Los dos fiscales que denunciaron intentos de soborno se ratifican ante el juez del 'caso Leire'

El conocido como caso Leire ha echado a andar este miércoles con las primeras declaraciones de la causa. Los fiscales José Grinda e Ignacio Stampa, conocidos por su papel en el caso 3% y el caso Villarejo, respectivamente, han sido los primeros en comparecer como testigos ante el juez que investiga a la exmilitante del PSOE Leire Díez por las supuestas maniobras contra la UCO y la Fiscalía Anticorrupción.

El titular del Juzgado de Instrucción Número 9 de Madrid, Arturo Zamarriego, citó a los dos fiscales después de aceptar incluir en la causa sus denuncias ante la Fiscalía por los presuntos intentos de soborno por parte de Díez. Según varias fuentes jurídicas presentes en la declaración, los dos han ratificado los supuestos hechos delictivos denunciados.

En lo que respecta a Grinda, cuya declaración ha durado una hora y media, el fiscal Anticorrupción denunció haber recibido del periodista Pere Rusiñol (también imputado junto al empresario Javier Pérez Dolset, además de la propia Leire Díez) un documento en el que le ofrecían una oferta de traslado y "liberarle" de una demanda contra él a cambio de información comprometida sobre su jefe, Alejandro Luzón.

"Me decía ese escrito que yo estaba en posesión de secretos de mi jefe, acreditativos de actuaciones delictivas del mismo, y que si yo las manifestaba se llegaría a la destitución de mi jefe", manifestó Grinda en su denuncia, a la que ha tenido acceso este medio.  

Además de ofrecer los secretos de las supuestas actuaciones delictivas de Luzón, el escrito hablaba de "proceder al archivo" de varias causas judiciales, "reconociendo o diciendo que han sido fruto o consecuencia de actuaciones abusivas, o un término por el estilo, de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.  

Tras leer el documento, y sin la opción de sacar una foto o quedárselo, Pere Rusiñol le comentó que "él entendía que la persona que pudiera avalar este acuerdo es alguien que conoce como Leire", según consta en la denuncia, en la que aseguró desconocer "en absoluto el origen" del propio documento.

En este sentido, tal como han subrayado fuentes jurídicas presentes en el interrogatorio, Grinda ha dicho que "no sabe quién está detrás", y ha reiterado la versión de Rusiñol, que apunta a la exmilitante del PSOE. Al respecto, ha señalado que, tras preguntarle al periodista sobre si Díez estaba "defenestrada" del partido tras las primeras informaciones que aparecieron sobre ella, este le aseguró que, por ese entonces (el encuentro fue el pasado 25 de febrero de 2025), la exmilitante todavía tenía "peso en el PSOE".

Grinda ha declarado que aceptó reunirse con Rusiñol porque era su "amigo" y que este le transmitió que no había leído el documento, algo que él cree. En todo caso, a la salida de los juzgados de la madrileña Plaza de Castilla, el propio Grinda ha verbalizado que el periodista ya no es su amigo porque este no ha aportado el documento del que le hizo entrega. Con todo, el fiscal confía en que se esclarezcan los hechos denunciados.

En otro orden de cosas, tras los mensajes mostrados por la defensa de Rusiñol para defender que el acusado interactuó con el fiscal en calidad de periodista, Grinda ha admitido la intención de Rusiñol en contrastar una información, aunque esto se produjo tras la cita mantenida. 

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Se trataba de unos mensajes en los que Grinda admitía haber pedido ayuda al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero y al fiscal general, Álvaro García Ortiz, para poder acudir a la comisión de investigación del Congreso sobre la Operación Cataluña ante las reticencias de diputados de PSOE y de Junts a llamarle a declarar.

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Por su parte, Stampa también se ha reafirmado en su denuncia, que aludía a unos hechos ocurridos alrededor de un encuentro con Leire Díez y Javier Pérez Dolset, en el que estos le preguntaron si conocía irregularidades sobre los fiscales Luzón y Grinda, y sobre el exjuez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón, ya jubilado.

Según el fiscal de la Comunidad de Madrid, "el día 30 de abril una persona de mi confianza me trasladó el interés del Gobierno de la Nación en contactar conmigo con el fin de disculparse, al entender que se me dispensó un comportamiento injusto con ocasión de mi salida de la Fiscalía Anticorrupción en el mes de octubre de 2020", según trasladó en la denuncia, a la que ha tenido acceso este medio.

Esta reunión, que fue grabada por el propio fiscal y se mostrará la próxima semana en sede judicial, se mantendría "con la persona que actuaba como intermediaria", el empresario Pérez Dolset y el entonces secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, "quien lo haría en nombre del Gobierno". Si bien, este último no acudió, aunque fuentes jurídicas presentes en la declaración señalan que Díez dijo a Stampa que mantendría informado a Cerdán.

En la reunión, concertada para el 7 de mayo, el empresario Dolset enmarcó la llamada en que "cuando salió la imputación de Begoña, Leire le llamó porque el presidente había dado orden de limpiar, sin límite" y que "la situación hay que revertirla, caiga quien caiga, y eso es lo que ha dicho el presidente", según sostiene Stampa en su denuncia.  

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Fuentes jurídicas señalan que el fiscal de la Comunidad de Madrid ha reiterado estos argumentos, añadiendo que Díez y Dolset le mencionaron al presidente del Gobierno hasta en 12 ocasiones (Sánchez negó que Díez hubiera trabajado para el PSOE).

Asimismo, según las mismas, este ha señalado que ambos le trasladaron la preocupación de Sánchez por saber quién iba a "limpiar lo de las saunas", en alusión a la supuesta red de negocios que gestionaba el suegro de Sánchez. En concreto, Leire Díez dijo a Stampa que el líder socialista le había preguntado “¿cómo va lo de la limpieza?". 

Estas voces subrayan que, en la reunión, Díez no le hizo mención de la presunta información periodística que estaba elaborando y le confirmó que "llevaba tiempo sin ejercer como periodista". Asimismo, estas fuentes jurídicas revelan que Stampa ha expresado su rechazo ante el juez, alegando que le parece de "extrema gravedad que por parte del Ejecutivo se intente destruir a otro poder del Estado". "Es un ataque brutal hacia funcionarios de justicia", ha dicho Stampa, según estas voces.

Tras la declaración de los dos fiscales, el siguiente en testificar ha sido el comandante de la Guardia Civil investigado en el caso Koldo, Rubén Villalba, para que explique si Díez le habría ofrecido protección a cambio de que le facilitara información sobre el Instituto Armado.

El próximo martes será el turno, entre otros, de los tres imputados en una causa que suma hasta siete acusaciones populares y particulares: Vox, PP, Iustitia Europa, Hazte Oír, la asociación profesional de la escala de suboficiales de la Guardia Civil (ASESGC), el exmagistrado Manuel García-Castellón, y el presunto comisionista del caso Koldo, Víctor de Aldama.