El fiscal general del Estado denuncia al CGPJ que el Supremo ha difundido sus llamadas de diez meses
Álvaro García Ortiz amplía la queja que presentó el pasado lunes ante el Consejo General del Poder Judicial por la filtración de datos personales en un informe de la Guardia Civil remitido al Tribunal Supremo.

Madrid--Actualizado a
Álvaro García Ortiz, fiscal general del Estado, ha ampliado la queja que presentó este pasado lunes ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) por la filtración de datos personales en un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil remitido al Tribunal Supremo. García Ortiz denuncia que en ese informe, además de filtrarse sus datos personales, también figuran las llamadas que hizo y recibió a lo largo de diez meses, entre diciembre de 2023 y octubre de 2024. Esta filtración ya está siendo investigada por el CGPJ.
Según el escrito que ha remitido a Isabel Perelló, presidenta del CGPJ y del Tribunal Supremo, el fiscal general del Estado asegura que el informe de la UCO incorpora en un anexo el desglose de la actividad de sus terminales desde diciembre de 2023 hasta octubre de 2024, con un total de 240.000 registros de su actividad profesional y personal.
El fiscal general del Estado sostiene que el informe de la UCO incluye datos que desbordan el objeto de la investigación, pues el magistrado acotó el análisis de los dispositivos intervenidos al periodo comprendido entre el 8 y el 14 de marzo de 2024.
García Ortiz también añade en su denuncia al CGPJ que el informe policial incluye mucha información sobre su intimidad innecesaria para la investigación por la presunta filtración de datos de Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, además de incorporar en un anexo un desglose detallado con 7.105 registros del uso de teléfono minuto a minuto desde el 7 de marzo al 15 de marzo.
El pasado lunes se conocieron las conclusiones de ese informe que determinó que el fiscal general borró todos sus mensajes de WhatsApp hasta en dos ocasiones el día que el juez abrió la investigación contra él el 16 de octubre.
El documento policial, que ha sido remitido a las partes personadas, incluía datos personales de García Ortiz, de otros fiscales con los que se intercambió comunicaciones, y también de particulares y policías, información que, según ha denunciado el fiscal general, debería haberse omitido.
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