El juzgado archiva las querellas por los contratos de emergencia de la sanidad andaluza en la pandemia
El auto del juez rechaza que existan "elementos o principios de prueba que avalen razonablemente la posible existencia de delito", tal y como defendían PSOE y Podemos en sus demandas.
Sevilla--Actualizado a
El juzgado de instrucción número 13 de Sevilla ha acordado archivar las querellas presentadas, primero por el PSOE y luego por Podemos por los contratos de emergencia del Servicio Andaluz de Salud (SAS) durante la pandemia al no ver indicios de hecho delictivo alguno en su tramitación.
"Se decreta el sobreseimiento provisional y archivo", recoge el auto, del pasado 22 de enero, al que ha tenido acceso Público. Tanto el PSOE como Podemos tienen intención de recurrir la decisión judicial.
La investigación se abrió por un presunto delito de prevaricación, dictar una resolución a sabiendas de su injusticia. El magistrado mantuvo hasta ahora como investigados a los tres últimos gerentes del Servicio Andaluz de Salud (SAS).
En su auto el juez argumenta, frente a los reparos que puso la Intervención de la Junta a las contrataciones, que "no todo distanciamiento del criterio de los interventores implica una resolución prevaricadora". También considera que no es posible concluir que las adjudicaciones a dedo, por la vía de la emergencia, y sus prórrogas, cuando ya había pasado lo más duro de la pandemia, se debiera a un interés por eludir la normativa vigente al respecto y que los expedientes estaban justificados por las "circunstancias excepcionales".
El magistrado expone "una serie de circunstancias relevantes que se han dado en el presente caso y que, una vez más, revelan que no ha existido una actuación arbitraria o caprichosa, ni un injustificado ejercicio de abuso de poder".
Así, escribe, "se emitieron memorias justificativas económicas e informes jurídicos, que fundamentaron la necesidad de dichas contrataciones y la inviabilidad de alternativas de contratación" y "la contratación se desarrolló con todas las empresas sanitarias hasta entonces contratantes con el Servicio Andaluz de Salud".
El juez añade: "No consta empresa o asociación alguna que haya cuestionado la contratación de emergencia efectuada por el Servicio Andaluz de Salud, como tampoco perjuicio a la Administración, ni por exceso de gasto, ni por pérdida de fondos europeos, y resulta, cuando menos, jurídicamente discutible que la modificación del control previo al control financiero permanente [efectuada por el Consejo de Gobierno, extremo también investigado en este caso] supusiera una minoración de garantías, además de que posibilitó una mayor agilidad y eficacia en la gestión de los recursos públicos en semejante situación de emergencia".
La noticia del archivo la avanzó el diario ABC. Inicialmente, fue el PSOE quien presentó la denuncia en noviembre de 2024 al poner en duda el mantenimiento de dichas contrataciones de emergencia, por un montante total cifrado en 242 millones de euros, cuando ya se daba por finalizada la pandemia de la covid-19 que lo justificaba.
Justo esta semana había declarado, recoge EFE, como testigo la actual consejera andaluza de Sostenibilidad Ambiental, Catalina García, quien fue viceconsejera de Salud durante la etapa en que se había modificado el criterio de control previo en esos contratos de emergencia, a petición de la Fiscalía Anticorrupción.
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En su declaración ante el juez, García atribuyó a los técnicos la decisión de modificar esos controles, si bien en su momento, cuando fueron interrogados en el marco de la instrucción en noviembre, estos habían señalado a los responsables políticos de haber tomado esa medida.
Por su parte, en un mensaje en la red social X, el portavoz del PP en el Parlamento de Andalucía, Toni Martín, ha exigido al PSOE que pida perdón y se "trague sus falsas acusaciones de corrupción", rechazando que hayan querido "usar la tragedia del covid" para atacar al gobierno de la Junta.
En términos similares se ha referido el secretario general de los populares andaluces, Antonio Repullo, también en la red social X: "Intentaron convertir el dolor del covid en un arma política contra el Gobierno de Juanma Moreno. Fango, ruido y crueldad".
Por otro lado, el juzgado de Instrucción número 3 de Cádiz aún investiga si el troceamiento de contratos del SAS en la provincia pudo suponer un delito de malversación. A lo largo de 2021, el SAS emitió en la provincia 135.767 documentos que sumaban 235.485.178,79 millones en contratos menores, según un informe de la Intervención de la Junta. Este órgano de control examinó el 0,12% de esas facturas y detectó "incidencias" en todas ellas.
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