos, tres suspensiones

Ni una, ni dos… tres veces. La declaración de Mur de Víu vuelve a quedarse en el aire. La primera suspensión llegó en el Juzgado de Instrucción nº 3 de Madrid, donde estaba citado como investigado junto a dos ex altos cargos del Gobierno de Ayuso: Martínez Peromingo y el doctor Antonio Burgueño. Los abogados frenaron la cita alegando que no habían recibido con tiempo suficiente toda la documentación del caso. La segunda se dio en el Juzgado nº 6 de Leganés. En este, Mur de Víu estaba citado a declarar como imputado. El juez optó por inhibirse en favor del Juzgado madrileño y, de paso, suspender también las comparecencias. Esta decisión vino después de que el propio Martínez Peromingo solicitara esa inhibición.