Las juezas que han otorgado la mayor indemnización a una víctima de agresión sexual: "No compensa lo que ha sufrido"

La sección de Apelación de la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJCat), integrada por las magistradas Àngels Vivas, Roser Bach y María Jesús Manzano, ha confirmado una sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona que reconoce la mayor indemnización conocida en España a una víctima de delitos sexuales que era menor de edad cuando ocurrieron los hechos. 

Son 400.000 euros de indemnización para la joven, que hoy tiene 25 años y que durante 11 años fue agredida sexualmente por un primo suyo, que hoy cuenta con 41 años. Este hombre ha sido condenado también por abusos sexuales con penetración a otra prima suya y prima de la otra víctima. En el caso de esta joven, que alcanzará este año la mayoría de edad, la indemnización alcanza los 80.000 euros.

Es uno de los casos más sangrantes que han pasado por los juzgados del Estado español. El abogado que ha representado a las víctimas, Ángel Aso Roldán, del bufete Aso Corporate, de Barcelona, destaca lo innovador de la sentencia confirmada por el TSJCat, por la cuantía de la indemnización "cuando lo habitual son cifras de entre los 5.000 y los 10.000 euros", indica y añade que, por lo que él sabe, "la indemnización de 400.000 euros es la mayor de las concedidas en España por estos delitos sexuales".

Fuentes jurídicas consultadas por Público no recuerdan una indemnización tan alta en casos de agresiones sexuales a menores.

El agresor, que estaba en prisión provisional, ha sido condenado por dos delitos de abuso sexual continuados con penetración a menor de 13 años a las penas de 15 y 12 años, en relación a la niña mayor y a la menor respectivamente; dos delitos de utilización de menor para la elaboración de material pornográfico a nueve años respecto a la niña mayor y ocho, a la menor; un delito de inducción a la prostitución de menor de edad a la pena de 12 años de prisión; y un delito de posesión de pornografía infantil a la pena de un año de prisón. Un total de 57 años de cárcel.

Las niñas, primas entre sí, nacieron con siete años de diferencia, en 2001 y 2008, y pasaban mucho tiempo en la casa de los abuelos, en una localidad gerundense, donde otro primo, mucho mayor, nacido en 1985, también acudía con asiduidad. En torno a 2008 y hasta su detención, en enero de 2019, el hombre abusó sexualmente de la niña mayor de manera continuada, bajo el chantaje de difundir fotografías y vídeos que él le había hecho obligándola a posar desnuda.

Después afinó las coacciones inventándose que tenía una deuda económica de 3.000 euros con unos hombres por impedirles publicar el material en redes sociales y que tenía que saldar la deuda. Así, le dijo a la niña que tenía que prostituirse para pagar ese dinero y la obligó, a partir de 2015, a ser sometida a agresiones sexuales de terceros. Ocasionalmente entregaba a la niña 10 ó 20 euros de las ganancias que obtenía al prostituirla. La sentencia, a la que ha podido acceder este diario y que aún puede ser recurrido ante el Tribunal Supremo, indica que fueron entre 15 y 20 los hombres que abusaron de la criatura.

La lectura de la sentencia es difícil por la dureza de los hechos probados. El relato acreditado de todo el daño que el condenado infligió a las niñas, que necesitan asistencia psicológica, confronta con la empatía mostrada por las juezas Vivas, Bach y Manzano y también por el tribunal que condenó en primera instancia al agresor sexual. "No creemos que la indemnización otorgada compense lo que han sufrido a manos del procesado, ni mucho menos que sea desproporcionada", dicen las magistradas.

Las indemnizaciones reconocidas distan mucho de lo que pedía la Fiscalía: 65.000 euros para la víctima mayor y 30.000 euros en el caso de la víctima más joven, que no llegó a ser prostituida. Por su parte, el letrado de las niñas pedía 400.000 para la primera y 300.000 para la segunda. 

Once años de matirio

La niña mayor tenía entre 6 y 7 años cuando arrancaron los primeros episodios de abusos. Fueron tocamientos que el agresor fue incrementando hasta convertir a la pequeña en presa sumisa de sus caprichos sexuales. En el caso de la víctima menor, los episodios de agresiones sexuales se produjeron sobre todo en casa de los abuelos, mientras que con la prima mayor el condenado usaba más a menudo su propio piso. A ambas las fotografió y las grabó desnudas mientras las agredía sexualmente. También grabó las violaciones de los otros hombres. Los Mossos d´Escuadra encontraron un gran archivo pornográfico, con más de 3.000 imágenes y mil vídeos de ambas niñas en sus dispositivos electrónicos a raíz de su detención, en enero de 2019. 

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Poner en duda las secuelas

La sentencia recoge pormenorizadamente las secuelas que ambas víctimas, tanto las que afectan a su vida personal y familiar como a la vida social. Pero el condenado, que reconoció los abusos pero no haber prostituido a una de sus primas, recurrió la sentencia de instancia, poniendo en duda de que dicha prima requiera de atención psicológica por todo lo que le hizo él y calificó de "desproporcionadas" las indemnizaciones. 

"Pretender cuantificar el perjuicio de cualquier clase (...) sobre la sola base de los hechos reconocidos por el acusado (abusos sexuales continuados con penetración a menor de 13 años a Io largo de unos 11 años y desde que la menor tenía 6 o 7 años) no resulta, en absoluto, ni lógico ni racional, especialmente cuando, además, se ha pretendido la aplicaclón de una atenuante de reparación del daño", dicen las juezas, que resaltan las secuelas de esta chica en el rendimiento escolar, ya que tuvo que repetir algún curso porque no le daba tiempo a estudiar y hacer las tareas debido a las dinámicas que le imponía sistemáticamente el agresor.

"Difícilmente podemos cuantificar el daño que el acusado hizo a las víctimas, especialmente a la primera que fue introducida en el escabroso mundo de la prostitución a edad muy temprana. ¿Cómo se valora o cuantifica que dos menores vean frustrada su infancia? ¿Cómo se cuantifica la repercusión que necesariamente dichos hechos tendrán en su vida adulta?", se preguntan las magistradas y reflexionan ante la queja del acusado por lo que considera indemnizaciones desporporcionadas: "Ante unos delitos tan graves, ¿podemos hablar de enriquecimiento injusto de las víctimas menores? Sorprendentemente en la jurisdicción penal suelen otorgarse indemnizaciones más bajas que en la jurisdicción civil, cuando nos encontramos ante hechos dolosos que causan un grave impacto y sufrimiento en la víctima".

Contra las indemnizaciones

Una semana antes del juicio, el agresor consignó en el juzgado 20.000 euros de cara a poder alegar la atenuante de reparación del daño, pero la sentencia rechaza este extremo: "20.000 euros para las dos perjudicadas y a la vista de la indemnización fijada en sentencia, se encuentra a años Iuz y no tiene entidad suficiente para constituir una atenuante de reparación del daño, máxime cuando se trata de delitos contra la libertad sexual en menores que resulta de muy difícil reparación".

También intentó el procesado hacer ver una conducta de arrepentimiento de cara a paliar la futura condena y un mes antes del juicio comenzó un tratamiento con una psicóloga. "La Sala debe señalar que esta intervención no se inicia sino el 25 de septiembre de 2024, siendo el inicio del juicio oral el 14 de octubre de 2024, es decir, menos de un mes antes del inicio del juicio cuando los hechos se remontan al año 2008 y finalizan en enero de 2019", indica la sentencia.

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 'La Manada de Manresa': 60.000 euros de daños morales  

Si ya de por sí las indemnizaciones que dictan los jueces para las víctimas de delitos sexuales son mucho más bajas bajas que lo que piden las acusaciones particulares, en el caso de las víctimas menores las cifras suelen ser ínfimas, indican fuentes jurídicas. En el caso conocido como la 'Manada de Manresa', una violación grupal a una menor de 16 años por parte de cinco agresores sexuales, la acusación particular pidió 250.000 euros como indemnización moral; la Fiscalía, 60.000 euros, y el tribunal impuso 12.000 euros, una cifra extremadamente baja para la gravedad de los hechos probados. Las acusaciones recurrieron y el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya corrigió la cifra, ascendiendo hasta los 60.000 euros la indemnización conjunta a la víctima.