El Ministerio Fiscal ha alcanzado este lunes un acuerdo de conformidad que ha levantado ampollas en algunos sectores sociales. Se trata de un pacto con los cinco acusados de la llamada Manada de Castelldefels (Barcelona), condenados por agredir sexualmente a tres mujeres -entre marzo y mayo de 2021-, y las víctimas, en el arranque de la vista oral en la Audiencia Provincial de Barcelona. Los encausados han reconocido los hechos, han pedido perdón a las víctimas -mostrando arrepentimiento- y han consignado la totalidad de las indemnizaciones pactadas, según ha informado la Fiscalía Provincial de Barcelona.

Cabe recordar que los procesados compartían un chat de Whatsapp en el que se comparaban con la llamada Manada de los Sanfermines, a los que admiraban. La violación grupal que tuvo lugar en Pamplona en 2016 supuso un antes y un después en la idea de consentimiento sexual. Los integrantes de esta manada invitaban a mujeres durante la pandemia a un piso de la localidad de Casteldefells con el objetivo de agredirlas sexualmente.

Según el acuerdo de conformidad, al que ha tenido acceso este medio, estos cinco han sido condenados por delitos de agresión sexual y por pertenencia a grupo criminal para cometer delitos contra la libertad sexual a penas que van entre los tres años y 11 meses a ocho años y cinco meses de prisión. Una rebaja considerable, si se tiene en cuenta que inicialmente la Fiscalía había solicitado entre 28 y 53 años.

Proteger a las víctimas

"En la conformidad ha pesado mucho la necesidad de proteger a las víctimas, así como su voluntad de no ser revictimizadas sometiéndolas a la presión de este juicio", ha manifestado la Fiscalía en un comunicado. 

En la misma línea se ha expresado el abogado Manel Margarit Luis, letrado de una de estas mujeres agredidas, que en una conversación con Público ha valorado el acuerdo como "beneficioso" para las víctimas porque "evita la dureza emocional de un juicio y garantiza un reconocimiento público del daño causado". Margarit añade: "Cuando se llega a un juicio hay que valorar hasta dónde y cómo se puede llegar, lo que hay que hacer, lo que no hay que hacer. El riesgo puede ser una absolución -cosa que dudo, pero podría ser-, como en el caso del exfutbolista Dani Alves, por ejemplo. Hay que sopesar muchas cosas".

El Ministerio Fiscal también ha tenido en consideración el riesgo de una "eventual suspensión del juicio, tras haber constatado que una de las víctimas está sufriendo una crisis postraumática que hacía inviable su presencia en el juicio, y las consecuencias que la prolongación del proceso penal habría provocado en la salud emocional de las víctimas". 

El letrado Margarit ha destacado especialmente el hecho de que los acusados pidieran perdón directamente durante la vista. Algo que, según él, tiene un "gran valor reparador": "Para la víctima es muy satisfactorio que los acusados pidan perdón públicamente. Que uno de ellos se ponga de pie ante los letrados, la Fiscalía, el tribunal y el público y diga: 'Me arrepiento, pago con prisión' es algo muy importante. Esto, junto con la condena y la responsabilidad civil, supone una reparación significativa", argumenta el abogado catalán. El acuerdo incluye el pago de 37.827, 30.305 y 30.000 euros de indemnización a cada víctima.

"Se está malinterpretando"

El abogado Manel Margarit ha querido dejar claro que este pacto no implica que los condenados queden en libertad de forma inmediata, como se ha insinuado en algunos medios de comunicación este martes: "Se está malinterpretando la sentencia. La gente cree que hemos pactado que ellos saldrán hoy mismo a la calle, y eso no es cierto. La sentencia es una cosa y la ejecución de la sentencia es otra", ha precisado.

Habla el abogado de dos acusados

El abogado Juango Ospina, letrado de dos de los acusados, se ha mostrado satisfecho con las penas impuestas, menores todas ellas a los nueve años de prisión; y ha avanzado que, teniendo en cuenta que llevan más de dos años en prisión provisional, algunos de ellos "en los próximos meses van a poder ya salir en libertad", ha indicado a este diario.

Ospina considera que con este acuerdo de conformidad, que ya supone una sentencia, se ha tenido en cuenta en primer lugar "la voluntad de reparar el daño, de pedir perdón y de resarcir a las víctimas", valorando que, de celebrarse el juicio, tendrían que haber revivido lo que sucedió en 2021.

Para este letrado, que en este caso ha defendido a acusados de delitos de agresión sexual, pero que en otros ha defendido a víctimas de los mismos delitos, "es muy difícil ponerse en la posición de una víctima". E indica que ha intentado acercarse a la situación traumática, "empatizando con el dolor de las víctimas".

Evitar beneficios penitenciarios

Manel Margarit también ha subrayado que su objetivo, en la fase de ejecución de la sentencia, será "bloquear al máximo" cualquier posibilidad de que los condenados puedan obtener beneficios penitenciarios que reduzcan de forma prematura su tiempo en prisión. Y ha explicado que, para poder acceder a estos beneficios, los condenados deberán someterse a programas de reeducación, lo cual no es un trámite inmediato, ha indicado.

Por último, Margarit ha destacado que la decisión de alcanzar un pacto "no supone una victoria para ninguna de las partes", sino un resultado consensuado entre todas las defensas y acusaciones que evita un proceso largo y doloroso para las víctimas. El abogado ha señalado que, en este contexto, lo más relevante es que se haya logrado una condena firme, la reparación económica y el reconocimiento explícito de los delitos por parte de los agresores: "No hay victorias aquí. Es un acuerdo entre todas las partes. Para las víctimas, lo importante era evitar el trauma de declarar en juicio y conseguir que los acusados asumieran públicamente su responsabilidad".