Las causas judiciales que persiguen a Moreno Bonilla y Mañueco en pleno año electoral
Las investigaciones judiciales abiertas en Andalucía tratan de esclarecer la crisis por los cribados del cáncer de mama, el troceo de contratos sanitarios, y el 'caso mascarillas' de la Diputación de Almería.
La Fiscalía de Castilla y León también indaga la gestión de los incendios del pasado verano por parte de la Junta.
Madrid-
El ciclo electoral inaugurado el pasado 21 de diciembre en Extremadura tendrá nuevas citas con las urnas en 2026. Aragón celebrará elecciones el próximo 8 de febrero; Castilla y León, el 15 de marzo; y Andalucía hará lo propio previsiblemente en junio. Más allá del adelanto electoral en el primer territorio, donde el presidente regional, Jorge Azcón (PP), pretende lograr mayoría absoluta dos años y siete meses después de los últimos comicios autonómicos, en el caso de Castilla y León y Andalucía, las elecciones pondrán a prueba a dos de los presidentes autonómicos del PP más longevos: Alfonso Fernández Mañueco y Juanma Moreno Bonilla, que llegaron a sus respectivos gobiernos en 2019.
En los últimos meses, la imagen de ambos dirigentes se ha visto empañada por varias crisis, investigadas judicialmente, que apuntan directamente a su gestión. El desgaste acumulado alejaría a Mañueco de su ansiada mayoría absoluta y, en el caso del presidente andaluz, puede poner en peligro su cómoda mayoría absoluta, a tenor de las encuestas publicadas hasta ahora. En este sentido, el devenir de las pesquisas sobre los cribados del cáncer de mama, el troceo de contratos sanitarios, y el caso mascarillas de la Diputación de Almería (ha golpeado uno de los feudos del PP andaluz), así como la investigación por la gestión de los incendios en Castilla y León, amenazan con entrecruzarse con el periodo electoral y comprometer a los barones populares de cara a la cita con las urnas.
La Fiscalía investiga los cribados del cáncer en Andalucía
El escándalo por los fallos detectados en el programa de cribado del cáncer de mama en Andalucía ha tambaleado por primera vez los sólidos cimientos sobre los que se asienta la hegemonía del presidente andaluz, que disfruta de una cómoda mayoría absoluta. El pasado 23 de octubre, la Fiscalía de esta comunidad abrió diligencias tras haber recibido diversas denuncias relacionadas "con los defectos en la prestación sanitaria de Andalucía en relación con los cribados de cáncer de mama y que pudieran corresponder a un defectuoso funcionamiento o aplicación del proceso asistencial integrado del cáncer de mama", según informó esta institución en una nota.
Asimismo, remitió a la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía copia de las denuncias presentadas hasta ahora para que informara sobre "los hechos, las medidas adoptadas para la reparación del daño de las víctimas y sobre la prevención de hechos futuros similares". La Fiscalía de la comunidad agrupó las denuncias de Adelante Andalucía, IU, Vox y el Defensor del Paciente, según informa Raúl Bocanegra, y dejó fuera la entregada por Amama por un supuesto borrado de mamografías, que fue archivada posteriormente por la Fiscalía de Sevilla.
El objeto central de las pesquisas se centra en los errores en el protocolo de detección precoz del cáncer de mama en el sistema sanitario andaluz. Y es que, salieron a la luz decenas de casos recopilados en los que, después de un primer diagnóstico, a las pacientes tardaron más de un año en hacerles una segunda prueba, lo que supuso que el cáncer ya se había desarrollado más de lo esperado, produciendo lesiones.
"A consecuencia de estas deficiencias, miles de mujeres se han visto expuestas a un riesgo cierto y grave para su salud, al quedar sin seguimiento clínico durante un periodo prolongado, lo que puede haber derivado en diagnósticos tardíos de cáncer de mama y, en consecuencia, en la necesidad de tratamientos más agresivos y con peor pronóstico, y en el fallecimiento de las mujeres que no fueron diagnosticadas a tiempo", señala IU en su denuncia, que apunta a la exconsejera de Salud, Rocío Hernández, cesada tras el escándalo, y sus antecesores Catalina García (ahora consejera de Sostenibilidad de Medio Ambiente) y Jesús Aguirre (actual presidente del Parlamento autonómico). Además, Adelante Andalucía amplía el tiro contra la exviceconsejera de Salud Luisa del Moral (también cesada) y la actual gerente del SAS, Valle García.
Según ha tenido acceso este medio, ambos escritos hablan de la posible comisión de los delitos de homicidio por imprudencia grave y de lesiones por imprudencia, de dejación de funciones del servicio público, y de omisión del deber de prestar servicios sanitarios.
Dos causas sobre el troceamiento de contratos sanitarios de la Junta de Andalucía
La otra pata judicial que afecta al Gobierno de Moreno Bonilla versa sobre las posibles irregularidades en la adjudicación de contratos sanitarios de emergencia durante la pandemia y posteriormente, que ha provocado la apertura de dos causas. Una de ellas se sigue en el juzgado de instrucción número 13 de Sevilla, en la que están investigadas la propia gerente actual del Servicio Andaluz de Salud, Valle García, y sus dos predecesores en el cargo, Miguel Ángel Guzmán, y Diego Vargas.
La investigación por un presunto delito de prevaricación, abierta tras la querella presentada por el PSOE (Podemos también está personado), pone la lupa sobre el reiterado uso por parte de los gestores del SAS de la contratación de emergencia (a dedo y sin apenas controles) hasta el año 2023. En ese tiempo se presupuestaron 242 millones en contrataciones por esta vía reservada para casos excepcionales, aunque la Junta sostiene que se ejecutaron 189 millones, según informa Raúl Bocanegra.
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Por otro lado, el juzgado de Instrucción número 3 de Cádiz investiga si el troceamiento de contratos del SAS en Cádiz incurrió en la comisión de un presunto delito de malversación. A lo largo de 2021, el SAS emitió en la provincia 135.767 documentos que sumaban 235.485.178,79 millones en contratos menores, según un informe de la Intervención de la Junta. Este órgano de control examinó el 0,12% de esas facturas y detectó "incidencias" en todas ellas.
Esta investigación se abrió hace más de un año después de que Podemos Andalucía denunciara el "uso abusivo" de estos contratos, agregando que la división respondía a la elusión de controles de fiscalización y los límites de adjudicación directa. De momento, ha declarado el director de compras del SAS en Cádiz, quien negó irregularidades, según confirmaron fuentes jurídicas.
Escándalo de corrupción de Almería
En los últimos compases de 2025, el caso mascarillas dio un salto cualitativo, golpeando el PP de Almería, uno de los mayores feudos del partido a nivel regional, liderado por Moreno Bonilla. El pasado 18 de noviembre, agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil detuvieron al que era presidente de la Diputación de Almería, Javier Aureliano García, al entonces vicepresidente segundo, Fernando Giménez, y al ya exalcalde de la localidad almeriense de Fines, Rodrigo Sánchez, todos ellos del PP.
Tras pasar dos días en el calabozo después de ser detenido, Javier Aureliano García dimitió como presidente de la Diputación y como líder del partido en Almería. "Se suspendió de militancia a los investigados cuando se tuvo conocimiento del caso. Hay una cosa más importante que los cargos: las instituciones y los ciudadanos. Se apartan para que la justicia investigue sin cortapisas", dijo el consejero Ramón Fernández Pacheco, nombrado presidente del partido en la provincia en sustitución de Aureliano.
La operación, que incluyó registros de viviendas particulares, oficinas públicas y sedes de sociedades mercantiles, se desarrolló en el marco de la causa en la que ya figuraba como investigado, entre otros, el entonces vicepresidente tercero de la Diputación, Óscar Liria, por la firma de un contrato de suministro de mascarillas en abril de 2020 por un importe superior a dos millones de euros.
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En este sentido, la investigación amplió el supuesto fraude en material sanitario a otros contratos, también de obras. La causa se investiga por los presuntos delitos de cohecho, malversación de caudales públicos, blanqueo de capitales, tráfico de influencias y corrupción en la contratación pública.
La Fiscalía investiga la presunta inacción de la Junta de Mañueco al frente de los incendios de agosto
La Fiscalía de Castilla y León abrió diligencias el pasado 24 de octubre contra Alfonso Fernández Mañueco y su consejero de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, por su posible inacción al frente de los incendios forestales que asolaron El Bierzo y otras comarcas leonesas durante el pasado mes de agosto.
La decisión del Ministerio Fiscal parte de la denuncia presentada en agosto por Bierzo Aire Limpio, en la que se señalaban posibles delitos de "prevaricación por omisión, delitos contra el medio ambiente, omisión del deber de socorro y otros ilícitos conexos vinculados a la inacción y deficiente actuación de la administración autonómica mientras las llamas devastaban extensas zonas de las comarcas del Bierzo, Laciana, La Cabrera, Omaña, Valdería, Maragatería y Valduerna", según informó la propia organización.
Los incendios que este verano arrasaron 138.538 hectáreas en 2025 en Castilla y León, causando la pérdida de tres vidas humanas, además de graves daños en espacios protegidos de la Red Natura 2000 y las emisiones masivas de humos tóxicos. Pese a las catástrofes anteriores acaecidas en la comunidad autónoma y especialmente en el Bierzo, o la Sierra de la Culebra (2022), y a pesar de disponer de los datos técnicos que permitían valorar el "riesgo extremo" de incendios, la organización asegura que existen "indicios fundados" de que los responsables de la Junta de Castilla y León "no adoptaron las medidas preventivas necesarias".
"Lejos de aprender de lo ocurrido, la Junta mantuvo un operativo infradotado y descoordinado, lo que constituye -a nuestro juicio- una inacción deliberada que agravó las consecuencias del desastre", agrega Bierzo Aire Limpio, además de poner en cuestión que la Junta de Castilla y León solo había ejecutado alrededor del 48% del presupuesto destinado a la prevención de incendios forestales en agosto de 2025.
A esta falta de previsión se suma, según la denuncia, "la ausencia de coordinación efectiva con los ayuntamientos y los servicios estatales de emergencias, lo que habría dificultado una respuesta rápida y eficaz en las horas críticas". "La ausencia de medios de extinción activos en zonas de riesgo extremo, como se constató nuevamente en el incendio de Sobrado semanas después, refuerza la tesis de una gestión negligente", apuntala la organización ambientalista.
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Asimismo, a finales de noviembre, Bierzo Aire Limpio amplió la denuncia ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León para aportar a la Fiscalía "datos parlamentarios y documentos oficiales que señalan la baja ejecución presupuestaria en prevención, el incumplimiento de plazos de limpieza forestal y la falta de planificación estructural durante más de 15 años".
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