Una jueza admite a trámite la querella contra la Guardia Civil por el espionaje con Pegasus
En su escrito, la magistrada admite a trámite la querella, al entender que los hechos podrían constituir delitos de descubrimiento y revelación de secretos informáticos y acceso ilegal a sistemas informáticos.
El juzgado de instrucción 2 de Barcelona ha admitido a trámite la querella presentada contra ex directores de la Guardia Civil, la ex directora del CNI y varios directivos israelíes de empresas tecnológicas por el espionaje al independentismo con los software Pegasus y Candiru, según fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya.
En su auto, la magistrada Miriam de Rosa Palacio, sustituta en el Juzgado de Instrucción número dos de Barcelona, resuelve admitir a trámite la querella, al entender que los hechos denunciados podrían constituir delitos de descubrimiento y revelación de secretos informáticos y acceso ilegal a sistemas informáticos.
La querella se dirige contra el exdirector de la Guardia Civil entre 2018 y 2020 Félix Vicente Azón y su sucesora hasta 2023 María Gámez –en la primera vez que la justicia indaga el papel del instituto armado en el espionaje al independentismo–, así como contra la exdirectora del CNI Paz Esteban –ya imputada en otras cuatro causas– y directivos de las empresas israelís NSO y Saito Tech, que comercializan los softwares maliciosos.
Se trata además de la primera denuncia por el uso del programario espía Candiru, un software que los querellantes aseguran fue utilizado por la Guardia Civil para infectar sus móviles, en el marco de la causa abierta en la Audiencia Nacional contra los organizadores de la plataforma anónima Tsunami Democràtic, que convocó las protestas contra la sentencia del procés.
Esa infección, mantienen los querellantes, fue acreditada por análisis llevados a cabo por el laboratorio canadiense Citizen Lab, que destapó el caso del espionaje masivo en el independentismo que ha dado pie a múltiples investigaciones en juzgados de Barcelona.
De hecho, los querellantes –empresarios y desarrolladores tecnológicos agrupados en la asociación internacional Sentinel Alliance– presentaron inicialmente su denuncia ante la Audiencia Nacional, que rechazó investigarla por falta de competencia, lo que motivó que la llevaran ante los juzgados de Barcelona.
Como pruebas periciales, los denunciantes piden que el juzgado encargue analizar sus móviles a los Mossos d'Esquadra –que ya han hallado rastros de espionaje en los teléfonos de otros afectados, entre ellos el expresident Pere Aragonès– y tome declaración, como expertos, a los analistas de Citizen Lab y de Amnistía Internacional que documentaron el llamado Catalangate.
Otra de las diligencias que plantean los querellantes es que el juzgado requiera a la Audiencia Nacional una copia de las causas de Tsunami Democràtic y CDR, en las que asegura fueron espiados bajo secreto de sumario, sin que se les comunicara en ningún momento y sin tener la condición formal de investigados.
En un comunicado, Sentinel Alliance ha celebrado la admisión a trámite de la querella, que en su opinión añade una "dimensión internacional" al caso del espionaje masivo al independentismo, puesto que está acreditado que uno de los denunciantes fue atacado con el software malicioso cuando se encontraba en Suiza.
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Además, subrayan, el hallazgo de una infección activa en el móvil del empresario Joan Matamala dio pie a que Microsoft lanzara una actualización de seguridad crítica para proteger a más de 1.300 dispositivos en todo el mundo.
El presidente de Sentinel Alliance Joan Arús, que se cuenta entre los querellantes, ha subrayado que la denuncia "no solo busca una reparación individual, sino que pretende exponer las herramientas con que se degrada la democracia desde dentro. La admisión a trámite abre un debate inaplazable sobre cómo se fiscaliza al Estado", considera.
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